Las comunidades energéticas locales, entidades formadas por vecinos que controlan y participan en la gestión de las energías renovables de su bloque de pisos, vecindario, barrio o municipio, se han unido en una campaña para pedir al Gobierno que mejore la regulación y elimine las trabas que tienen pymes, cooperativas y entidades locales al intentar aplicar su mirada social a la gestión de la energía. Entre otras cosas, piden que se regule con mayor precisión la figura de las comunidades después de que no se aprobara un Real Decreto sobre las comunidades que salió a información pública, que se aumenten las ayudas públicas y que se controle que las grandes empresas no accedan a ellas a partir de filiales.
"Las grandes energéticas se registran como filiales y acceden a ayudas destinadas a comunidades energéticas", denuncia Cristina López Saavedra, ingeniera experta en renovables y responsable de Justicia climática y energía de Amigos de la Tierra, que forma parte de la campaña 'Enciende tu energía', que une a 30 entidades y pymes que, a través de la Coalición de la Energía Comunitaria, reclaman más capacidad de decisión y económica para las comunidades energéticas.
"Las comunidades van más allá del bloque de pisos, se puede organizar todo un barrio o incluso un municipio con la participación de un Ayuntamiento para gestionar la luz de origen renovable. Pero hay demasiadas trabas", añade.
Un decreto que no se aprobó
En abril del año pasado, el Gobierno lanzó a información pública un proyecto de ley de 28 páginas a partir del cual se desarrollaban las figuras de las comunidades energéticas. La Coalición por la Energía Comunitaria presentó entonces alegaciones, entre ellas que las empresas con más de un 10% de cuota de mercado de cualquier fase del sector energético (producción, comercialización o distribución) no pudieran formar parte de una comunidad energética, con tal de "evitar el oligopolio" de las grandes empresas y garantizar que nadie se lucra con la participación ciudadana en el reparto eléctrico.
Pero este decreto no llegó nunca a aprobarse. El Ministerio de Transición Ecológica asegura que "el real decreto-Ley 5/23 incorporó a nuestro ordenamiento jurídico las figuras de las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas de energía". Pero en dicho decreto-ley, de medidas por la guerra de Ucrania, la mención a estas comunidades es tan solo una frase en que se incorporan al ordenamiento jurídico español los principios reguladores de las comunidades energéticas". "La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, introduce una nueva figura en el sector energético: las comunidades de energías renovables, que permiten una mayor implicación de los ciudadanos y autoridades locales en la transición energética, fundamental para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos en materia de energías renovables.
López Saavedra asegura que "se tenía que hacer un análisis de barreras y obstáculos para trasponer las directivas con mayor detalle y no se hizo", mientras que "incluir su mención en un decreto de medidas urgentes no es una regulación válida", denuncia.
Medidas para limitar el poder de las grandes energéticas
"La ley española no recoge que las grandes empresas se queden fuera de las comunidades energéticas", defiende Saavedra, que de hecho denuncia que algunas multinacionales se disfrazan de comunidades mediante filiales y, además, cree que las ayudas públicas aprobadas, de 100 millones de euros, son mucho menores al potencial. "Calculamos que toda la electricidad doméstica y del comercio se podría cubrir con comunidades energéticas o autoconsumo colectivo", asegura la investigadora y activista.
Desde el equipo de comunidades energéticas de Som Energia, Manel Sastre constata que algunas comunidades se han visto "bloqueadas" por la distribuidora eléctrica, motivo por el que el Govern abrió un expediente sancionador a Endesa en julio del año pasado. "Retrasan trámites, no responden, dificultan el proceso pidiendo excesiva documentación. Es algo que ha ido mejorando con nuestra presión, pero seguimos encontrando resistencia", denuncia Sastre.
"En una comunidad energética, la clave es que tenga una gobernanza democrática y las decisiones se tomen en asamblea, pero hay que tener en cuenta que muchas veces colabora gente vulnerable. Aunque muchos proyectos se han llevado a cabo con subvenciones, cuando se acaben no sabemos si todos seguirán adelante si no hay un seguimiento del sector público", expresa Sastre.
Bono social, ayuntamientos y asesoramiento
Saavedra, por su parte, pide "que no se le quite el bono social a quien participe en una comunidad energética", ya que el bono social está solo asociado a unas empresas y quitárselo a alguien que quiere consumir renovables a través de una red proactiva acaba siendo desincentivador.
Las medidas propuestas por la campaña pasan por "el impulso a las figuras de asesoramiento" y la creación de comunidades energéticas en cada municipio dentro de los ayuntamientos para potenciar y facilitar el acceso a los ciudadanos.
Reclaman también que, tal y como recoge la directiva europea, "se otorguen a las comunidades energéticas derechos para gestionar las redes de distribución", así como medidas contra el oligopolio energético, como que las mismas empresas participen en varias fases de la cadena de valor y una auditoría ciudadana de las redes de distribución para conocer inversiones y proyectos realizados y necesidades de las comunidades.