Hace unas semanas, la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de reforma de las reglas fiscales europeas. Unas reglas hoy desactivadas, para dar margen de maniobra a los países ante la pandemia, primero, y la invasión de Ucrania, a continuación; pero que volverán a estar operativas en 2024. El plan de la CE es que se apruebe el nuevo marco de gobernanza fiscal en primavera, para llegar a tiempo y enmarcar los siguientes presupuestos.

Las reglas fiscales son necesarias y convenientes para una confederación como la Unión Europea, en la que la moneda es compartida por sus principales socios y en la que existen preferencias y realidades presupuestarias muy diferentes entre países. La disciplina fiscal no se puede dejar al albur de los países, porque tenderían a sobreendeudarse. Lo predice la teoría económica y lo demuestran los datos. Las reglas, bien definidas, implementadas y supervisadas, son lo que empuja a embridar las cuentas públicas.

Y en este punto contesto a quienes abogan por confiar en el poder supervisor y la disciplina impuesta por los mercados financieros, porque a veces son víctimas de movimientos especulativos y porque las expectativas son volátiles: de un día para otro los agentes pueden cambiar sus apuestas y, con ello, acabar afectando a quienes poco o nada tienen que ver con los excesos que se penalizan. La década pasada nos mostró, con meridiana claridad, que una crisis de deuda soberana y la escalada de primas de riesgo podría llevarse por delante al euro. Europa ha aprendido y se ha dotado de una herramienta para la transmisión de la política monetaria (TPI) que no anula las señales que mandan los mercados, pero sí permite dosificarlas y utilizarlas para apuntalar la estabilidad en los países incumplidores, evitando los efectos secundarios negativos.

A España le va particularmente bien el escenario que se está configurando. Por un lado, nuestro elevado nivel de deuda, hoy por encima de 115% del PIB, y nuestros problemas para eliminar el déficit estructural, cercano al 4% en 2022, nos convierten en uno de los mayores beneficiarios potenciales del mecanismo de intervención en los mercados de deuda. Por otro, la propuesta de la CE reconoce que retornar al 60% de deuda en pocos años sería un suicidio económico.

Podríamos utilizar el Senado para que las consejerías de Hacienda compareciesen y rindieran cuentas

Algunos países necesitamos que el proceso de convergencia se alargue sustancialmente. A cambio, debemos diseñar un plan de consolidación para lo que queda de década que sea realista y ambicioso; y que respete escrupulosamente las reglas fiscales. Porque ese respeto será condición sine qua non para que el mecanismo TPI nos ampare. Esta condicionalidad no debería resultarnos incómoda. Al contrario, debe ser el mástil al que los gobiernos, cual Ulises, se ate para resistirse a los cantos de las sirenas que demandan aumentos de gasto y rebajas fiscales incoherentes.

Un segundo elemento positivo en la propuesta de la CE es que las reformas estructurales y las inversiones públicas necesarias para impulsar las transiciones energética, ambiental y digital se incluirían dentro de esos planes de consolidación fiscal. La evidencia empírica demuestra que cuando toca ajustar, la peor parte se la suelen llevar las inversiones; y la realidad española muestra que motu proprio nos cuesta acometer reformas estructurales. Hablemos de reforma fiscal o financiación autonómica; de administración pública o eficiencia del gasto, todo se retrasa. Un problema se agrava en escenarios de fragmentación política como el actual. Porque las reformas de calado suelen exigir acuerdos de país entre los grandes partidos y, en su caso, los agentes sociales.

Finalmente, es una buena idea que los incumplidores deban rendir cuentas en el Parlamento Europeo. Un problema del marco actual es que las sanciones y costes del incumplimiento parecen no llegar nunca. Es importante automatizarlas e incorporar en la ecuación el coste político de este tipo de comparecencias. En el Estado autonómico podríamos hacer lo propio y utilizar el Senado para que las consejerías de hacienda compareciesen. Además, sería muy positivo que la presidenta de la AIReF visitase periódicamente los parlamentos autonómicos para hablar sobre el terreno de los incumplimientos y los problemas. Los espacios autonómicos de debate público lo agradecerían.