La pobreza energética es el nombre que recibe la incapacidad de tener el hogar a una temperatura adecuada y confortable en invierno, aunque cada vez más puede también trasladarse al verano por las altas temperaturas y más frecuentes olas de calor. Según la Comisión Europea, en España afecta al 20,8% de la población, casi el doble de la media europea y en el peor lugar junto a Portugal y Bulgaria, y la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza (EAPN) acaba de emitir un informe coincidiendo con la semana de la pobreza energética que estima que ha aumentado un 196% (o sea, se ha triplicado) desde 2008. Factores como los altos alquileres, los malos aislamientos de los edificios o los bonos sociales que no llegan acrecientan el problema. 

La ONG Ecodes ha elaborado diversos estudios que concluyen que las 19 medidas "bien orientadas" planteadas por la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética desde 2019 hasta 2024 no han conseguido el objetivo mínimo de reducir en un 25% los indicadores de pobreza energética en 2025. De hecho, han aumentado también en este intervalo, así como lo han hecho el número de personas que no pueden pagar las facturas. 

"La problemática de la pobreza energética en verano está cobrando especial relevancia en España dadas las intensas y persistentes olas de calor que estamos sufriendo en los últimos años, por lo que habría sido necesaria la inclusión del indicador de la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano" reconoce en su último informe Ecodes. 

La creación de un nuevo bono social eléctrico para mejorar los descuentos a la luz de familias vulnerables, con una prohibición expresa de interrumpir los suministros a consumidores vulnerables añadida, era una de las medidas principales. Pero con todo y con eso, un 75% de los hogares con derecho al bono social no lo están percibiendo, según las encuestas de Ecodes, un 70% según la Cruz Roja.

En el inicio de 2025 el bono queda entre el 50 y el 65% de descuento de la factura y se estabilizará en 2026 entre el 35 y el 50%, en función del grado de vulnerabilidad, después de varios cambios provisionales por las medidas extraordinarias primero por la pandemia y después de la guerra de Ucrania. 

La prohibición de los cortes de suministro también queda prorrogada hasta diciembre de 2025, para cuando habrá 1,6 millones de personas en vilo por si finalmente decae. 

Alquiler y energía, difícil combinación 

Las personas que viven de alquiler sufren de manera más aguda la pobreza energética. En primer lugar, porque un alquiler elevado combinado con una alta factura de la luz asfixia todavía más las rentas bajas e incluso las altas. Y en segundo, porque no siempre los propietarios han realizado las inversiones en rehabilitación energética que mejoren la eficiencia de las viviendas y, por tanto, reduzcan el consumo eléctrico. 

Las personas que viven de alquiler tienen menos margen económico para realizar inversiones en una vivienda y, en ocasiones, ni siquiera tienen la autorización para ello. De hacerlo, además, el propietario puede beneficiarse de la inversión del inquilino. 

De hecho, un estudio también de Ecodes concluye que el 30% de las secciones censales de Madrid combinan alquileres altos y baja eficiencia energética, con un 18% afectadas gravemente y un 2% muy gravemente. 

La eficiencia energética se consigue con un buen aislamiento del edificio y de la vivienda, con el uso de energías renovables que disminuyen el precio de la luz, con el aprovechamiento de la luz natural, con electrodomésticos, sistemas de calefacción y frío de bajo consumo con termostatos inteligentes y con luces de bajo consumo, entre otras medidas. Y no todas las viviendas cuentan con ello. A mayor eficiencia, además de menos consumo y menos gasto económico, se emite menos CO2. Las viviendas emiten aproximadamente el 14% del CO2 en España.  

A partir de 2030, todos los propietarios estarán obligados a una rehabilitación energética que suponga un certificado D (el cuarto mejor) para las viviendas antes de venderlas o ponerlas en el mercado de alquiler. 

Más del 16,4% de los hogares en España tiene un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos y los gastos energéticos de las viviendas menos eficientes pueden llegar a alcanzar casi la mitad del precio del alquiler. 

La rehabilitación mejora lentamente

Aunque la rehabilitación de inmuebles creció en 2024 un 47% hasta los 55.473 inmuebles en un solo año, según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), esta cifra está por debajo de las 83.000 viviendas que pretendía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y mucho más de los 300.000 al año de cara a 2030 con tal de llegar a haber renovado energéticamente 1,37 millones de hogares para ese año. 

El programa de rehabilitación residencial, financiado con fondos Next Generation, está dotado de 3.420 millones de euros, de los que el Gobierno ya ha traspasado 2.211 millones a las Comunidades Autónomas. 

Pero el propio CSCAE de la mano de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales detecta como barreras a estas ayudas la falta de un programa de ayudas "estables, accesibles, ágiles y transparentes que generen confianza", así como un desconocimiento de las mismas. 

Las entidades ven en la obligatoriedad creciente de manera progresiva de que la nueva vivienda sea eficiente energéticamente y de que los propietarios estén obligados a rehabilitarlas una oportunidad para mejorar la situación. Son medidas que nacen de la Directiva europea de Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD) aprobada recientemente, que además obliga a los estados a velar por la reducción del consumo medio de energía de las viviendas en un 16% para 2030 y en un 20% de cara a 2035. 

De cara a 2050, todos los edificios de la UE deben alcanzar el nivel de edificios de cero emisiones. Pero millones de españoles, a día de hoy, se conformarían con poder pagar la factura de la luz sin sobresaltos.