El Gobierno mantiene su agenda de cierre nuclear y ha autorizado este miércoles la ejecución y montaje del segundo Almacén Temporal Individualizado (ATI-100) de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, necesario para dar salida a los residuos gastados de cara al cierre previsto para 2028 y a su posterior desmantelamiento que debe comenzar tres años después y durar unos 10, aproximadamente. 

El Boletín Oficial del Estado (B.O.E) ha informado este miércoles de que autoriza la construcción de esta nueva instalación "que permita aumentar la capacidad de almacenamiento de contenedores actualmente disponible hasta cubrir el 100 % de las necesidades de almacenamiento hasta el final de la vida de operación prevista de las dos unidades de la central y su posterior desmantelamiento". 

La decisión se da en medio de una ofensiva del sector nuclear para pedir el alargamiento de la vida útil de las centrales, con estudios y avisos varios de que el desmantelamiento podría ser negativo para el abastecimiento y la economía española. 

Concretamente, Almaraz, en Cáceres, tiene un papel crucial para el suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid, que apenas produce energías renovables, y según un estudio de la consultora Mentyis podría tener un impacto de 829 millones en el valor agregado bruto nacional y un coste de más de 15.000 empleos todo ello entre afectaciones directas e indirectas.

Almaraz produce alrededor del 7% de la energía de toda España y un 15% de la de la Comunidad de Madrid y un informe de la consultora PwC para el sector ha estimado en 13 €/Mwh el impacto del cierre en la factura de la luz. 

La misma consultora realizó un estudio sobre el impacto en la economía y los precios catalanes de los cierres de Ascó I y II y Vandellòs, previstos respectivamente para 2030, 2032 y 2035. La dependencia catalana de las nucleares, que producen alrededor de un 49% de la demanda, elevaría este coste a 30 euros/Mwh y a 1.200 millones anuales totales a cubrir por los consumidores en la factura de la luz. 

Tanto Endesa como Iberdrola, así como los representantes de patronales como Foro Nuclear, se oponen a los cierres previstos de las centrales catalanas y extremeña y piden un alargamiento de la vida útil en la línea de lo autorizado recientemente por la Unión Europea para Bélgica. Apuntan además a la contradicción del hecho de que Teresa Ribera, antes ministra favorable al cierre en España que no atendió a sus peticiones, haya sido la encargada de dar el visto bueno al aplazamiento belga de 10 años a cargo de la empresa Engie y con ayudas de 32.000 millones, la mitad de ellos para la gestión de residuos.

Las voces del sector también que si se concreta el cierre de Almaraz, el primero previsto para 2027, se pondrá la primera piedra para el cierre de las centrales nucleares catalanas, ya que marca la agenda a seguir y podría generar conflictos si se decide mantener unas y cerrar la otra. Por ello, mantener Almaraz resulta estratégico para estas voces de cara a los futuros cierres, no solo en Catalunya, sino también en Trillo (entre Cuenca y Guadalajara), previsto para 2035, y en Cofrentes, Valencia, previsto para 2030.

El elevado coste de almacenar los residuos nucleares y el auge de las renovables previsto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son dos de los principales argumentos del ejecutivo para el cierre, así como los riesgos de radiación en caso de fugas por accidentes, que aunque es considerado bajo provocó catástrofes en Chernóbil y Fukushima. Si bien las renovables ya generan la mitad de la electricidad consumida en España, la energía nuclear todavía aporta el 20%. Las voces contrarias al cierre alertan de que, a falta de que el almacenamiento de renovables tenga un peso sustancial, esta energía deberá ser sustituida por gas e importaciones, que aumentarán las emisiones de carbono y el coste en la factura de la luz.