La semana pasada se celebró en Barcelona una nueva edición de la feria inmobiliaria The District, no exenta de polémica por las protestas de algunos colectivos en contra de que la vivienda sea considerada y tratada como un bien de mercado en lugar de una necesidad básica y de que, no solo empresas sino también inversores, hagan negocio con ella.

Uno puede entender estas protestas, ya que se producen en un contexto en el qué el acceso a la vivienda es el principal problema económico que sufren los catalanes, especialmente los jóvenes y si quieren vivir en Barcelona o su área metropolitana. No es un problema exclusivo, también lo sufren en Madrid y muchas otras ciudades europeas, por no ir más lejos. La economía catalana y española resiste, el mercado de trabajo va bien –aunque los sueldos hayan perdido poder adquisitivo los últimos años–, y los precios, en general, se han contenido en los últimos meses. Pero la vivienda en la capital catalana, ya sea de alquiler o de compra, cada día está más lejos del alcance de los jóvenes y de familias de lo que se conoce como clase media.

El sector inmobiliario, reunido en Barcelona, no fue ajeno al problema. De hecho, la vivienda social fue uno de los temas centrales del The District y muchos ponentes se refirieron a ella como una de las grandes carencias, y al mismo tiempo oportunidades, de Barcelona, para atraer inversión. Y es que sí, lo ven como un negocio, pero desengañémonos: garantizar el acceso a la vivienda no es su trabajo. La vivienda es un bien de mercado y si a alguien le corresponde limitarlo o evitarlo, no es a los privados sino al sector público. El privado tiene un primer objetivo, y no solo en el sector inmobiliario sino en todos, que es ganar dinero. Eso no es ni bueno ni malo, es así. Y si las empresas no ganaran dinero, no crearían puestos de trabajo.

El sector inmobiliario aborda la vivienda social desde el punto de vista inversor, pero desengañémonos: garantizar el acceso a la vivienda no es su trabajo

The District se acabó, el sector y los inversores se han ido, pero el problema se queda. Continúa y no se irá si no se ponen a ello de verdad las administraciones y, de una vez por todas, tienen en cuenta al sector. Los gobiernos, ni el español ni el catalán, ni los ayuntamientos, acabarán con los problemas de acceso a la vivienda solos, sin el apoyo del sector privado. Para abordar el problema hacen falta tres cosas: más oferta, mejor gestión y agilización administrativa. Para las tres cosas hay que hablar con el sector; si no, las iniciativas estarán condenadas al fracaso. La muestra la encontramos en los ocho años de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, cargo en el cual llegó con la bandera de la vivienda y que dejó con un balance pobre. Colau demonizó al sector y no quiso dialogar, cosa que este le devolvió boicoteando su medida del 30% de vivienda social en las nuevas promociones y rehabilitaciones de edificios.

Barcelona necesita más oferta, tanto de alquiler como de compra. Por eso, lo que hace falta sobre todo es construir. Y las administraciones tienen que hablar con el sector principalmente porque es quien tiene que proveer la ciudad y el país de los pisos y casas que necesita. Como los gobiernos no lo harán directamente, tienen que hablar con quien lo hará y poner las condiciones que necesiten y sean socialmente aceptables.

Pero además de hablar con las empresas, los gobiernos las tienen que entender, y entender que tienen que ganar dinero. No tiene que ser una barra libre, se tienen que poner límites y medidas, y por eso hace falta mejor gestión. Al sector se le puede convencer, porque la dicotomía es sencilla: ¿entre construir 1.000 pisos con una rentabilidad muy alta o hacer 20.000 y ganar menos, qué preferirá? Más gestión: si el 30% es un freno para las empresas, se tiene que saber por qué y si lo que hace falta es flexibilizarlo o eliminarlo, y si se elimina, qué medidas se tienen que llevar a cabo para que haya vivienda asequible.

Los gobiernos necesitan al sector privado porque siempre va por delante, identifica antes las necesidades y se adapta rápidamente

Se tiene que hacer vivienda social y asequible y se tiene que buscar la fórmula, pero también se tiene que hacer vivienda libre. Con más oferta, la lógica de mercado dice que el precio se contendrá. Puede ser que eso no pase si sigue el llamamiento a los inversores, aunque Barcelona lleva tantos años con una producción de nuevos pisos por debajo de las necesidades que ha creado el caldo de cultivo perfecto para los inversores y quizás si revierte esta situación, consigue frenar también la fiebre inversora. Pero en caso contrario, entonces lo que hace falta también es limitar la compra de viviendas como inversión, muchos países y ciudades del mundo lo hacen.

La administración también tiene otro papel importante: agilizar los trámites. Empezando por los de poner a disposición el suelo disponible, que primero es una cuestión de voluntad, pero después también burocrática, por los usos de los terrenos y los planes urbanísticos. A menudo es impopular dedicar solares a promociones inmobiliarias en lugar de hacer parques, bibliotecas u otros equipamientos, ya que los vecinos de un barrio, buena parte de los cuales tienen el piso en propiedad, lo que quieren es un barrio con más servicios, no más pisos. El acceso a la vivienda a menudo ya no es su problema. Pero los políticos tienen que actuar por el bien común. Y también tienen que reducir la carga burocrática, que sea más rápido y fácil hacer nuevas promociones.

Podría hablar también de los pisos turísticos, pero ya hablamos de otro problema, la masificación turística, que se tiene que abordar desde otros ámbitos, pero que sí que afecta al mercado de la vivienda porque reduce la oferta. Pero volvemos a lo mismo: diálogo con el sector y gestión. Porque si no se hace, como ha pasado los últimos años, va por libre y busca todas las rendijas para hacer negocio y tener la máxima rentabilidad. El privado siempre va por delante, identifica antes las tendencias, incluso las necesidades, y sobre todo se adapta mucho más rápidamente que las administraciones. Por eso, las administraciones tiene que trabajar con las empresas.