La reunión del ECOFIN en Santiago de Compostela ha dejado claro que la reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea sigue siendo un tema complicado y de difícil consenso. A pesar de la voluntad general de llegar a un acuerdo en 2023, se mantiene un buen número de elementos por acordar. La vicepresidenta Nadia Calviño los ha cuantificado en el 30%. Pero también ha advertido que son los más difíciles desde un punto de vista de economía política. 

España, como Estado al frente del proceso en este momento, se ha comprometido a presentar un borrador en el próximo ECOFIN en octubre, con la esperanza de que sea aprobado en el siguiente, en noviembre. Será difícil la fumata blanca. Y aunque la hubiera, parece improbable que todo esté listo para entrar en vigor el 1 de enero. Pero eso no debería desanimar a la vicepresidenta. El peor escenario sería no avanzar nada y que las reglas obsoletas volviesen a entrar en vigor el 1 de enero de 2024, ante la constancia de que el consenso está lejos.

Han trascendido escasas novedades, más allá de que parece que se abrirá la puerta a que algunas inversiones puedan quedarse al margen de los cálculos. Por tanto, el documento de referencia sigue siendo la propuesta de la Comisión Europea (CE) presentada en noviembre de 2022 y matizada, posteriormente, por la propuesta legislativa de abril de 2023 de la propia Comisión. 

En síntesis, manteniendo los límites del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la ratio de deuda, la Comisión Europea reconoce que muchos Estados miembros están lejos de cumplir estos umbrales, especialmente en lo que respecta a la deuda. Para evitar ajustes bruscos y costosos, se plantea un enfoque dual a medio y largo plazo: los países cercanos a los límites deben mantenerse en ellos, mientras que los lejanos deben comprometerse a converger gradualmente hacia ellos. Además, la simplificación de las reglas propone utilizar la tasa de crecimiento del gasto neto primario financiado nacionalmente como indicador clave.

El déficit estructural y la regla de reducción de un veinteavo de la deuda dejan de ser relevantes. El enfoque plurianual con horizontes de cuatro a siete años para los planes fiscales de los gobiernos se propone para evaluar la estabilidad presupuestaria como un proceso, utilizando pruebas de estrés y análisis estocástico. Los países deben diseñar planes coherentes con estas evaluaciones para garantizar la estabilidad fiscal, manteniendo cláusulas de escape para afrontar choques simétricos y asimétricos. La inversión pública financiada con recursos nacionales se considera gasto, pero se reconoce la importancia de la inversión necesaria para la transición verde y digital. El papel de las autoridades fiscales nacionales se refuerza en la definición y supervisión de los planes, aunque la Comisión Europea sigue siendo el actor clave. Las sanciones por incumplimiento se revisan, rebajando las sanciones financieras, pero introduciendo sanciones reputacionales. 

La Comisión, consciente de que este enfoque no gustaba plenamente a algunos socios relevantes, como Alemania, la propuesta legislativa de abril añade a todo lo anterior la obligación de hacer ajustes anuales por valor del 0,5% del PIB para países con déficit superior al 3%. También exige una reducción significativa de la ratio de deuda/PIB a lo largo de los planes cuatrienales y concentrar el grueso de los ajustes en los primeros ejercicios cuando los planes se extiendan a siete años. Pero desde Alemania han avisado que no será suficiente y, lo más probable, es que haya que definir un escenario más estricto. 

Y creo honestamente que a los alemanes tienen su parte de razón. La consolidación fiscal es perentoria. Necesitamos protegernos ante crisis de deuda soberana como las vistas en la década pasada en Europa. La ratio de deuda pública tiene que entrar en una senda de reducción anual sostenida en el tiempo y significativa, salvo que las economías entren en recesión. Sin embargo, también es esencial tener bien presente la necesidad de invertir en la transición verde y digital y que los plazos para la consolidación fiscal sean realistas y adaptados al punto de partida de cada Estado.