Hay que reconocer que durante estos últimos años, en pleno auge del procés, el melón de la financiación se consideraba una pantalla pasada o una cuestión circunscrita a las formaciones no independentistas. Y previamente, durante la crisis financiera global del 2007-2012, se decía que no era el momento más adecuado, a la vez que por todas partes se imponían las políticas de austeridad y los recortes en servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Ahora, por el contrario, la apuesta por un nuevo modelo de financiación más justo y equitativo no tan solo ha recuperado protagonismo, sino que se ha convertido tal vez en uno de los elementos que más une a la sociedad y, por extensión, a los partidos catalanes.

Todo vuelve. La vieja conocida "tercera vía". De nuevo el país reanuda el debate de las balanzas fiscales, el principio de ordinalidad y aquello de la tan famosa llave de la caja. Y este es y será el gran reto que esta legislatura afrontan los presidentes Salvador Illa y Pedro Sánchez, que no solo chocarán con una clara oposición parlamentaria, sino también con un rechazo social amplio que recela que este modelo rompa el equilibrio fiscal entre las regiones.

Dicen que las comparaciones son odiosas, y por eso quizás mejor no caer en aquello de las segundas partes. Porque ya hemos vivido demasiadas veces, con acritud, indignación y frustración, la imposibilidad de salir de la telaraña del sistema de régimen común. A pesar de los sucesivos reclamos y agravios evidentes, vivimos inmersos en un café para todos, aguado y con sacarina. Pero la realidad es tozuda y hoy recobramos otra vez la utopía de la financiación autonómica en España, y la negociación con Catalunya será, sin duda, uno de los temas más controvertidos los meses que vienen.

Todo vuelve. La vieja conocida "tercera vía". De nuevo el país reanuda el debate de las balanzas fiscales, el principio de ordinalidad y la llave de la caja

No deja de ser curioso, sin embargo, que el principal partido de la oposición critique efusivamente la financiación catalana y, a la vez, avale la fiscalidad a la baja de Madrid. Y es que, sin ir más lejos, esta pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba nuevas rebajas fiscales al impuesto de sucesiones y donaciones y para el alquiler de viviendas. Dos medidas que significarán un ahorro conjunto de 180 millones de euros anuales a unos 58.000 contribuyentes de la comunidad, según los datos revelados por el ejecutivo madrileño, con una media de 3.100 euros cada uno.

Hoy Madrid es la comunidad con los impuestos más bajos, en especial los que afectan a las rentas más altas. En el caso del IRPF, por ejemplo, aquellas de más de 100.000 euros tributan a un tipo del 43,5%, cinco puntos por debajo de Catalunya. El impuesto de patrimonio no existe en la práctica, porque está bonificado en un 100% desde el año 2011, y tienen además bonificaciones muy elevadas en sucesiones y donaciones.

Esta opción de recortar impuestos para captar contribuyentes es lo que se conoce como 'dumping fiscal'. Y ya sea estando a favor o en contra, esta competencia fiscal a la baja forma parte de nuestro marco legal actual. La ley de financiación de las comunidades autónomas lo prevé y la Comunidad de Madrid ha optado claramente por él desde la etapa de Esperanza Aguirre hasta la actualidad.

A pesar de los sucesivos reclamos y agravios evidentes, vivimos inmersos en un café para todos, aguado y con sacarina

Y aquí haría falta detenernos y empezar una profunda reflexión: ¿soberanía fiscal o armonización?

La polémica no es nueva. La armonización fiscal no es una cuestión exclusiva de España. La UE habla desde hace años de fijar un sistema fiscal más equilibrado entre países. La existencia de 27 sistemas tributarios diferentes supone un serio problema para las empresas. Pero además, no tiene ningún tipo de sentido que países como Irlanda, por ejemplo, tenga un impuesto de sociedades del 12,5% frente a países como Francia, donde la tasa es del 38%. Podemos pensar que armonizar fiscalmente la UE es hoy una quimera, pero por ahora se mantiene firme el compromiso de hacerlo.

Aquí, en España, el sistema de financiación autonómica es complejo y genera tensiones políticas y territoriales. Aunque la finalidad es garantizar que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos en condiciones similares, las divergencias en las contribuciones y los beneficios recibidos alimentan el debate sobre la equidad y la justicia del sistema.

Es una realidad incuestionable que Madrid se ve favorecida del efecto capitalidad, de ser el foco del poder político y financiero, y del centralismo de las infraestructuras y la inversión en capital fijo acumulada. Hasta un 27% de las inversiones del Estado español se consideran no territorializables y en su mayoría estas acaban en Madrid, que se beneficia con 3.128 millones de euros. La metrópoli madrileña es, sin duda, la gran aspiradora que lo absorbe todo: recursos, talento y patrimonio. Todo eso, en detrimento de la igualdad de los territorios que conforman España.

La reforma de la financiación tiene que situarse por encima de luchas partidistas. Su adecuación requiere altura de miras, diálogo y consenso

El actual modelo económico del Estado es radial y centralista, y tiene también por designio hacer de Madrid la capital económica. Más allá de territorios y de ideologías políticas, somos cada vez más las personas las que ponemos en duda la idoneidad de este modelo, que no es bueno para España y, por descontado, para Catalunya. La demora de más de una década en la revisión del actual modelo de financiación autonómica ha incrementado las dificultades de suficiencia financiera y ha impactado negativamente en la calidad de los servicios públicos del bienestar y el gasto público productivo del país.

Constatada la gravedad del momento, la reforma de la financiación autonómica tiene que situarse por encima de luchas o de debates partidistas. Su adecuación requiere altura de miras, diálogo y consenso, lejos del espectáculo político al que nos tienen acostumbrados.

Llamadla financiación singular, concierto o pacto fiscal. Francamente, me importa muy poco, por no decir nada, el cómo y el quién. Si contra todo pronóstico se consigue corregir el actual déficit fiscal de Catalunya, ¡bienvenido sea!