No hay debate económico que no incluya aumentar los recursos entre las opciones para mejorar cualquier reto. Pasa en las empresas y pasa, quizás más, en el sector público. No hay dilema de política económica que no tenga paladín que defienda resolverlo aumentando las dotaciones. Más presupuesto, más personas, más inversión… Más dinero en todas sus formas. Ciertamente, la asignación de recursos en cualquier entorno de escasez, que por definición son casi todos o todos los que plantean problemas complejos, es un debate inevitable: ¿más presupuesto en marketing? ¿Cuánto subimos los sueldos? ¿Más a sanidad o más seguridad? Así que no hay que desmerecer los esfuerzos de todos aquellos que defienden sus partidas y negociados a la búsqueda de mayor capacidad presupuestaria.

Dicho esto, admitiendo que con más recursos los problemas se pueden resolver mejor, mi reflexión va justo hacia lo opuesto. Si sabemos que aumentar los recursos no es siempre una opción, incluso abusar de ellos puede llegar a ser un problema, y endeudarse para obtenerlos debería tener límites… ¿Agotan los decisores las posibilidades de mejora, de solventar retos, sin más recursos? ¿Incluso ahorrando? ¿Es la eficiencia en el uso de los recursos un motor en la toma de decisiones? En el ámbito privado el juego de incentivos suele estar más bien configurado para tener la eficiencia y la buena gestión de los recursos como una prioridad, pero en absoluto pasa siempre. Muchas organizaciones privadas, por demasiado grandes y burocratizadas o por mal gestionadas o por esquemas con incentivos perversos derivados de desalineaciones entre propiedad y gestión, no optimizan la gestión de sus recursos. Pero a los efectos de esta reflexión pongamos el foco en los entornos públicos.

En el reciente debate sobre la calidad de la educación en España después de los pésimos resultados del último informe PISA, han convivido los que han apelado a aumentar los recursos, con los debates centrados en la eficacia del modelo. En educación, ¿importa más el presupuesto o la organización? ¿Si listamos las actuaciones a recomendar, más recursos es más perentorio que el modelo educativo? Este ejemplo, quizás por el tamaño de la debacle, nos acerca a la gran capacidad de mejorar resultados sin aumentar el presupuesto: constancia normativa; refuerzo de la figura de los docentes; recuperar niveles de exigencia; reconsiderar el rol de las familias… Las reformas de modelo, organización, toma de decisiones, procesos y circuitos, nos permitirían grandes mejoras en múltiples terrenos de gran impacto, sin incremento de recursos, puede que incluso ahorrando.

En educación, ¿importa más el presupuesto o la organización? Las reformas nos permitirían grandes mejoras en múltiples terrenos de gran impacto, sin incremento de recursos, puede que incluso ahorrando

Sigamos explorando espacios: el funcionamiento de las administraciones públicas, allá donde el proceso administrativo tiene un peso relevante (excluyamos seguridad, sanidad, educación…) en los últimos años se ejecuta peor, se atiende más lentamente, se atrasan los procesos, con un impacto muy relevante en eficacia, en eficiencia, en nivel de servicio y percepción sobre el sector público, por tanto, aumentando la desafectación, lo que tiene consecuencias en disciplina fiscal, en respeto a lo colectivo, etc. Mejorar circuitos, generar incentivos en los equipos, aumentar la exigencia, acelerar procesos, atraer talento, retenerlo y motivarlo… mejoraría la eficacia del recurso público, y hacerlo depende de capacidad normativa, de talento directivo, de cambios en los circuitos, de simplificación administrativa y eliminación de burocracia inútil.

La organización del cuerpo administrativo es mejorable con capacidad de decisión, conocimiento tanto del funcionamiento de lo público como de la lógica de los incentivos… Conocimiento y valentía, no con más presupuesto. Otros terrenos donde cambios en la gestión y en el proceso implicarían mejoras de alto impacto sin mayores recursos incluyen el funcionamiento de la justicia; la toma de decisiones en las administraciones locales, paralizadas por intervenciones y normas demasiado garantistas, una justicia lenta, una clara perversión de la presunción de inocencia y una total incomprensión de los mecanismos de la corrupción; la lentitud en la otorgación de licencias y otros trámites y permisos de actividad; la sobre regulación…

Son muchos los espacios que ahogan o aumentan costes en la actividad privada generando menos productividad y crecimiento. De paso probablemente perjudicando la recaudación. La (no) calidad normativa, con frecuencia alejada de la comprensión de como funciona el mercado genera costes ahorrables sin más presupuesto (las normativas sobre vivienda más recientes son un caso flagrante).

Son muchos los espacios que ahogan o aumentan costes en la actividad privada generando menos productividad y crecimiento. Y de paso, probablemente perjudicando la recaudación

El retorno a esquemas de colaboración publico-privado, en retroceso en muchos territorios de España tanto por ideología como por complicación administrativa son otro campo en el que la mejor gestión permitiría asignar mejor los recursos, volverlos más eficaces: los esquemas publico-privados han sido tradicionalmente maneras ágiles de generar efecto multiplicador en el recurso público, si decaen, perdemos oportunidades.

El eje de mi reflexión consiste en el convencimiento que son legión las ocasiones que invitan a tomar decisiones de modelo, proceso, norma o circuito, incluso talento y motivación antes que de incremento presupuestario pudiendo mejorar la eficacia de los recursos existentes. En los entornos públicos la petición de más recursos sin dejar de ser legítima sabemos que será en la mayoría de las ocasiones estéril. Con una deuda pública rozando el 110% del PIB en 2023 y nuestras tasas de crecimiento, la política económica en España es y será cada vez más el arte de gestionar el recurso escaso.

Los retos de optimización del recurso, como decía antes, no son solo públicos. España tiene problemas de productividad derivados de baja inversión en I+D sobre todo por parte de las pymes, aunque en este campo la inversión pública crece demasiado lentamente, pero también de otros factores en los que incidir sin invertir más: la eficacia de la inversión en I+D; un esquema fiscal y retributivo poco atractivo para el talento —como ha demostrado recientemente un estudio del BBVA, expulsamos talento formado aquí—, y un grado de formación del capital humano aún bajo que mantiene los salarios moderados, el trabajo precario o de poca calidad, y por ende un alto grado de improductividad. Mejorar la formación profesional de empleados y microempresarios —que también entran en el pack— tiene más que ver con reasignación de recursos, celeridad administrativa, y organización publico-privada que con incrementos presupuestarios por muy bien recibidos que estos vayan a estar.  Las mejoras en la productividad de nuestra economía tienen tanto que ver con mecanismos y asignaciones ineficientes y con decisiones estructurales como con el presupuesto público (y es un campo tradicionalmente mal dotado). No mejoraremos solamente gastando más.

Con una deuda pública rozando el 110% del PIB en 2023 y nuestras tasas de crecimiento, la política económica en España es y será cada vez más el arte de gestionar el recurso escaso

Una parte importante del presupuesto público se va en subsidios, muchos casi asistenciales, y a un sistema de pensiones sin capitalización con una lógica propia de otras demografías… Mejorar a largo plazo el impacto y la gestión de estas partidas tiene que ver con decisiones políticas, y, si no consideramos debates ideológicos sobre pertinencia o no, con criterios de gestión: el acceso a los subsidios, a las bajas, a las incapacidades, ¿está bien gestionado? ¿Hay espacios de mejora y eficiencia? Incluso, ¿hay asimetrías distributivas? Muchas prestaciones son fundamentales en las familias por el bajo nivel de los salarios, por la dificultad de acceso a la vivienda: mejorar la calidad del empleo y la oferta de vivienda, no requiere de mayor gasto público necesariamente, o únicamente, o principalmente e impactaría en menor presión y relevancia de las prestaciones asistenciales, contributivas y no contributivas. Por otro lado, hay bolsas grandes de dependencia y asistencia social —los enfermos de Alzheimer— con necesidades muy precariamente cubiertas, pero a la vez con grandes oportunidades de desarrollo con el apoyo adecuado.

Así que, si nos hundimos en los rankings del informe PISA, igual no podemos pedir más recursos como única solución; si no remontamos en productividad, no podemos resolverlo solamente con más inversión en I+D si no la aplicamos bien, y si tenemos una administración lenta no podremos dinamizarla haciéndola más omnipresente.

Solo el que no cree en el sector público puede sentirse cómodo ante sus incompetencias o ineficiencias, felices de poder denigrarlo, de afirmar que la ineficacia demuestra que es sobrero

Defender la mejora en la gestión del recurso público es propio de aquel que cree que el sector público es imprescindible. Al que le importa la política fiscal, las políticas de igualdad y redistribución. Aquel que cree que los riesgos colectivos más punteros, más a largo plazo, los que permiten a las sociedades avanzar más, normalmente los toman mejor los entornos públicos o los privados con interés público —investigación, salud, educación, tecnología…—, aspira a tener un sector público talentoso, con un servicio del que sentirse satisfecho e inspire el auténtico patriotismo y que pueda destinar recursos a investigar enfermedades incurables, a inventar internet o a desarrollar la biotecnología más que a subvencionar ocultar precios públicos y asignar mal los recursos o a aumentar plantillas ineficientes. Solo el que no cree en el sector público puede sentirse cómodo ante sus incompetencias o ineficiencias, feliz de poder denigrarlo, de afirmar que la ineficacia demuestra que es sobrero. El que cree en la importancia de la fuerza y la inteligencia colectiva también defiende que se gasten e inviertan bien los recursos y los activos de todos.