La subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros al mes por 14 pagas ha generado polémica por su tributación y por la disputa dentro del gobierno español, pero ahora el debate está en su territorialización. Junts reclama un SMI catalán, e incluso ha insinuado algo al respecto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien es capaz de defender al mismo tiempo que la subida del salario mínimo es muy perjudicial para las pymes y que en Madrid el SMI debe ser más alto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, intentó cerrar el debate el jueves con una negativa.

He hablado mucho en los últimos días con diversos economistas, y algunos de nuestros columnistas han escrito sobre el tema. La conclusión a la que he llegado es que se debe tender a la territorialización, aunque el camino para llegar a ello puede ser diverso. Pero lo que está claro, y está incluso en el mismo planteamiento del gobierno español –de que el SMI sea el 60% del salario medio–, es que si debe servir para reducir desigualdades salariales y apuntalar el poder adquisitivo de los colectivos afectados, cuanto más nos acerquemos a la realidad, más útil será. Necesitamos un zoom potente más que el gran angular que es el SMI, aunque sea de calidad.

Lo que justifica un salario mínimo territorializado son las diferencias en el coste de vida dentro de España. Siempre las ha habido, pero probablemente ahora más que nunca. Los precios en el supermercado varían muy poco de un lugar a otro, al igual que los de la luz, la gasolina y también el coche. Pero cuando llegamos a la vivienda, la cosa cambia. Los precios por metro cuadrado, tanto de compra como de alquiler, en ciudades como Barcelona o Madrid en comparación con algunas capitales de provincia, pueden variar dos o tres veces, y si nos vamos a zonas rurales, la diferencia es aún mayor.

Las medidas económicas con carácter social, como es un SMI, cuanto más se acerquen a los beneficiarios y a su realidad, más eficientes serán

Si bien siempre han existido diferencias en el coste de la vivienda entre ciudades y pueblos, nunca habían sido tan altas y, además, nunca como ahora pagar el lugar donde vivimos se había llevado una parte tan importante de nuestro sueldo. Este fenómeno ha ampliado las diferencias en el coste de vida entre zonas o territorios, de manera que una persona con un determinado salario puede vivir con ciertas comodidades en un pueblo de provincias o, con el mismo salario, tener problemas para llegar a fin de mes en una gran ciudad y su área metropolitana.

Las medidas económicas con carácter social, como es un SMI, cuanto más se acerquen a los beneficiarios y a su realidad, más eficientes serán. Así lo reclamaban los economistas, por ejemplo, cuando el gobierno de Pedro Sánchez comenzó a implementar medidas universales para paliar la inflación provocada por la invasión de Ucrania. Un economista llegó a decir: “Hoy he llenado el depósito de mi todoterreno y me han descontado 20 céntimos por litro, no tiene ningún sentido”. Defendía que esa medida debía aplicarse a quienes la necesitasen, no a un catedrático con una renta media-alta.

Volviendo al SMI, ya es una medida precisa en cuanto al colectivo al que afecta, pero no en cuanto a la medida en que lo afecta, porque el mismo sueldo en una provincia puede llegar al 60% del salario medio, pero en otra ni rozar el 50%. Ahora bien, ¿esto se soluciona con un SMI catalán? Probablemente, no. De entrada, es una herramienta que no está contemplada jurídicamente y las competencias son del gobierno central. Sin embargo, esto se puede cambiar si hay voluntad política.

Patronales y sindicatos negocian los convenios a nivel provincial y a menudo ya se establecen diferencias salariales en función del territorio

El segundo motivo que veo es que no eliminaría del todo las diferencias y podría poner en riesgo algunas actividades. La diversidad en el coste de vida que mencionaba a nivel español es extrapolable a Catalunya. No hacen falta ejemplos, pero en pueblos de comarcas rurales la vivienda cuesta una pequeña parte de lo que cuesta en Barcelona o su área metropolitana, incluso sin salir de la provincia. Para equiparar el SMI al salario medio de los catalanes, el salario mínimo catalán debería ser 174 euros al mes superior al español. La gran mayoría de empresas no tendrían dificultades para pagarlo, pero algunas del sector servicios quizá sí, y por ejemplo en la agricultura encarecería aún más los costes cuando, en realidad, por coste de vida no estaría justificado porque en las zonas con mayor peso agrícola, la vivienda suele ser más barata que en las urbanas. Por lo tanto, el salario mínimo catalán también podría generar importantes distorsiones.

Es evidente que el zoom no puede ser infinito, no se puede fijar un salario mínimo municipal. La herramienta que fija la mayoría de las condiciones de trabajo, incluidas las tablas salariales, son los convenios, y la mayoría son provinciales. Es una forma de dividir el territorio que no es perfecta, pero se acerca a la realidad social y económica y, además, el diálogo social ya tiene estructuras adaptadas. Patronales y sindicatos negocian los convenios a nivel provincial y a menudo ya se establecen diferencias salariales en función del territorio. De hecho, los convenios en Catalunya fijan sueldos más altos que el nuevo SMI.

Un jurista de derecho laboral me explicaba el pasado jueves que la vía de adaptación territorial debía ser los convenios provinciales, que ya están haciendo ese trabajo. No es perfecta, pero habría que explorarla y explotarla aún más con los sectores que no tienen convenios o tablas salariales, para que acaben pagando por encima del SMI en función del coste de vida y de las posibilidades de cada sector y tengamos, con las herramientas de las que ya disponemos, un salario mínimo más alto en Catalunya y lo más próximo posible a la realidad.