Lo han dicho y gritado los sindicatos en los centros de trabajo y en las calles con insistencia: los salarios son los que están pagando las consecuencias de la alta inflación mientras las empresas mantienen, cuando no incrementan, sus beneficios. Así lo confirman sus datos y los que ha proporcionado el Ministerio de Trabajo en relación con los resultados de la negociación colectiva del pasado año, en la que el incremento medio para los 3.084 convenios que han tenido efectos económicos en 2022 ha sido de un 2,78%. Y la media de los convenios colectivos que se han firmado en 2022 es de un 3,24%. Todo ello frente a una inflación media del 8,4%, lo que supone una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios en nuestro país, una de las mayores de Europa. Si España ha conjurado una espiral inflacionaria, responde en buena parte al sacrificio de los trabajadores y trabajadoras frente al incremento de los beneficios empresariales que han sido una de las causas de la escalada inflacionista. Así lo ha constatado el Banco de España que en su Central de Balances Trimestral nos señala que los beneficios de las empresas en 2022 han crecido siete veces más que los salarios.

Esta realidad explica que la prioridad sindical en la negociación de los convenios colectivos de 2023 sea corregir la fuerte devaluación que padecen la gran mayoría de los salarios de nuestro país. Y da pleno sentido a la estrategia que ha anunciado el sindicato CCOO con su propuesta de relacionar una parte de los incrementos, o de las revisiones salariales, con el resultado económico real de las empresas y de los sectores. Con esta propuesta, este sindicato responde a la recomendación histórica de la CEOE y de voces empresariales, sobre todo curiosamente en los periodos de crisis económica, proponiendo en la mesa de negociación de muchos convenios colectivos.

Pues bien, los sindicatos, como ha afirmado el Secretario General de CCOO Unai Sordo, “asumen el reto de ligar las subidas salariales también a la evolución de la marcha de la economía y de los beneficios de las empresas". Y emplazan a que en todas y cada una de las mesas de negociación de los convenio colectivos abiertos este año, más de un millar, esté presente la información real y contrastable de los datos económicos de la empresa, su evolución, los gastos e ingresos, la masa salarial, los márgenes y beneficios… y en las de los convenios de los sectores “un indicador objetivo y fiable” que debería aportar la Administración Pública, confeccionado a partir de la información de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de otras instancias públicas, y que refleje la realidad económica de cada sector. Datos a tener en cuenta como referencia, y no sólo los índices de los precios al consumo (IPC), a la hora de negociar y fijar los incrementos salariales.

La necesidad de que en la negociación de los incrementos salariales se tengan en cuenta los resultados y la realidad económica de las empresas, además del IPC, no es nuevo, o al menos ésta ha sido voluntad de los protagonistas de la negociación colectiva. Así se expresó en el II Acuerdo para la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, en el que CEOE y CEPYME de una parte y CCOO y UGT de otra, firmaban la conveniencia de que las estructuras salariales tengan complementos fijos o variables dependiendo de la situación y los resultados de la empresa. Pero la realidad, tras una década, ha sido que muy pocos convenios colectivos han incorporado este criterio. ¿La razón?, pues que, además de las reservas y desconfianzas sindicales, la extendida cultura empresarial de nuestro país es reacia a la transparencia y a la participación de los trabajadores y sus sindicatos en la empresa.

La próxima negociación colectiva, que  sería bueno que estuviera enmarcada en un nuevo Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), debería servir para corregir tanto las desconfianzas sindicales, como las resistencias empresariales a innovar en los convenios colectivos en nuevos conceptos, el Plan de Pensiones del Convenio Sectorial de la Construcción podría ser un buen ejemplo, y  en nuevos instrumentos en los convenios colectivos que garanticen a los trabajadores y sus sindicatos que las informaciones empresariales sobre sus resultados sean veraces, cuantificables y medibles, porque ésta es una condición imprescindible cuando se acepta vincular a unos indicadores económicos una parte del incremento y la evolución de los salarios.

La valiente propuesta sindical de ligar una parte de los salarios a los beneficios de las empresas es una oportunidad para modernizar y acercar nuestras relaciones laborales a las de los países más competitivos en los que sus trabajadores y trabajadoras tiene voz y opinión en el diseño de las estrategias corporativas y en el reparto de los beneficios. Así ocurre en los países del centro y norte de Europa con mayor productividad, eficacia económica y mayor confianza entre empresa y trabajador.