Considerando todo el año 2022, el empleo ha experimentado un aumento neto de 278.900 ocupados, aunque en el segundo semestre ese incremento ha ido a menos. Por otro lado, la tasa de paro es 12,9%n en el cuarto trimestre de 2022, con una bajada en el conjunto del año de casi 5 décimas. Estos datos podrían corresponder a muchos otros años de nuestro mercado de trabajo. La gran diferencia aparecida durante el último año es que el empleo indefinido ha aumentado en casi 1,6 millones mientras que el temporal ha disminuido en casi 1,2. Como resultado, la tasa de temporalidad ha caído en el cuarto trimestre de 2022 hasta el 17,9%, un valor que no se alcanzaba desde 1987.

Dado que el 28 de diciembre de 2021 se aprobó la última reforma laboral resulta difícil no ver en esta disminución de la temporalidad, al menos en parte, un efecto del cambio normativo. En el ámbito del empleo, la reforma tenía como objetivo declarado reducir el recurso a la temporalidad restringiendo el uso de los contratos temporales. Como esto podría suponer un problema para muchas empresas a la hora de ajustarse a los vaivenes de su actividad productiva, la reforma creaba dos vías para esos ajustes: por un lado, una mayor facilidad y amplitud de uso de los contratos fijos discontinuos y, por otro lado, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que puede entenderse como una extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo tras su adaptación a la situación inédita que generó la pandemia a partir de marzo de 2020. En definitiva, la reforma ha introducido cambios que deberían generar una estabilización de las relaciones de empleo entre aquellos que tenían contratos temporales (a través de contratos fijos discontinuos o de contratos indefinidos en general) y facilitando también los ajustes de los trabajadores con contrato indefinido durante determinadas crisis (cíclicas o sectoriales, usando el lenguaje de la propia reforma) de manera que el ajuste no signifique solo un aumento de los despidos.

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Atendiendo a la evolución de la tasa de temporalidad, resulta clara su disminución al entrar en vigor la nueva normativa, muy especial en el sector privado y tanto para mujeres como para hombres. En el sector público, se aprecia una caída durante el 2022 para ambos sexos, aunque estabilidad laboral y sector público ya hace tiempo que dejaron de ser sinónimos: las mujeres del sector público llevan teniendo la mayor tasa de temporalidad en comparación con ambos sexos en el sector privado y con los hombres del sector público desde finales de 2017. De hecho, las mujeres en el sector público llegaron a alcanzar una temporalidad del 38,5% al iniciarse 2022, que es la mayor de la serie histórica para este grupo. Hay que recordar que en 2021 también se aprobó un paquete de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público que, sin embargo, no parece asociarse a un cambio drástico como el de la reforma de 2021 en el sector privado, si bien las tasas de temporalidad en el sector público han disminuido a lo largo de 2022 para las mujeres (unos 3 puntos hasta el 35%) y para los hombres (apenas 3 décimas quedando en 23,5%). O las medidas que se aprobaron no son lo bastante efectivas o no se están aplicando con la intensidad de los cambios introducidos para el sector privado.

Una posibilidad que se ha discutido a lo largo de 2022 es que la tendencia creciente en la contratación de indefinidos en el sector privado se deba a que los temporales han pasado a ser fijos discontinuos, que tienen periodos de actividad y de inactividad. Así, el incremento de los indefinidos respondería a que los nuevos indefinidos son fijos discontinuos que tienen su periodo de inactividad cuando antes su contrato temporal terminaba. Los datos muestran, sin embargo, que los fijos discontinuos no explican toda la caída de los contratos temporales: aunque en términos de afiliados medios a la Seguridad Social los fijos discontinuos han pasado de ser casi 371.000 en enero de 2022 a casi 834.000 en diciembre, los no indefinidos han pasado de 5,3 millones a casi 3,8 en el mismo periodo.

Ahora bien, los indicadores de coyuntura laboral deben mejorarse de manera sustancial para poder analizar en detalle los efectos de la reforma. Por una convención no incluida inicialmente en la definición de paro registrado de 1985, este concepto no incluye a los fijos discontinuos en periodo de inactividad. Es imprescindible, pues, una actualización de los datos administrativos que publica el Ministerio de Trabajo. Esto no tiene por qué cambiar la definición de paro registrado, pero sí que obliga al Ministerio de Trabajo a ampliar la información suministrada para entender la estabilidad real de los trabajadores y de sus relaciones de empleo. Vamos a necesitar toda esa información cuando llegue una crisis que lleve a las empresas a elegir entre activar un mecanismo RED, no llamar a los fijos discontinuos o reducir sus plantillas. Solo entonces veremos realmente de qué manera son estables los empleos que ahora se han creado, tanto los fijos discontinuos como los nuevos indefinidos con antigüedades relativamente bajas.