En febrero de 2022, la Comisión Europea anunció la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial y garantizar un comportamiento empresarial responsable con los derechos humanos y medioambientales en todas sus operaciones, incluyendo sus cadenas de valor. Su incumplimiento conllevaría la imposición de sanciones y un régimen de responsabilidad civil que cada Estado miembro deberá establecer. Con ello, el propio concepto de Responsabilidad Social de las empresas adquiere otro nivel, que va más allá de las recomendaciones y declaraciones bien intencionadas en la que se han movido, hasta hoy.

No pocos teóricos de la materia han venido defendido que un elemento consustancial de la Responsabilidad Social empresarial debe responder a su carácter voluntario y, en consecuencia, no debería haber normas y ni leyes que la regulen. Pero el Parlamento Europeo ha cerrado esa eterna discusión y ha reconocido: “Las normas voluntarias en materia de diligencia debida presentan limitaciones y no han logrado avances significativos para prevenir el menoscabo de los derechos humanos y el medio ambiente, ni para permitir a las personas afectadas su acceso a la justicia”. Porque todas las empresas, sin excepción, tienen la obligación y la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y por ello no debe ser considerado como un valor añadido, ni un compromiso voluntario. Por ello, encomienda que se regulen normas y requisitos para las empresas que deben identificar, evaluar, prevenir, detener, comunicar y corregir los impactos adversos potenciales o efectivos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor. 

La diligencia debida se ha convertido en un concepto central del debate sobre empresas transnacionales, derechos humanos y medio ambiente. La Directiva Europea precisamente aspira a conciliar los derechos humanos y las empresas desde el punto de vista jurídico, político, sindical, social y económico, porque se siguen produciendo violaciones de derechos humanos. Mientras, las empresas trasnacionales incrementan su poder y extensión impulsados por la generalizada estrategia de deslocalización y por la complejidad de su entramado productivo en las cadenas globales de valor. Esta política ha hecho que, a día de hoy, más de dos tercios del comercio mundial se produzca a través de ellas. Porque las empresas son una pieza fundamental de la sociedad e influyen de manera determinante con sus valores, sus prioridades y gestión. Por esto, su modelo de negocio no puede responder al beneficio a cualquier precio como ha sido y es el comportamiento de tantas que han abrazado la máxima de Milton Friedman (1912- 2006), economista de referencia del liberalismo económico, cuando indicó: “La única responsabilidad de la empresa consiste en utilizar sus recursos en actividades encaminadas a incrementar los beneficios de los accionistas”.

Este impulso de la Unión Europea supone un verdadero punto de inflexión en la forma en que las empresas desarrollan sus actividades empresariales a lo largo de su cadena de suministro mundial. Las nuevas exigencias, junto al control de estas, tienen que ayudar a impedir los ataques a los derechos humanos que se producen en tantos lugares a lo largo y anchos de las cadenas de suministro que emplean a cientos de millones de trabajadores, trabajadoras de los que no podemos apartar la vista.  Algunos Estados miembros de la UE, como Francia,  Países Bajos, Alemania, Noruega y otros que están en proceso, han dado un paso más y ya han aprobado su legislación sobre la diligencia debida empresarial. 

Pero España incomprensiblemente, ya que tiene en el cajón desde el pasado mes de mayo, el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, sigue pendiente de aprobar. Por esto, más de cien entidades y organizaciones sociales que integran la Plataforma por Empresas Responsables vienen reclamando al Gobierno la necesidad de su urgente aprobación. A la vez que se corrigen algunas sombras de la directiva europea incorporando la perspectiva de género, rebaja el número de los trabajadores de las empresas afectadas. Se complementa, en línea con la Ley alemana de diligencia debida que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023, el reconocimiento de nuevos derechos de información y asesoramiento a los sindicatos de forma que los representantes electos de los trabajadores pueden trabajar más allá de los límites de la empresa para fortalecer los estándares sociales, los derechos humanos y las obligaciones ambientales. Por cierto, un derecho ya contemplado, hace varios años, en el Acuerdo Marco Global de Inditex, que hace a este grupo industrial un referente mundial en sostenibilidad social.  

Es urgente que España apruebe la ley y se convierta en un buen referente en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y el medio ambiente, que ayude a que las grandes empresas españolas tengan un sello que garantice su política de sostenibilidad. Poder hacer de la lucha por una globalización justa, sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos, un sello, en el próximo semestre de la presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, está en la mano de Pedro Sánchez, esperemos que esta sea una prioridad.