Los acontecimientos acaecidos desde la llegada del presidente Trump al poder ha eclipsado casi todo. Los cambios introducidos por este personaje, elegido por mayoría por los ciudadanos estadounidenses, en materia de defensa han obligado a la Unión Europea a cambiar su política en este terreno, hasta ahora subcontratada con Estados Unidos. Esta asunción de responsabilidades va a aumentar el gasto estructural de los Estados miembros con la consiguiente repercusión a corto plazo en su saldo fiscal y posteriormente en su estructura de ingresos y gastos. La administración Trump, utilizando un patrón sin base económica solvente, ha modificado también su política comercial introduciendo aranceles a casi todo el mundo, lo que supone un grave perjuicio en el comercio mundial, pero también a muchas de las empresas y ciudadanos norteamericanos, en especial a los que tienen menor renta.

La experiencia muestra que las políticas proteccionistas tienen costes muy elevados también para quienes las imponen, sobre todo cuando no tienen la dimensión suficiente para imponer sus criterios a terceros países o bloques económicos. La pretensión de volver a hacer grande América, la consigna de los ultranacionalistas MAGA, tiene muy pocas posibilidades de éxito en un mundo con una distribución planetaria de la cadena de valor de los productos. Aumentar el precio de los componentes de los productos intermedios con aranceles eleva el precio final de los bienes y servicios producidos en perjuicio de la eficiencia de la economía al aumentar los precios finales. Los consumidores internos, por tanto, verán reducir su renta disponible y la actividad económica general también se verá desacelerada, con lo que muy posiblemente los ingresos públicos totales buscados para reducir el gran déficit fiscal de Estados Unidos tampoco aumenten o incluso, se reduzcan.

Sus problemas económicos, al igual que los de la Unión Europea, son otros, y están relacionados con su menor capacidad de competir con los países que han reclamado su cuota de presencia en la generación y distribución de la renta en las últimas tres décadas. Las economías occidentales están perdiendo la batalla de la competitividad y de la productividad en un mundo más globalizado con incorporación intensiva de tecnología, y para paliar su menor presencia en la producción de bienes, intentan generar renta a corto plazo en los mercados financieros con instrumentos de dudosa solvencia. Véase, como ejemplo, el largo periodo de crecimiento que culminó con el estallido de la burbuja financiera en 2009. El mundo ha cambiado mucho y occidente puede volver a ser importante, pero no lo será como lo fue en la década de los setenta, sino con parámetros distintos que deben ser asumidos por sus ciudadanos. Los países de oriente trabajan más y mejor con elevadas inversiones en tecnología y educación, por lo que pensar que la solución aquí es la reducción obligada de la jornada laboral es tan solo un deseo (consigna) muy alejado de la realidad.

La experiencia muestra que las políticas proteccionistas tienen costes muy elevados también para quienes las imponen

En este contexto tan convulso provocado por la administración Trump que con razón ha concentrado la atención de los medios de comunicación y de la sociedad, la AIReF ha publicado a finales de marzo la “Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo: demografía y cambio climático”. Este informe recoge la posición de las cuentas públicas españolas, pero es especialmente útil al incluir una proyección hasta 2050 y 2070 en caso de mantener la actual legislación que afecta al gasto público.

Antes de sintetizar las principales conclusiones del informe, merece hacer una pequeña historia del origen de este informe en principio no previsto por la AIReF. La Unión Europea decidió asignar a España una cantidad muy significativa de los fondos Next Generation UE creados en 2020 (150.000 millones de euros de casi un billón) y para acceder a los recursos se estableció el cumplimiento de una serie de hitos. Unos de ellos, el componente 30, era garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como es conocido el Gobierno de España ha aprobado con el apoyo de algunos grupos parlamentarios y una parte de los agentes sociales y económicos (los sindicatos) una reforma del sistema de pensiones que ha cambiado la dirección utilizada desde 1985 enfocada en desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones sobre PIB. La última reforma asume mantener la tasa de reposición más alta de la Zona euro (77 vs 44,5%) al calcular la cuantía inicial de la pensión y garantiza su poder adquisitivo posteriormente actualizándola anualmente con el IPC. Esta decisión en un contexto de intenso envejecimiento de la población (llega la generación del baby boom a la edad de jubilación) aumentará el gasto (entre 3,1 y 4 puntos de PIB en 2050 según la fuente) que deberá ser cubierto con más ingresos (cotizaciones sociales o impuestos) o deuda pública, si fuera posible. Para ello, la reforma incluye el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales mediante varios instrumentos, que están lejos de ser suficientes.

La Comisión Europea parece que fue consciente de la falta de consistencia de las cuentas presentadas por el Gobierno, y obligó a incorporar una cláusula de aplicación trienal para limitar el desfase. Dado que el Gobierno de España no está dispuesto a asumir ni siquiera un pequeño ajuste, dictó una norma poco antes del primer examen a realizar por la AIReF para considerar como nuevos una parte de ingresos que ya habían cumplido su misión en años previos (transferencia del Estado para reducir el déficit desde el 1,5% al 0,6% del PIB). Ante esta intromisión, la AIReF se ha visto obligada a dar por aprobado el examen de esta regla de gasto en 2025, con el consiguiente jubilo y utilización mediática de los defensores de la reforma, pero siendo consciente del desequilibrio a medio y largo plazo que provoca la reforma de las pensiones ha emitido la Opinión citada. Imagino que también para preservar su reputación como controlador independiente de las cuentas públicas españolas.

Sería conveniente que se adopten las decisiones adecuadas para garantizar una senda de consolidación correcta y fiable

El contenido de esta Opinión es demoledor con el resultado real de la reforma de pensiones sobre la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, pintando un muy preocupante futuro de las cuentas públicas. La Opinión, al igual que otros estudiosos del sistema, califica de poco útil la cláusula de cierre trienal al no garantizar el equilibrio contable, aunque se produjera su aplicación en términos estrictos (15% del PIB de gasto y nuevos ingresos por valor de 1,7 puntos de PIB en promedio 2022-2050), dado que, en el caso de cumplirse, el sistema mantendría un déficit continuado que llega a los 2,3 puntos en 2050. Un contenido de regla de gasto que, por otra parte, no deja en buen lugar el nivel de exigencia de la Comisión Europea.

La AIReF, utilizando criterios de medición muy prudentes, proyecta un aumento del gasto en pensiones de 3,2 puntos de PIB en 2050 (de 12,9 a 16,1% del PIB), con unos ingresos insuficientes para cubrirlo, de manera que el sistema incurriría en un déficit del 3% del PIB (desde el 0,6% actual) y, por tanto, necesitaría la aportación adicional de 2,4 puntos de PIB nuevos ingresos. La AIReF, además, recuerda que el proceso de envejecimiento no se limita al pago de pensiones y también incluye el mayor gasto en sanidad y servicios a la dependencia, a los que se añadirían los intereses generados por más deuda emitida. Con estos factores el déficit público de las administraciones públicas proyectado en 2050 asciende hasta el 7% del PIB, como consecuencia de un fuerte aumento del gasto público (+6,3 puntos de PIB; de 44,7 a 51% del PIB). Reseñar que este muy elevado déficit se produce a pesar de utilizar como hipótesis un fuerte aumento de los ingresos por valor de 2,8 puntos de PIB (de 41,2 en 2023 a 44% en 2050), hasta alcanzar un porcentaje que casi igualaría el promedio actual de la Zona euro. Los saldos negativos acumulados marcan una senda creciente de deuda pública hasta alcanzar el 149% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. Las pensiones explican el 66 por ciento del incremento de la deuda asociada al envejecimiento hasta 2050 (31 de los 47 puntos adicionales). Por si no fuera suficientemente preocupante, los datos empeoran en caso de aumentar el gasto en defensa.

La respuesta de la ministra de Inclusión y Seguridad Social y del gobernador del Banco de España (autor intelectual de la reforma) ha sido que las pensiones van por buen camino con las medidas aprobadas; imagino que porque se limitan a considerar el aprobado en la revisión de la cláusula en 2025 forzado por la intromisión del Gobierno en la interpretación de la norma a utilizar; y no deben haber leído con atención la Opinión de la AIReF sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Los trabajos más fiables elaborados apuntan que las cuentas públicas no van en la dirección correcta, sino que siguen una senda bastante torcida, con la reforma de las pensiones como elemento de más impacto, con grave riesgo para los intereses futuros de la población. Por ello, sería conveniente que se adopten las decisiones adecuadas para garantizar una senda de consolidación correcta y fiable, que, si es posible en aras de la equidad, no traspase todo el esfuerzo a las siguientes generaciones. Una elección muy necesaria, pero poco probable porque las pensiones se han convertido en un objeto electoral a corto plazo al que no está dispuesto a renunciar ningún partido político.