Está el país bien envuelto con el estudio del reencaje potencial de Catalunya dentro del Estado español a la espera ahora de una negociación que muchos querríamos llegara a buen puerto. Ciertamente que por eso tiene que haber voluntad. Es obvio que Catalunya y el País Vasco no se encuentran cómodos sin el reconocimiento de su especificidad. Las comunidades forales han salido adelante constitucionalmente bien y tienen hoy un acomodo casi confederal con el Estado. En Catalunya, por la razón de que sea, el reconocimiento en el régimen común no es factible a día de hoy, las interpretaciones de la Constitución no avalan el reconocimiento como territorio histórico, y postergar la solución ya sabemos a dónde ha llevado hasta el momento. Y a futuro, creo yo que solo hace que alimentar el antiespañolismo, por una parte, y, por la otra, del esfuerzo de los nacionalistas españoles del ahora o nunca para subyugar al nacionalismo catalán, alimentar una espiral de futuro incierto.

Para los que se llenan la boca de que la Constitución española abre la vía federal, la solución tendría que ser inmediata, ya que el principio federal es el de pacto (foedus), desde la aceptación que las soberanías son compartidas, tanto en competencias como en tributación. Son las personas las que pagan impuestos, pero en los marcos federales lo hacen además de una jurisdicción que los representa. Está esta aceptación a las antípodas de la idea tan centralista y que verbalizaba muy bien Rajoy cuando decía que fiscalmente no hay catalanes, sino españoles que tributan a Catalunya. Desde la visión del nacionalismo español, no se comparte la soberanía, el Estado lo recauda todo y transfiere a gusto de acuerdo con lo que estima, desde las instituciones que domina, las necesidades de cada territorio con competencias desconcentradas (descentralizadas dicen algunos).

En todo proceso de negociación hace falta paciencia, pero tener muy claro el objetivo, que en este caso se relaciona con el acceso a las llaves de la caja

Es también intrínseco al pacto federal que este no necesita ser uniforme ante realidades diferentes. Eso sí, no implica que este sea excluyente ni exclusivo. A condiciones diferentes del pacto todo el mundo se puede acoger ante unas mismas especificidades y responsabilidades. Más autogobierno suele implicar, en este sentido, más riesgo financiero, asumiendo más responsabilidad fiscal. Y no todas las jurisdicciones lo pueden querer como precio a pagar por una mayor autonomía. Un sistema que ofrece así alternativas diversas permite mejores encajes. Entendido todo lo mencionado hasta ahora, es dudoso que España quiera caminar verdaderamente hacia el federalismo y que incluso haya un grueso de españoles federalistas.

En el proceso de cambio, y en un contexto político de negociación, el modelo al que se aspira tendría que ir ante los contenidos traducibles en financiación. La lectura tendría que ser de principios y no de "qué hay de lo mío". De entrada, sin embargo, es fácil traducir el más bonito de un modelo en el resultado, mirando lo que sea el pacto de redistribución, de solidaridad o de nivelación de capacidades fiscales entre comunidades autónomas ricas y pobres.

Cuando en 2001 se consagró el café para todos, se hizo tabla rasa de nacionalidades y regiones, de vías rápidas y lentas, de asimetrías, se impuso la cláusula del status quo. Esta ya hoy se lee incluso en clave de posiciones relativas, no bastando que nadie pierda en las cifras absolutas, con los cambios. De manera que cláusulas de orden o acuerdos de nivelación que no sean totales, son argumentos decisivos en los que se acogen los no federalistas para dinamitar los cambios. Por eso creo yo hace falta jugar la carta con estos oponentes de utilizar no el principio federal de soberanías compartidas, sino el de la solidaridad personal, concretando el pacto que suponga la diferencia entre la progresividad de la recaudación de los impuestos directos respecto del peso proporcional de la renta de cada territorio. Al fin y al cabo, la escala y tramos de la IRPF son legislación básica del Parlamento español, aceptada por todos, de manera que quien más renta tiene más contribuya, tanto entre individuos como en sus agregados sobre el territorio. Ojalá que bastara el principio federal, haciendo reconocimiento de soberanía para los territorios que representan a los ciudadanos, pero para los negacionistas, creo que el argumento personal es poco cuestionable.

Más autogobierno suele implicar más riesgo financiero y responsabilidad fiscal, y no todas las jurisdicciones quieren pagar este precio

Finalmente, en todo proceso de negociación hace falta paciencia, pero tener muy claro el objetivo, que en este caso se relaciona con el acceso a las llaves de la caja. Llave compartida si se quiere, coadministrada, consorciada... pero con acceso efectivo. De hecho, para ganar autonomía uno se podría plantear dejar sobre la mesa la totalidad de la contribución fiscal actual (la diferencia entre la capacidad fiscal de Catalunya respecto de lo que retorna con la parte de la financiación autonómica actual), para bien de que no se cuestione la solidaridad, en favor de ganar cuotas de más autogobierno. Anclando el déficit fiscal en este nivel, se podría confiar después de una recuperación de renta y bienestar haciendo las cosas por uno mismo y no de lo que te impongan desde fuera. Bien cierto que nunca el viento es bueno para aquel que no sabe a donde va. Los medios se tienen que adecuar al objetivo. Pero en todo caso, hay que dejar de cavar si se quiere salir del agujero de la financiación autonómica en el que estamos instalados.