A veces aceptamos un cierto número de evidencias, pero nos negamos a sacar las conclusiones de nuestros razonamientos. El caso del coste de los alimentos, el coste de la mitigación del, y adaptación al, cambio climático, el coste de la transición ecológica y agroecológica y su impacto sobre la inflación es uno de ellos.

Repasemos primero algunas de estas evidencias, al menos para todo aquel que no niegue el estado de desarrollo de los conocimientos científicos actuales y observe la evolución del planeta:

  • Aunque exista un gran consenso en el mundo académico sobre la responsabilidad del hombre en los procesos climáticos que estamos padeciendo, este tema es irrelevante. El cambio climático es una realidad, lo genere, quien lo genere.
  • Por lo tanto, la adaptación al cambio climático es una necesidad. Esta puede ser pasiva, a través de la multiplicación de crisis, accidentes y otros eventos climáticos. Ello generará, entre otros, movimientos de población, los migrantes climáticos, y cambios en la distribución de cultivos entre las distintas partes del planeta.
  • También esta adaptación puede ser activa, desarrollando, por ejemplo, técnicas para aumentar el contenido en carbono del suelo, limitando su erosión con cubiertas vegetales, promoviendo rotaciones de cultivo y nuevas técnicas de protección de las plantas, adaptando los cultivos y las variedades, modificando las prácticas ganaderas y, en particular la alimentación del ganado y la gestión de los residuos…
  • Trabajar en la prevención para mitigar de dicho cambio es la mejor manera de limitar el impacto provocado como consecuencia de unas catástrofes que, de todos modos, no vamos a conseguir evitar completamente;
  • La agricultura y la ganadería son, a la vez, víctima y causa de este cambio climático.
  • Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la agricultura y la ganadería en su conjunto eran responsables en nuestro país del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • A este impacto, hay que unirle otras consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Podríamos citar, sin ánimo de ser en absoluto exhaustivo, la contaminación por nitratos y residuos de pesticidas, la pérdida de biodiversidad, un consumo de agua excesivo con respecto al agua disponible de manera sostenible, la contaminación acústica, la degradación del paisaje o el aumento de los incendios forestales ligados al retroceso de la presencia humana y animal en los montes.
  • Todos estos problemas se generan porque los precios de los alimentos únicamente reflejan una parte de sus costes reales, el resto son asumidos por la sociedad (costes sanitarios, entre otros) o por la naturaleza (contaminación de acuíferos, perdida de suelo fértil, por ejemplo).
  • La solución a este dilema pasa por la internalización de estos costes en el precio de mercado de los productos, sean alimentarios o no.

Criterios científicos

Nos planteamos entonces tres preguntas. La primera es cuáles son entonces los instrumentos de los que la sociedad, a través de las políticas públicas, puede disponer para iniciar, promover, avanzar en este proceso de internalización. La segunda es qué instrumentos y políticas públicas se pueden implementar para facilitar esta internalización y reducir sus costes. La tercera pregunta es, ya que costes haberlos haylos, cómo se van a distribuir entre los distintos actores sociales y económicos y las categorías sociales.

No facilita el análisis y, por lo tanto, el acierto en la búsqueda de soluciones a los problemas, confundir las causas con los instrumentos que la sociedad se da para afrontarlas. Este es el caso de los estándares alimentarios y medioambientales, siempre por supuesto que estén basados en criterios científicos.

Si esta condición se cumple, los estándares alimentarios y medioambientales no son un factor inflacionista. Los factores inflacionistas son, en realidad, por un lado, el cambio climático y sus consecuencias y, por otro, los costes de la adaptación y mitigación del cambio climático y la internalización de los costes, en la medida en que no son compensados por ayudas públicas, ayudas públicas que representan una redistribución de la riqueza de nuestras sociedades entre sus distintos actores y que, del lado de los necesarios recursos presupuestarios, también pueden tener un efecto inflacionista.

Incluso cabría afirmar que, en la medida en que estos estándares promueven y facilitan la difusión y extensión de las mejores prácticas existentes, contribuyen a una disminución de los costes a internalizar y, por lo tanto, podrían llegar a servir para disminuir las tensiones inflacionistas.