Hace unos días en el discurso de investidura del presidente del Gobierno escuchamos algunos de los planes económicos para la próxima legislatura. Un resumen vago de algunas medidas, sin profundizar, y la promesa de mantener otras que ya están en marcha. Nada respecto a la eficiencia del gasto público o de la repercusión de la limitación del déficit fiscal por parte de Bruselas.

Entre aquellas que se mantendrán, al menos hasta mediados de 2024, están las medidas antiinflación. A pesar de las indicaciones tanto de Bruselas, como de la OCDE de ir cortando estas ayudas. Contestando al título de este artículo, el lector opinará que estas medidas han funcionado porque la inflación bajó. Pero en las medidas económicas siempre se debe analizar el coste que tienen y el impacto que se ha logrado.

Atentos, que mientras que la inflación de la UE y la zona euro están descendiendo, el IPC español ha repuntado desde el verano, situándose en octubre en un 3,5% (comparado con un 2,9% de la zona euro, con una misma política monetaria, y un 3,6% en la UE).

Toda medida fiscal debería (y más con un gobierno progresista) perseguir reducir el impacto negativo en aquella población más vulnerable. Esto es especialmente relevante con el alza de los precios, que afecta a gastos imprescindibles para cualquier hogar, como la energía y los alimentos, y deben destinar mayor proporción de su renta disponible a su compra.

Aquí es donde un informe que publicó en octubre el Banco Central Europeo dice que hemos pinchado. Este análisis, que llega a conclusiones que algunos intuíamos, destaca que España y Alemania han sido los Estados miembros que menor impacto han conseguido en reducir la brecha económica entre clases con las medidas antiinflación. Tanto en Alemania como en España ha habido una disminución relativa de la renta disponible mayor en los hogares pobres que en los ricos. Un 7,5% en el país teutón y un 5,1% en nuestro país.

España y Alemania han sido los Estados miembros que menor impacto han conseguido en reducir la brecha económica entre clases con las medidas antiinflación; no han discriminado por el nivel de renta

¿Por qué ocurre esto? Principalmente, porque las medidas que se han aplicado no han discriminado por nivel de renta, y han acabado favoreciendo más a los grupos de población más ricos. Vamos por partes:

  • Se puede atajar la inflación subiendo los ingresos que reciben los ciudadanos. De este modo, por ejemplo, se pueden ofrecer cheques o compensaciones a clases más bajas (como hicieron Italia o Francia) o se puede forzar un incremento de los salarios o de las pensiones. Tanto la subida salarial general como la de las pensiones, como en España, supone incrementar las ventajas para las rentas más altas, ya que, en términos absolutos, favoreces más que a los ciudadanos más pobres, que sí necesitarían estas medidas. Por tanto, las clases más ricas aumentan su renta disponible.
  • También se puede optar por reducir el impacto de la inflación sobre determinados productos indispensables. Esto se puede hacer con ayudas directas a las familias más vulnerables, como ha hecho Portugal, o con bajadas de impuestos indirectos generales, como han hecho España y Alemania. ¿Qué ocurre con esta segunda opción? Que el impacto fiscal de la medida es enorme para las arcas públicas, pero no disminuye el impacto en función de la renta. Como he explicado en el punto anterior si las clases más ricas tienen más dinero en el bolsillo, tienen un impacto mayor en su renta disponible al disminuir los precios de forma “artificial”. No es lo mismo reducir el IVA de los alimentos o dar transporte gratuito para una persona de los barrios más caros de una ciudad, que para una de una zona más modesta.

Las autoridades europeas aconsejan levantar las ayudas contra el alza de los precios o, al menos, rediseñarlas de forma más eficaz, para aumentar su impacto real y disminuir el déficit público. Por supuesto, esto supondría un aumento de la inflación en España, pero también dan otros consejos, ligados a la previsión económica. Por ejemplo, limitar las alzas salariales, una vez reajustada la inflación a tasas más bajas (como ya está ocurriendo), para evitar su traslación a los precios de los productos. Esto, por ejemplo, tuvo en impacto directo en los precios del sector primario, con la subida del SMI.

En definitiva, la evidencia muestra que los países que aplicaron subsidios o ayudas directas a las clases más vulnerables han conseguido mejorar su renta disponible. Mientras, las medidas indiscriminadas sobre los precios no lo han hecho. La contención de los precios no se puede asegurar que sea una relación directa con la bajada del IVA, por ejemplo. Esto se debe a que las empresas que fijan los precios de los productos deciden o no trasladar las alzas de los costes al precio final. Sin embargo, el BCE ha observado desde principios de este año que las alzas salariales están siendo absorbidas por los beneficios empresariales, sin aumentar el IPC.

¿Qué tal si en lugar de aplicar medidas indiscriminadas, que dan menos quebraderos de cabeza para su diseño y gestión, no nos planteamos medidas más eficaces y que tengan el impacto deseado? Una sugerencia para la lista de deseos del nuevo Gobierno.