El nuevo Impuesto Especial sobre envases plásticos no reutilizables ha entrado en vigor con fecha de 1 de enero de 2023, con muchas dudas sobre su gestión tributaria, y con la industria del plástico y de la alimentación alertando de algunas consecuencias económicas para los sectores a más afectados. Mientras, desde el Gobierno central, se espera recaudar unos 800 millones de euros este año con de esta nueva tasa que gravará con 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado que se utilice en la fabricación de envases plásticos, las láminas termoplásticas para producir envases y los materiales de cierre de los envases -film, tapones, adhesivos-, así como sobre la importación y la adquisición intracomunitaria de envases y materiales no reciclados.

Pero los fabricantes aseguran que, aunque según dicen la industria ha tomado conciencia de la necesidad de fomentar la reducción del uso de plásticos y potenciar la economía circular y la sostenibilidad, hay preocupación por la importante pérdida de competitividad que implicará para la industria española con respecto al resto de países comunitarios que no contemplan la puesta en marcha de un impuesto de estas características. De hecho, el único país que estaba decidido a hacerlo, Italia, se echó atrás. Cuando menos, hay que tener en cuenta iniciativas como las que se han llevado a cabo en Francia por la ley contra el desperdicio alimentario y donde, desde 2022, está prohibido el sobreenvasado con plástico de frutas y verduras en los supermercados y, desde este 2023, ha prohibido que la restauración utilice envases de un sol uso. España, pues, se ha quedado sola a la hora de trasladar las directivas europeas 2018/851 y 2019/904, relativas a la reducción del impacto de los productos de plástico de un solo uso. Según los datos de la Comisión Europea, cada ciudadano europeo rechaza 177 kilos de envases al año, cifra que supone medio kilo al día.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ya ha advertido que el gravamen tendrá un impacto directo alrededor de 690 millones de euros para las compañías del sector en un contexto "como el actual, con costes energéticos inalcanzables y con un repunte de la inflación. También mencionan al alza, y habría que sumar el de la Responsabilidad Ampliada del Productor, de cumplimiento obligado para todos los flujos de envases, que recae sobre los mismos fabricantes la responsabilidad operativa y económica de la administración de los residuos que generan sus productos al colocarlos en el mercado y que, según FIAB, puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros.

Por su parte, la Asociación Española de Industriales del Plástico (ANAIP) y su homóloga Asociación de Industrias del Plástico de Catalunya (AIPC) han alertado del gran alcance de afectación y los altos costes de gestión administrativa que comportará para las empresas, especialmente para las importaciones de productos comunitarios, ya que las empresas no tienen manera de obtener de sus proveedores extranjeros la información relativa a la naturaleza del plástico de sus envases y embalajes y su peso. Por lo tanto, no afectará tan solo en las empresas del sector del plástico. En la práctica, será difícil encontrar en una empresa del sector secundario que no se encuentre sometida a este impuesto por el simple hecho de adquirir fuera del territorio español cualquier clase de mercancía que venga embalada con plástico no reciclado y que este suponga más de 5 kg en el mes. Además, el impuesto formará parte de la base imponible del IVA, lo que implica que a cada transacción el IVA se calculará sobre una base cada vez más alta, "inflada" en cada paso por|para el impuesto.

Los países europeos "se tienen que adaptar a esta directiva", manifiesta Albert Farrés, asesor en fiscalidad medioambiental de la Cecot, pero no solo ha generado muchas críticas, sino que ahora que ya ha entrado en vigor se mantienen muchas dudas sobre su correcta gestión tributaria". Su liquidación mensual o trimestral -que controlan las aduanas si es una importación extracomunitaria, pero que es especialmente compleja si se trata de compras intracomunitarias- contempla muchas especificidades -dónde se compra, qué se compra, para qué sirve el producto- y abarca toda la cadena de valor -desde un envase de producto hasta el film de embalaje de un palé-. "Por lo tanto, es un impuesto complejo, que no está armonizado, y que tributariamente no está bien resuelto con respecto a su gestión y liquidación", añade Albert Farrés.

Desde la plataforma estatal EsPlásticos -que agrupa todas las voces del sector del plástico en España- se percibió al Gobierno central que ponía en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas. EsPlásticos recuerda que el tejido empresarial dedicado a esta actividad lo configuran más de 3.000 empresas, el 98% de ellas pymes y micropymes, que dan trabajo además de 80.000 personas y que tienen un escaso poder de negociación con sus proveedores y clientes (grandes empresas envasadoras y de distribución). Según la última radiografía del sector de los plásticos, elaborada por EsPlásticos, esta actividad genera una cifra de negocio anual de más de 31 000 millones de euros, representa el 2,7% del PIB español, el 21% de la industria manufacturera -3.000 emprendidas- y aporta más de 1.500 millones de euros en las arcas públicas.

El sector también evidencia que, a pesar de los avances tecnológicos, ahora mismo no hay alternativas suficientes al plástico para poder envasar según qué tipo de productos alimenticios con las debidas condiciones de seguridad y conservación.