Palomitas y mucha paciencia, porque el serial continúa. Después de meses de incertidumbre y de un largo tira y afloja, finalmente el Gobierno ha dado el paso que todos esperábamos: ha elevado la prima de Muface un 41,2% para garantizar la renovación del concierto sanitario. Con este incremento, el ejecutivo de Pedro Sánchez busca frenar la huida de las aseguradoras y garantizar la atención asistencial a más de un millón y medio funcionarios de toda España, 163.000 de ellos en Cataluña. Sin embargo, hagámonos esta pregunta: ¿se ha solucionado verdaderamente el problema o tan solo se ha comprado una fracción de tiempo antes del colapso definitivo?

Sin duda el aumento es significativo, el más relevante de toda la historia, diría yo, pero eso no significa ni que sea suficiente ni que podamos respirar tranquilos. De hecho, las aseguradoras ya hacía tiempo que advertían que el modelo no les era rentable y presionaban con abandonarlo. Ahora, con más dinero sobre la mesa, el gobierno confía en que cambien de opinión y que el sistema vuelva a recuperar su normal funcionamiento. Pero si hasta ahora se han ido adelgazando servicios y muchos hospitales privados han dejado de atender pacientes de Muface, ¿quién nos garantiza que este aumento lo arreglará todo?

Por duro e incómodo que nos pueda parecer, la realidad es esta: la sanidad privada es un negocio y funciona bajo la lógica del beneficio económico

La raíz del problema no es solo una cuestión de dinero. El modelo mismo está en crisis. Se fundamenta en un equilibrio frágil entre el Estado, que financia, y las aseguradoras, que gestionan, considerando que estas últimas sólo participan si sacan rendimiento. Si los costes sanitarios se disparan, como es el caso, este equilibrio se rompe y es cuando se abre la caja de los truenos. Porque, por duro e incómodo que nos pueda parecer, la realidad es esta: la sanidad privada es un negocio y funciona bajo la lógica del beneficio económico.

Posiblemente el gobierno ha evitado que el sistema se derrumbe, ha hecho aquello a lo que tanto nos tiene acostumbrados, chutar adelante el balón y quien día pasa año empuja, pero lo que no ha hecho es abordar el verdadero problema de fondo, la raíz de la enfermedad. Este aumento no es otra cosa sino un pegote, un parche que permite arañar tiempo, pero que en ningún caso da respuesta a la gran pregunta: ¿hoy día tiene sentido mantener este modelo tal como está concebido?

Es perfectamente legítimo preguntarse si ese dinero se habría podido destinar a reforzar la sanidad pública en lugar de continuar subvencionando un sistema privado

Lo que no podemos obviar es que esta decisión tendrá consecuencias. De entrada, impactará directamente en el gasto público, que aumentará de forma significativa. Alguien tendrá que pagar este incremento del 41,2%, y no debería sorprendernos que finalmente repercutiera en otras partidas sanitarias. Ante este escenario, es perfectamente legítimo preguntarse si ese dinero se habría podido destinar a reforzar la sanidad pública en lugar de seguir subvencionando un sistema privado.

Porque, decidme aguafiestas, incluso malpensada, pero hay que preguntárselo: ahora que todos hemos podido constatar que el gobierno español está dispuesto a pagar más por mantener este sistema, ¿hasta qué punto las aseguradoras continuarán presionando por nuevos aumentos en el futuro? No es necesario ser demasiado listo para ver quién tiene la sartén por el mango.

Y un punto importante que no podemos ignorar. Este aumento, que eleva el importe total del convenio hasta los 4.808,5 millones de euros, refuerza la percepción que los funcionarios tienen privilegios respecto al resto de la población. Y en el contexto actual de listas de espera eternas, hospitales saturados y emergencias desbordadas, ver que el Estado inyecta millones en un sistema que únicamente beneficia una minoría, alimenta todavía más el debate sobre su conveniencia.

En el contexto actual de listas de espera eternas, hospitales saturados y emergencias desbordadas, el Estado inyecta millones en un sistema que únicamente beneficia una minoría

El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo el largo plazo. Con mayor o menor convicción, todos podemos aceptar que el gobierno haya optado por esta solución para evitar un desastre inmediato, pero ¿hasta cuándo podemos sustentar este modelo sin una reforma profunda? ¿Podemos continuar sometidos a los intereses de las aseguradoras que, cada vez que los números no les salen, amenazan con dejar la partida? ¿O sería necesario plantear un sistema diferente, más estable y con mayor control público?

Esta mejora de la prima no es el final de la crisis de Muface, sino un capítulo más de una historia que se repite una vez y otra, cíclicamente. Y ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de las aseguradoras, que deberán decidir si se presentan a esta nueva licitación.

Lo que sí que es seguro, y quien diga lo contrario se hace trampas al solitario, este no es un problema resuelto, sino aplazado. Más temprano que tarde, el gobierno tendrá que dejar de poner parches y afrontar con valentía el futuro de Muface. O lo reforma de forma seria, o acepta que el sistema está condenado a una lenta agonía. Y cuando esto ocurra, veremos quién se atreve a asumir su responsabilidad.