Esta semana hemos conocido la noticia de que el gobierno español se plantea avalar con 3.000 millones de euros a la empresa Siemens Gamesa para evitar un colapso de la misma. La empresa de energía eólica ha entrado en una crisis traducida en pérdidas millonarias. Se negocia con la banca una línea de avales bancarios. El gobierno alemán, a través la empresa matriz, Siemens Energy, aportará 7.500 millones de euros en avales para sostener a la compañía. Pero se necesita llegar a los 15.000 millones.

Siemens Gamesa tiene 26.481 empleados y está en juego una reestructuración que podría llevarse por delante cinco mil puestos de trabajo en España. El rescate de una empresa privada por parte del Gobierno, con dinero público, introduce unas cuestiones espinosas y que suceden de forma demasiado habitual en la economía: ¿es justo que los beneficios sean privados, cuando se produzcan, pero las pérdidas sean públicas, cuando se trata de una empresa fundamental para la economía? Es lo mismo que sucedió con la SAREB y los rescates a la banca española, así como las cajas de ahorro, cuando la crisis inmobiliaria y financiera de 2008: ¿por qué hay que salvar a los bancos, si estos son privados, o cotizan en bolsa?  

Bien, la respuesta a estas cuestiones debe proporcionarlas el economista desde varios ángulos. Los anglosajones, dados a etiquetar temas recurrentes de debate, disponen de dos primeros conceptos que se deben tener en cuenta.

El primero es el llamado too big to fail (demasiado grande para dejarlo caer). Son casos en los que la empresa o entidad en que puede quebrar si no es ayudada o rescatada, puede tener un efecto dominó en la economía. Es decir, no es solo una cuestión de tamaño de la organización, sino de onda expansiva. Cuando de la empresa dependen no solo puestos de trabajo directos, sino también indirectos, a través de proveedores, puede darse la circunstancia de que aportar dinero público sea más rentable que dejar de aportarlo. Porque no es solo el desempleo que se produce, sino el impacto sobre la recaudación de sociedades, IVA y seguridad social de todo un sector de actividad, que puede verse afectado.

El segundo concepto que los anglosajones manejan es el llamado moral hazard (riesgo moral) y que viene a decir algo así que cuando una empresa, a través de sus gestores y propietarios, saben que el sector público va a cubrir sus pérdidas, pueden verse tentados a tomar decisiones que, de otro modo, no tomarían. Es decir, la gestión puede estar viciada o sesgada.

Bien, pienso que la respuesta de un economista a estas cuestiones debe ser de naturaleza económica. Y no moral o política. Bajo mi punto de vista, la respuesta a si Gamesa debe ser ayudada o no es tremendamente simple. Así como en todos los casos similares que he descrito (rescates bancarios, esencialmente).

Si se ejecuta el aval, ¿cuál es la contrapartida? ¿Una simple obligación financiera o una conversión en acciones, de modo que el gobierno adquiera parte de la propiedad? Un estado tiene algo de lo que no siempre dispone una empresa privada: tiempo y solvencia

Lo primero es realizar un apropiado análisis de coste de oportunidad. Es decir, en caso de no aportar el dinero necesario, ¿cuánto costaría la no supervivencia de la empresa a rescatar, tanto de forma directa como indirecta? El cálculo ha de estar muy bien efectuado, asignando, si es preciso, probabilidades y valores esperados, de forma que se obtenga un intervalo. El worst case scenario y el best case scenario.

En segundo lugar, conviene ser muy precisos con el análisis de la viabilidad. Es decir, ¿ponemos dinero público para postergar la crónica de una muerte anunciada o bien es verdaderamente factible que la empresa salga adelante? Por ejemplo, tras quince años del estallido de la burbuja inmobiliaria, todavía la SAREB tiene más de la mitad del stock por liquidar. ¿Era viable dar salida a todos esos activos inmobiliarios? Porque si no lo era, no vale la pena cubrirlos con recursos del erario.

En tercer y último lugar, considero que todo rescate debe vincularse a un acuerdo muy claro y muy ganador para la administración, en caso de no poder devolverse. Es decir, un rescate es un término que no refleja bien la realidad. Gamesa no ha pedido dinero a fondo perdido. Ha solicitado un aval para financiar la deuda que le permita dar salida a más de 110.000 millones de euros de pedidos en cartera. Hay viabilidad. El estado no pone dinero, sino que avala. El aval puede no ejecutarse nunca. Ahora bien, en caso de ejecutarse (esperemos que no, pero siempre puede suceder), ¿cuál es la contrapartida? ¿Una simple obligación financiera o una conversión en acciones, de modo que el gobierno adquiera parte de la propiedad?

Este elemento es clave. Un estado tiene algo de lo que no siempre dispone una empresa privada: tiempo y solvencia. Y ambas cosas permiten que algo que pierde dinero o está dañado, arroje beneficios y quede saneado más adelante. La entrega de tiempo y solvencia con dinero de todos debe traducirse en un acuerdo que facilite, en la medida de lo posible, ganar dinero con el rescate.