Las energías renovables se han desatascado este 2023 a nivel administrativo en Catalunya y el Govern ha conseguido autorizar 1.600 MW, sobre todo de fotovoltaica. Pero, aún hoy, los promotores de parques fotovoltaicos se encuentran ante dos grandes obstáculos a la hora de producir en tierras catalanas: la burocracia y la resistencia del territorio. La directora general de Energia, Assumpta Farran, lo reconoció este martes en un acto con promotores fotovoltaicos organizado por la patronal de instaladores UNEF. "Tenemos una carga de litigios tremenda, ahora mismo tenemos 13 parques con autorización previa pendientes de permiso de obra y 250 recursos por resolver", ha informado.
Ante un auditorio lleno de profesionales del sector interesados en saber cómo acertar en los trámites documentales a la hora de instalar un parque fotovoltaico, Farran ha sido autocrítica con respecto al parón catalán en renovables. Ha reconocido, para empezar, que "da vértigo la cantidad de documentación que pedimos". "Todos hemos empezado mal el proceso de las renovables en Catalunya. Primero, cerramos la puerta y una vez la abrimos, ancha es Castilla", ha relatado, "y estamos intentando ordenar este proceso". "Si bajamos la presión social sobre los parques fotovoltaicos, que no son nuestros enemigos, bajaremos el número de recursos", ha agregado Farran, que también trató con humor la decisión de la COP28 de dejar atrás los combustibles fósiles. "No hemos necesitado 31 años para entender que hay que dejar atrás los combustibles fósiles, creo que es algo que ya se sabía", ha dicho.
Aunque en el último año la Generalitat ha revertido una parálisis administrativa con la autorización de nuevos parques tanto de los de menos de 50 MW que puede aprobar el propio Govern como, en menor medida, de los de más de 50 MW que requieren aprobación estatal, la resistencia de agricultores, plataformas vecinales y ayuntamientos cada vez que un proyecto se acerca al territorio acaban torpedeando un proceso que ya de por sí es complejo por la burocracia. "Depende del caso y de cómo se afronten, puede demorar no la tramitación, pero sí el proyecto", explican fuentes del departamento de Acció Climática, que apuntan a que Unió de Pagesos tiene "una batería" de recursos a los proyectos fotovoltaicos.
Un 0,19% del total en España
La representante de UNEF en Catalunya, Helena Badger, recordó en la apertura de la jornada que más allá del aumento de la tramitación, Catalunya puso en marcha en 2023 tan solo 8,27 MW de potencia fotovoltaica sobre el terreno, lo que representa un 0,19% del total en España. "Vemos que las cosas se están empezando a mover, que se están definiendo cosas que estaban muy mal definidas, pero todavía hay muchos reptos. Sigue habiendo proyectos que pueden tardar 6 meses en la primera fase documental y después más de 500 días para recibir los permisos y empezar a construir, casi dos años en total", alega Badger en declaraciones a ON ECONOMIA. "El gobierno que tenemos enfrente es solo uno, pero a veces hay diferentes direcciones generales, de ordenación territorial o de energía, que nos presentan criterios y requisitos contradictorios", añade.
Las jornadas, que han contado con la presencia de técnicos de diversas áreas de la Generalitat además de la propia UNEF, sirvieron según Badger para "que estas dos partes se encuentren con los promotores y entre ellos y vean esa complejidad". Para la portavoz de la fotovoltaica, la resistencia a la energía fotovoltaica sobre el terreno tiene "dos vertientes". "Por un lado, tenemos un terreno arrugado, sin grandes superficies que ocupar sin molestar a nadie, como sí que tienen otros territorios. Y por el otro, una resistencia cultural y social porque aún no ha calado la necesidad de las renovables sobre el terreno. Uno de los motivos es que no genera puestos de trabajo, por lo que el reto ahora es atraer industria allí donde hay parques fotovoltaicos", comenta, reflexión que compartió también durante el acto Assumpta Farran, que sobre la falta de territorio apuntó a que "si no podemos competir en superficie, tenemos que apostar por ser mejores en almacenamiento y baterías".
Entre los asistentes al acto, se encontraban profesionales y promotores de empresas de distinto tamaño. María Jesús Olivas, asesora jurídica de EsparitySolar, contaba a ON ECONOMIA que su empresa, radicada en Valencia, intentó invertir en fotovoltaica en Catalunya hace unos años. "Nos echamos atrás al ver las dificultades", reconoce, y al ver una cierta reactivación, "parece que se mueve otra vez", decidieron ir al evento para tomar nota del proceso legal mientras otean unos terrenos en La Selva donde pretenden invertir. La empresa tiene ahora mismo 200 MW en desarrollo en distintas comunidades autónomas.
Centenares de quejas por proyecto
Como muestra de la resistencia que encuentran los parques fotovoltaicos en Catalunya, más allá de las recientes protestas en Anoia por los grandes terrenos donde Ignis pretende instalar 50 MW en 86.600 hectáreas, tan solo hace falta echar un ojo a las resoluciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando otorga alguna autorización administrativa previa. Hace una semana, concedió la autorización al que será el mayor parque de Catalunya con 172 MW, partido en uno de 115,12 y uno de 57, a cargo de Shell, con más de 262 hectáreas en Passanant i Belltall y Forès, en la provincia de Tarragona. "Varios ayuntamientos manifiestan su disconformidad al proyecto", apunta la autorización administrativa previa.
"Además, durante ese periodo, se reciben las alegaciones de las siguientes asociaciones/grupos/colectivos: Asociación «El Valle Sostenible», Comunidad de Regantes de la Huerta Sobirana, Asociación de Vecinos y Amigos de Belltall, Asociación de Defensa de la Naturaleza «La Banqueta de Juneda», Aran de Terra SCCL, Fleca L’Aresta SCCL, Agrupación de Defensa Forestal de Passanant, Cooperativa Reboll SCCL, Los Corremarges SCCL, Centro Excursionista «La Xiruca Foradada», Asociación Centro de Historia Natural de la Cuenca de Barberà, Colectivo «Eixarcolant», Asociación «Vall del Corb», Centro de Estudios del Gaià. Asimismo, tuvieron entrada alegaciones de 6 empresas y unas 500 alegaciones de particulares (86 de ellas conjuntas). El contenido de informes y alegaciones se ha tenido en cuenta en el proceso de evaluación", recoge el BOE.