Las actuales tensiones derivadas de los incrementos de los aranceles a nivel global, como uno de sus efectos negativos, puede provocar que el enfriamiento de la actividad económica apunte a la desatención a las preocupaciones por el calentamiento global. Algo ya se empieza a vislumbrar en relación con las presiones para la devaluación del Pacto verde en el ámbito de la Unión Europea. Tampoco se puede descartar que los compromisos, en orden a lograr los objetivos de sostenibilidad en el marco de la transición ecológica, se mantengan parcialmente y, en particular, se aborden sin las necesarias compensaciones a las zonas o grupos sociales afectados negativamente por las medidas de transición. Esto último ha de tenerse muy en cuenta, por lo que afecta a los efectos negativos que pueden producirse en el mercado de trabajo.

Las reflexiones que se están realizando sobre el impacto laboral de la transición ecológica, así como los documentos preparatorios de la puesta en práctica de las correspondientes políticas públicas, no logran en estos momentos ir más allá de resaltar el fuerte impacto que ello va a tener sobre el empleo y la necesidad de que las transiciones laborales se deben realizar sobre la base del consenso entre los interlocutores sociales y sobre la premisa de la sostenibilidad laboral. Más allá de ello, cabe apuntar algunas consideraciones de aproximación.

Ante todo, el proceso de transición energética va a suponer el declive de ciertos sectores productivos vinculados al carbón, incluso sucesivamente la utilización de los productos fósiles como energía de referencia. Así, la transición energética, por su propia significación, va a suponer la eliminación de cierto tipo de trabajos, cuando no el cierre de cierto tipo de actividades empresariales que hoy en día proporcionan un importante volumen de empleo. De ahí, que la actuación política en este terreno va a venir acompañada de importantes procesos de reestructuración, que en muchas ocasiones se van a materializar en despidos colectivos. Estos despidos se podrán tramitar a través de la normativa general existente sobre los tradicionales expedientes de regulación de empleo, no siendo necesario forzar la normativa para identificar estas situaciones como causas plenamente justificadas para que las empresas adopten las medidas necesarias de reducción de empleo. Eso sí, un mínimo consenso social requerirá que tales reestructuraciones se realicen con una perspectiva lo menos traumática posible, se canalicen a través de mecanismos de consultas con vistas a lograr un acuerdo con los representantes de los trabajadores y, especialmente, vengan acompañadas de las necesarias compensaciones a los perjudicados, que es razonable que sean asumidas por fondos públicos.

La transición energética va a suponer la eliminación de cierto tipo de trabajos, cuando no el cierre de algunas actividades empresariales

Complementario a lo anterior, el objetivo óptimo debe ser que a estos trabajadores, que pierdan su empleo en tales sectores en declive, se les ofrezcan alternativas efectivas de recolocación profesional; recolocación que deberá verse acompañada de los necesarios programas de reciclaje profesional, porque en muchas ocasiones ello supondrá no solo posibilidades de contratación en otras empresas con superiores oportunidades de crecimiento en empleo, sino además recolocación en actividades profesionales diversas. Esas nuevas oportunidades de empleo se pueden presentar en ámbitos de lo que se denomina la economía verde o, cuando menos, en la economía circular, que puede proporcionar dosis significativas de empleo en actividades de reciclaje de residuos diversos; ámbitos en los que es previsible que se requiera de una formación profesional diversa a la que poseen actualmente aquellos trabajadores que pierden su empleo a resultas de los procesos de transición energética.

Adicionalmente, ha de tenerse presente que, si no se interviene desde los poderes públicos, se pueden producir significativos procesos de desequilibrios territoriales, por cuanto que será en unas regiones donde se produzcan procesos de destrucción de empleo, sin que ello se vea contrarrestado por oportunidades de nuevas actividades empresariales y, por tanto, de empleo en los sectores emergentes. Ello se puede llegar a producir por el hecho de que las nuevas oportunidades de empleo en dichos sectores emergentes se ubiquen en zonas diversas a las que sufren los efectos negativos en términos de empleo de la transición ecológica. El efecto del despoblamiento de determinados territorios se puede acentuar, al tiempo que se concentran los desplazamientos de la población a otras zonas, lo que no solo puede provocar desequilibrios de empleo, sino en paralelo impactos en otros ámbitos; por mencionar el más significativo el relativo a la vivienda y al desbordamiento de su coste, incrementando las zonas tensionadas. En estos términos, las políticas de empleo y de vivienda deberían ir de la mano.

Si en la reestructuración no intervienen los poderes públicos, se pueden producir significativos procesos de desequilibrios territoriales

En una perspectiva muy clásica, debemos estar atentos a que el abandono de ciertas formas de producción, por ejemplo, con el objetivo de la descarbonización, no provoquen la aparición de actividades prohibidas en el marco de la economía sumergida descontrolada, con hechos desgraciados como han sido los recientes accidentes de trabajo mortales en Asturias.

Asimismo, resulta de común aceptación que el impacto va a ser notable sobre las formas de trabajar y sobre cómo se deben regular las condiciones de trabajo en un escenario más sostenible. En el pasado ha resultado habitual que hayan ido de la mano la tutela de la prevención de riesgos laborales y la correlativa actuación frente al deterioro del medio ambiente. Una y otra perspectiva y líneas de actuación se han retroalimentado, en términos tales que las normas sobre seguridad y salud en el trabajo han repercutido en una mejor calidad ambiental y viceversa.

Desde las nuevas actividades en el desarrollo de todas las políticas dirigidas a la contención del calentamiento global, debe favorecerse el desarrollo de formas de organización empresarial que se presenten como un círculo virtuoso, que al mismo tiempo favorezcan la sostenibilidad ambiental y la calidad del trabajo. Así, suele ser muy generalizado apelar a una comprensión del teletrabajo como instrumento de favorecimiento de la reducción de la intensidad de los desplazamientos urbanos entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo, que simultáneamente facilitando la reducción de la contaminación de los vehículos, reduce pérdida de tiempo al trabajador por estos desplazamientos, permitiendo mayor tiempo para atender a responsabilidades familiares y al tiempo de disponibilidad personal.

Deben favorecerse formas de organización empresarial que al mismo tiempo favorezcan la sostenibilidad ambiental y la calidad del trabajo

Pero, del mismo modo, también aparecen ciertas posiciones defensoras de que el empleo de los trabajadores, incluso de su calidad desde la perspectiva de un medio que atiende a sus requerimientos de un trabajo no penoso, van acompañados de daños directos al medio ambiente. En estos casos, el círculo virtuoso puede convertirse en vicioso, en términos tales que las tradicionales actitudes de tutela de los trabajadores se pueden convertir en formas que vayan a la contra de la sostenibilidad ambiental. Esta realidad puede presentar un nuevo conflicto de intereses, que va más allá del tradicional entre la empresa y el trabajo. Emerge un conflicto de intereses entre el particular inmediato de determinados trabajadores y empresarios, de un lado, y el interés general a garantizar la transición ecológica, de otro lado; del mismo modo que, en paralelo, emergen un conflicto similar en el ámbito del consumo, que va más allá del interés del ciudadano como consumidor y las grandes empresas de producción, ahora reflejado en el interés particular a un consumo en masa de bajo coste, que produce indiscutibles perjuicios respecto del interés general a la sostenibilidad ambiental.

En este territorio, observado particularmente desde la perspectiva laboral, se hace preciso un cambio cultural, que atienda a aspectos cotidianos, puede que de pequeña relevancia en lo individual, pero significativa en lo macro, como es el de las excesivas temperaturas en los dos extremos del año en los centros de trabajo; o bien la supresión del uso del papel en el trabajo, sustituido por la universal digitalización de los documentos de trabajo.

Y, en paralelo, perspectivas, a estas alturas todavía poco percibidas, de atacar formas de uso de la inteligencia artificial o del blockchain que requieren servidores de alta seguridad frente a ataques cibernéticos y muy potentes en la acumulación de datos a efectos del despliegue de la inteligencia artificial que, como tales, comportan gastos enormes de energía y, por efecto derivado, de efectos negativos sobre el calentamiento global. Por paradójico que pueda parecer, no es descartable que, por este terreno, un uso desmedido de la inteligencia artificial acabe provocando efectos negativos sobre el calentamiento global, en términos tales que haya que abordar medidas para su contención, para evitar un uso indebido de la inteligencia artificial por razones de sostenibilidad ambiental.

A la postre, los desafíos a los que se enfrenta la legislación laboral y, por extensión, las políticas laborales, son múltiples y de lo más variado, lo que nos obligará a estar muy atentos a todas estas transformaciones y a los retos que se presentan para hacerles frente.