Este mes de agosto, más allá de alguna ola de calor y de los ya ingentes récords turísticos, inasumibles para muchas comunidades locales, Catalunya ha empezado una nueva etapa con la investidura de Salvador Illa al frente del Govern de la Generalitat. Una nueva administración que tendrá que abordar cuestiones tan relevantes como son la educación, la seguridad y la vivienda, por citar tres destacados.

La problemática de la vivienda en Catalunya, y también en el resto del Estado español, porque este es un problema generalizado en todas partes, es probablemente el más crítico y el de mayor espectro que tenemos en términos de equidad y de progreso social. La situación se agudiza en localidades con una demanda desmesurada como Barcelona o Madrid y también en municipios turísticos, que generan una demanda más estacional. De hecho, llevamos ya varias oleadas del Centro de Estudios de Opinión (CEO) en que la cuestión de la vivienda se planta entre las primeras posiciones. No hay que ir muy lejos. Si nos miramos por ejemplo el segundo barómetro del 2024 publicado este pasado mes de julio, a la hora de indicar cuál es el principal problema que tiene hoy Catalunya, un 16% de las personas encuestadas apunta a la insatisfacción con la política, seguido del acceso a la vivienda, con un 11%, y las relaciones Catalunya-Espanya y la inmigración, con un 9% por igual.

Y precisamente por su magnitud y por su naturaleza, la vivienda no es ni de lejos un problema de solución fácil y rápida. Legislar los precios del alquiler o delimitar el alcance del turismo sobre la vivienda, con actuaciones como recortar el número de licencias de pisos turísticos y regular los llamados alquileres de temporada, son algunas de ellas. Pero, sin ningún tipo de duda, la medida más efectiva a todos los efectos sería disponer de un gran parque de vivienda pública capaz de condicionar los precios del mercado.

Porque hoy, incluso teniendo trabajo y sueldo, nuestros jóvenes afrontan con rabia, frustración e indignación las enormes adversidades que tienen para acceder a una vivienda. No pueden alquilar y mucho menos comprar, y esta realidad los lleva a vivir en casa de los padres hasta los 30,4 años, según se desprende de los últimos datos del Observatorio de Emancipación.

La medida más efectiva sería disponer de un gran parque de vivienda pública capaz de condicionar los precios del mercado

Los datos también constatan que la tasa de emancipación en el Estado español es 14,9 puntos más baja que la europea. En consecuencia, los jóvenes europeos no solo se independizan más sino que lo hacen antes: a los 26,3 años enfrente de los 30,4 por término medio en España.

Pero, ¿cómo impacta esta precariedad en la natalidad y las pensiones? La consecuencia demográfica más evidente del atraso de la edad de emancipación es la reducción del número de nacimientos y el consiguiente envejecimiento de la población. Dicho esto, se hace urgente e imprescindible una apuesta nítida para facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes. Necesitamos este parque de vivienda pública que hoy por hoy no existe. Y, al mismo tiempo, y no menos importante, incentivar fiscalmente a los pequeños propietarios para que arrienden las viviendas que no habitan. Un incentivo fiscal unipersonal y únicamente al IRPF, con el fin de evitar que también se beneficiaran los grandes tenedores y fondos buitres, en el supuesto de que tributen en España. Porque, paradójicamente, si bien todos, ciudadanos y administraciones, somos perfectamente conscientes de la emergencia y de la necesidad imperiosa de aumentar el número de pisos de alquiler, cuando esta renta se declara en el IRPF, como ocurre, el ingreso tributa al mismo tipo que los rendimientos por el trabajo. ¿Quién quiere alquilar, pues, con estas condiciones? Y sobre todo cuando, además, el propietario afronta el temor de un posible impago, destrozos o incluso una ocupación.

El alquiler, pues, tiene que ser una de las respuestas, aparte del mercado laboral, para que nuestros jóvenes puedan hacer realidad su proyecto vital. Hay que señalar en este sentido que los precios del alquiler desde 2015 se han disparado un 53% acumulado mientras que en el mismo periodo la renta per cápita en Catalunya ha retrocedido diez puntos.

La gentrificación y la proliferación de apartamentos turísticos ponen en entredicho el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución

Se habla mucho del derecho a la vivienda, porque de hecho así lo reconoce la Constitución española en el artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero la realidad es que no hay suficiente y todavía menos a un precio asequible para todo el mundo o para una gran mayoría. No solo no se articulan políticas públicas adecuadas, sino que demasiado a menudo se hacen acciones contraindicadas. La apuesta desmesurada por el turismo es, sino la única, la principal de ellas.

La gentrificación y la proliferación de apartamentos turísticos ponen en entredicho este derecho a la vivienda. En ningún caso querría apelar a la turismofobia, consciente de que hoy el turismo representa el 12% del PIB catalán y el 13% del total de ocupados en Catalunya. Ahora bien, la transformación de viviendas en apartamentos turísticos provoca el encarecimiento del precio del alquiler hasta el punto que expulsa aquella población autóctona que no puede hacerle frente. Y la problemática en torno a los apartamentos turísticos o alquileres de temporada, lejos de apaciguarse, no deja de crecer. Quizás por eso, una de las medidas estrella de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, es la voluntad de eliminar en 4 años los 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad.

En un mercado tan tensionado, hablamos de migajas. Veremos. Porque toda medida cuenta con defensores y detractores. Tal como ya he dicho antes, la solución a la falta de vivienda no es ni fácil ni rápida. Será necesaria una buena dosis de consenso, proactividad y perseverancia.