España ha pasado de un extremo al otro. Del Aznar de finales de los 90, que privatizó algunos de los grandes gigantes públicos, para fortuna de sus amigos, a gobiernos que han intervenido a fondo para detener operaciones privadas, como la de Talgo, a veces con resultados nefastos, ya fuera con la Constitución, la españolidad o la defensa de intereses estratégicos como estandarte.

Un caso paradigmático es Endesa. En 2005, su presidente, Manuel Pizarro, blandió la Constitución para defender la eléctrica de la opa de Gas Natural. El gobierno de Zapatero, inicialmente, mantuvo un papel de observador, mientras era el entorno del PP el que apretaba. No había amenaza de que Endesa pasara a manos extranjeras, pero sí a catalanas, lo que había que evitar ya fuera con una alternativa alemana o italiana, como acabó pasando. Así, para que no fuera catalana, España perdió su primera eléctrica, –que ahora ya no lo es, algo bastante sintomático de su gestión, después de años siendo vaciada por Enel, que para más inri, tiene participación estatal–, y se dio el absurdo caso de que una empresa que había sido pública española ha acabado siendo pública italiana... en nombre de la Constitución española. Tres años después del numerito con la Carta Magna, Pizarro fue de número 2 en las listas de Mariano Rajoy a las elecciones al Congreso de 2008. Casi 20 años después, es el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que tiene el 23,6% de Enel, quien decide el destino de Endesa.

Con Abertis fue la españolidad. Mariano Rajoy y, sobre todo, el exministro Álvaro Nadal, se empeñaron en que no podía ser italiana, y para que siguiera perteneciendo a una empresa del país, fueron a buscar a Florentino Pérez. El presidente de ACS y del Real Madrid presentó una contraopa, pero antes de entrar en una guerra de opas que hiciera que la operación no le saliera a cuenta, pactó con la familia Benetton, que controlaba Atlantia –ahora Mundys-, para quedársela a medias. Lo paradójico de esta operación es que el PP quería como fuera que el gran operador de autopistas español no pasara a manos extranjeras mientras sus ministros de Fomento –primero Ana Blanco y después Íñigo de la Serna- no paraban de repetir que no renovarían las concesiones. Ahora España quita peajes y Abertis tiene su gran negocio fuera, empezando por Francia.

Pizarro blandió la Constitución para defender Endesa de la opa 'catalana' de Gas Natural; dos décadas después, se habla de seguridad nacional

En el caso de Talgo la bandera es que es estratégica y la seguridad nacional. Palabras mayores. Ahora, además, Pedro Sánchez tiene más herramientas. Zapatero tuvo que ir a buscar a unos italianos, porque le eran más simpáticos que los alemanes de E.On, mientras que Rajoy tuvo que pedir favores. Sánchez tiene una ley, aprobada en pandemia para evitar que un fondo extranjero, que son los que están moviendo las grandes inversiones a nivel mundial, aprovechara la debilidad de una empresa en un momento concreto, coyuntural, para comprarla a precio de saldo. La ley tenía lógica en 2020 y 2021, pero mucho menos en 2024. El Gobierno la reformó pero la mantiene para algunos sectores, y bajo el paraguas de estratégico, cabe todo el que pueda hacer caber.

¿Estratégica era la entrada de un fondo en Naturgy? Se podía entender porque controla infraestructuras gasísticas, entre ellas los dos gasoductos que conectan España con Argelia, que eran la principal fuente de entrada de gas en el Estado hasta que, por una crisis diplomática, Marruecos cortó uno de ellos. ¿Es estratégica Talgo hasta el punto de vetar la opa de la empresa húngara Magyar Vagon, que tanto el consejo de administración de la compañía como los inversores ven con buenos ojos?

Talgo no tiene una infraestructura crítica, como sí Naturgy -y también Endesa, por cierto. Es una empresa industrial: fabrica trenes. Es proveedor de empresas públicas que dan servicios públicos, pero eso no la convierte en estratégica. Óscar Puente, el ministro de Transportes, esgrimió que tiene una tecnología relacionada con la movilidad militar de otros países europeos, como los bálticos. Aquí el argumento cambia, se habla de estratégico pero se insinúan problemas para la seguridad nacional y europea, con Viktor Orbán –ya que parte del accionariado de Magyar Vagon es público– y su buena relación con Vladimir Putin como elementos clave que flotan en el ambiente. Tampoco se sabe más, ya que la información detallada es clasificada por su alta sensibilidad. Por lo que se ha publicado, en los informes en contra de la operación se habrían incluido incluso informes del CNI para demostrar los enlaces de la empresa con el gobierno de extrema derecha del país.

También, explican, está el factor imagen de Pedro Sánchez. Tanto como cuida sus relaciones exteriores, sobre todo en el marco de la Unión Europea, con el resto de líderes, y teniendo una buena imagen, no quiere presentarse a las reuniones de presidentes comunitarios ni al G20 después de que Orbán haya arrebatado a España su fabricante de trenes más popular.

Talgo solo es el último caso. El Gobierno ha perdido las manías a la hora de intervenir en empresas y operaciones empresariales

Sea por estrategia o por imagen, el trasfondo está claro, y no es un caso aislado: el incremento del intervencionismo político en operaciones entre empresas privadas. Al principio hablaba de la España de las privatizaciones: ahora, en cambio, el Estado es accionista del primer banco –CaixaBank– y de la gran teleco –Telefónica. El primer caso fue accidental, por el rescate de Bankia; el segundo, de nuevo, para aguar el desembarque de una empresa extranjera, en este caso, saudí. Talgo solo es el último caso; el Gobierno ha perdido las manías a la hora de intervenir en empresas y operaciones empresariales. Quizás el próximo es la fusión del BBVA y el Sabadell.

Volviendo a Talgo, el intervencionismo de Sánchez tiene varias notas negativas. La primera, como ya he comentado, es que contaba con la aprobación de la propia empresa. La segunda, es que el Gobierno lleva meses buscando una alternativa a la opa húngara y no la encuentra. Asegura que Magyar no puede garantizar el incremento de producción que necesita Talgo, pero ha ido a buscar a Skoda, una empresa que hace poco buscaba a alguien que la comprara, es decir que confiaba poco en su futuro en solitario. Además, la checa no quiere hacer una opa sino una fusión. Sánchez también ha buscado a un socio financiero español, que ponga el dinero que Skoda no quiere poner y justifique aquello de la españolidad, pero no ha salido adelante. Al menos, de momento. Criteria, de La Caixa, a la que querían implicar, les ha expresado claramente su desinterés. El futuro de Talgo, pues, está en el aire.

En definitiva, el Gobierno va en contra de los intereses de la dirección de la empresa, de los accionistas y no tiene plan B, pero tira para adelante y veta la operación. Está claro que a veces hace falta vigilar operaciones y poner condiciones, pero no dejan de ser medidas paliativas. Lo que tendría que hacer es dar facilidades en las empresas para crecer, ayudarlas a exportar y, sobre todo, facilitar un entorno inversor para que haya más fondos locales y no todo el dinero que se mueva en grandes cantidades venga de fondos estadounidenses o soberanos de países cuyas intenciones pueden ser sospechosas.