La regeneración democrática se ha puesto de moda. Tanto, que el pasado 1 de mayo fue el objetivo de los sindicatos para sus reclamaciones de este año. Eso y la subida salarial, y la reducción de la jornada laboral. No vaya a ser que olvidemos cuál es el motivo de tal celebración: los trabajadores.

Sobre la vinculación entre los salarios y la productividad ya hablé en un artículo anterior. Es evidente que se buscan soluciones simplistas, sin entender cómo se genera el nivel salarial de un sector y de un país. Éstas van a estar ligadas a la capacidad de producir valor añadido de una economía y su ecosistema empresarial. Y en eso, España anda varada desde hace dos décadas. Obligar a subir salarios sin impulsar otro tipo de medidas ni una reforma profunda, de una vez, tanto de la estructura económica, como de un modelo laboral de hace décadas, es pan para hoy y hambre para mañana.

Sobre los contratos públicos: si reduces los precios por hora hasta cantidades irrisorias, ¿cómo pretendes que esas empresas paguen sueldos dignos?

Un inciso sobre esto son los contratos públicos, donde la administración prima el precio para la adjudicación. ¿No se es consciente de que muchos de esos servicios que se adquieren se generan principalmente con las horas de los empleados de los proveedores públicos? Si reduces los precios por hora hasta cantidades irrisorias, ¿cómo pretendes que esas empresas paguen sueldos dignos y acordes a sus trabajadores? No solo perviertes la competencia, sino que esto siempre me ha llamado la atención en sectores mayoritariamente femeninos como los cuidados o la limpieza, donde el sector público es uno de los clientes principales y permiten bajas temerarias de forma recurrente.

Exactamente igual con el objetivo de reducir la jornada, para lograr el pleno empleo. Según los datos de Eurostat, el número medio de horas efectivas trabajadas en España es de 37,8, solo un 0,3 por encima de la media de la UE. De esto, según el INE, en 2023 los trabajadores por cuenta propia trabajaron una media de 44,3 horas semanales, mientras que los asalariados 36,6 horas efectivas. Es más, dice la EPA que el 84,8% de los españoles no quiere variar su horario y un 10,5% quiere trabajar más. ¿Muestra esto un problema real del mercado español? Es importante hablar de las horas efectivas, puesto que una jornada laboral de 40 horas semanales se reduce para calcular el cómputo efectivo de trabajo por las vacaciones correspondientes, los permisos legales y otras situaciones, como las bajas por enfermedad. ¿Significa esto que el Gobierno y los sindicatos no ven otra medida posible para lograr el pleno empleo que disminuir la jornada laboral? Una medida simplista más, puesto que probablemente no va a haber una correlación directa, sino que se puede producir un aumento de las horas de trabajo de los trabajadores por cuenta propia, o una reducción del volumen de trabajo, con la consiguiente reducción de beneficios e impuestos.

A pesar del mensaje triunfalista sobre los datos de empleo, se olvidan de que aproximadamente 600.000 trabajadores fijos discontinuos no trabajan y un 36% de ellos necesita estar pluriempleado. Esta nueva modalidad, que ha representado dos tercios de los contratos en abril, ha maquillado las estadísticas en cuanto a temporalidad, pero no ha supuesto un cambio en la precariedad para quienes tienen una relación laboral de este tipo. Además, el tirón del empleo se debe principalmente al impulso del sector público y al turismo, que continúa anclado a un modelo revisable de bajos costes y sujeto a una coyuntura temporal actual que le beneficia, por la inestabilidad geopolítica de otros destinos.

En España, se tarda mucho en obtener un empleo de calidad en la juventud y desde los 50-55 años se vuelven casi inempleables en nuestro país

El mérito de ser el líder europeo de desempleo y de paro juvenil es conocido. Pero no se habla de igual forma de los mayores de 55 años, donde también batimos récord. Una cuestión curiosa de España es la duración tan escasa que tiene la vida laboral activa de un trabajador medio: se tarda mucho en obtener un empleo de calidad en la juventud y desde los 50-55 años se vuelven casi inempleables en nuestro país. Un territorio no puede permitirse perder esa experiencia y conocimiento, pero tampoco aceptar que tanto las arcas públicas reduzcan las aportaciones de los trabajadores 15 años antes de su edad de jubilación como disminuir de forma drástica las bases de cotización para las pensiones. Es una promesa de precariedad y pobreza para los últimos años de sus vidas.

Y a todo esto, además, se suma la falta de perfiles para cubrir vacantes en empresas por todos los sectores. Cada vez veo más empresas “importando” trabajadores de países tan dispares como Egipto, Latinoamérica, Marruecos, países de la antigua URSS o del Este de Europa. Ayudan los visados para nómadas digitales, personal altamente cualificado o sectores con falta de perfiles, para acelerar la obtención de los permisos de trabajo. También sectores tradicionales donde los modelos de negocio digitalizados son más comunes. ¿No han visto últimamente hoteles donde el proceso de registro lo hace un robot o restaurantes donde las comandas o el pago se hacen por tablet o una app? Opciones para salvar la imposibilidad de contratar empleados en nuestro mercado.

Las prestaciones por desempleo no deberían ser la única función de una estructura gubernamental. ¿Quién habla de las políticas activas de empleo y de la formación?

Las prestaciones por desempleo son una red de seguridad que cualquier estado del bienestar debe asegurar. Pero no debería ser la única función de una estructura gubernamental. Ésta debería ser una medida transitoria para asegurar la consecución de otro empleo. ¿Y quién habla de las políticas activas de empleo y de la formación de trabajadores y desempleados? No se ha hecho nada efectivo desde hace décadas, ni por quiénes dirigen las políticas ni por quiénes ejecutan la formación (que también aparecen en las fotos). Muchos de los problemas que he expuesto antes se arreglarían si los servicios de empleo (estatal y regionales) funcionaran y se rigieran por criterios de eficiencia. La recapacitación es una labor obligatoria de los gobiernos, que brilla por su ausencia.

Por no mencionar el papel que juegan estos entes públicos en la intermediación en la búsqueda de empleo. ¿Cuántas empresas ponen sus anuncios de búsqueda y cuántos desempleados consultan en los servicios de empleo público? ¿Y cuántos hay publicados en Infojobs o Linkedin? Ahí tienen las respuestas.

En conclusión, es evidente que el mayor problema de los trabajadores y los desempleados de este país es la regeneración democrática. Y que, por ello, las cabeceras de las manifestaciones de este 1 de mayo se consagraran a su consecución.