El derecho a la vivienda es uno de los problemas endémicos en Catalunya y también en el resto del estado español. La situación se agudiza especialmente en las zonas más tensadas, ya sea por una acusada y aparentemente irrefrenable demanda, como sucede a Barcelona, Madrid o San Sebastián, ya sea por un fuerte componente turístico y la consecuente demanda estacional como es la zona de las Canarias, las Islas Baleares, Catalunya, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En este contexto, este pasado 25 de mayo del 2023 se publicó en el BOE la nueva Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Por paradójico que parezca, se trata de la primera ley a nivel estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución en 1978.

El objetivo final de esta ley es ser un marco orientador de las políticas de vivienda a largo plazo y establecer unos principios básicos que den uniformidad a las políticas de aplicación a todas las comunidades autónomas. La norma, además, proporciona mecanismos a las administraciones territoriales competentes para limitar el precio de los alquileres e incrementar el parque de vivienda público y privado a precios asequibles, atendiendo en particular las familias y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso y en las áreas tensionadas, cuya declaración es competencia de cada comunidad.

El último barómetro del CIS del mes de marzo constata que la vivienda es, hoy, el sexto problema que más impacta a la ciudadanía.

El parque de alquiler actual no satisface todas las necesidades de la demanda. Eso explica también que en el mercado inmobiliario español la propiedad tenga un peso mucho más relevante

El último barómetro del CIS constata que la vivienda es, hoy, el sexto problema que más impacta a la ciudadanía, tan solo por detrás de la crisis económica, la sanidad, el paro, los problemas vinculados con la calidad del empleo y los conflictos políticos en general, y muy por delante de la guerra de Ucrania o del aumento de las tarifas de la energía.

Hablamos, pues, de una problemática estructural existente desde hace años, que se explica por diferentes elementos económicos y sociales latentes en muchas localidades del país y que corroboran una realidad: el parque de alquiler actual no satisface todas las necesidades de la demanda. Eso explica también que en el mercado inmobiliario español la propiedad tenga un peso mucho más relevante.

No ayuda tampoco el crecimiento del alquiler turístico y la inversión extranjera en promociones inmobiliarias de lujo, que no hacen otra cosa sino provocar el auge del precio del alquiler y el de compra.

Vivimos una realidad en que la especulación inmobiliaria y la precariedad laboral chocan frontalmente, colocando una parte importante de la población en una situación de enorme dificultad

Vivimos, en definitiva, una realidad en que la especulación inmobiliaria y la precariedad laboral chocan frontalmente, colocando una parte importante de la población en una situación de enorme dificultad: ni pueden pagar el alquiler ni reúnen las condiciones necesarias para acceder a una hipoteca. Y esta tensión en el mercado inmobiliario también se ha hecho notar en los número de desahucios, ya no tan solo los desahucios por impago de alquiler, tal como había estado sucediendo hasta la fecha, sino en los desahucios hipotecarios que también vienen experimentando un notable aumento. Con la actual política monetaria del Banco Central Europeo, que afecta de lleno a la evolución del euríbor, uno de los índices de referencia para hipotecas más estandarizado, y los escasos mecanismos para evitar que las familias hipotecadas sigan perdiendo sus hogares, todo hace presagiar un futuro nada optimista.

Uno de los impactos más visibles de este boom de los precios de la vivienda, sea en régimen de alquiler o de propiedad, es la demora de la edad en que los jóvenes se marchan de casa. Los motivos económicos, el paro juvenil y la precariedad laboral son el principal freno a la emancipación y, por esta razón, el Estado español es uno de los países en que la edad de independizarse es más elevada: 30,3 años por término medio, la cifra más alta de los últimos veinte años, casi cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea, que está en 26,4 años.

Catalunya, y también el resto del estado español, ha vivido una dinámica de especulación inmobiliaria seguida de una crisis económica mundial que ha afectado a la manera como se estructura el mercado de trabajo, sangrando hoy de precariedad. Tener empleo no es requisito suficiente para poder acceder a una vivienda. Miremos si no las cifras: una de cada cinco personas menores de 30 años con un puesto de trabajo se encuentra en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Esta tendría que ser, pues, la "gran" prioridad de la clase política. Porque| no poder vivir de forma mínimamente digna e independiente no tan solo desencadena problemas materiales, sino que también afecta el bienestar emocional de las personas.

No tengo claro que topar el precio del alquiler sea la fórmula de la Coca-Cola. Esta misma iniciativa también se ha implementado en capitales de todo el mundo y la oferta se ha contraído un 15%

Pero también hay otro elemento que explica este atraso a la hora de dejar el hogar familiar: el reducido gasto en políticas sociales de vivienda, que se traduce en una cuota mínima de jóvenes que viven en viviendas de protección oficial y en la falta de ayudas directas a la compra, al alquiler o a la rehabilitación.

No tengo claro que tropezarse con el precio del alquiler sea la fórmula de la Coca-Cola. La medida estrella de la nueva Ley 12/2023 no es ninguna exclusividad del Gobierno. De hecho, esta misma iniciativa también se ha implementado en capitales de todo el mundo como Boston, San Francisco o Berlín y, después del año y medio en que se ha mantenido en vigor, la oferta se ha contraído un 15% y, en el caso de las rentas, el descenso ha sido de solo el 5%.

Dicho esto, para que haya un descenso en el precio de los alquileres hace falta que se produzca un aumento del mercado disponible. Nada nuevo, la ley de la oferta y la demanda. "Si el deseo de bienes aumenta mientras su disponibilidad disminuye, aumenta su precio. En cambio, si aumenta la disponibilidad del bien y el deseo disminuye, el precio baja". Para que eso sea posible hay que dotar a los arrendadores de mayor seguridad jurídica y de un sistema judicial eficiente que revierta las ocupaciones conflictivas con celeridad, si procede.

Por lo tanto, y ya para acabar, es trabajo de todos, instituciones, mundo empresarial y sociedad, poner el derecho a la vivienda y el trabajo digno en el centro del debate.