El 27 de diciembre del año pasado, entraba en vigor el real decreto 1055/2022, de envases y residuos, con la finalidad de "prevenir o reducir" el impacto de los envases en el medio ambiente y "evitar obstáculos comerciales en el mercado de la Unión Europea". El artículo 7 de esta ley, que daba a los comercios seis meses para adaptarse, obligaba a los comercios a "presentar a granel aquellas frutas y verduras frescas que se comercialicen enteras". Pero más de ocho meses después, esta ley sigue sin aplicarse, como es obvio para cualquiera que haya visitado un supermercado o una frutería en los últimos días. El motivo es un retraso del Ministerio de Agricultura a la hora de determinar qué frutas presentan un riesgo de deterioro que las excluya de esta obligación.
El artículo que obliga a vender a granel las frutas y verduras enseguida introduce dos matices que rebajan el cerco al plástico. La primera, que "esta obligación no se aplica a las frutas y hortalizas envasadas en lotes de 1,5 kilogramos o más" y la segunda, que tampoco se aplica "a las frutas y las hortalizas que se envasen bajo una variedad protegida o registrada o cuenten con una indicación de calidad diferenciada, así como a las frutas y hortalizas que presentan un riesgo de deterioro o merma cuando se venden a granel". ¿Y cuáles son estas frutas y hortalizas con riesgo de deterioro o merma? Todavía no se sabe y eso paraliza la aplicación de la norma.
El Gobierno, dos meses tarde en la elaboración de la lista
Como especifica el decreto, las frutas y verduras con riesgo de dañarse si se venden a granel "se determinarán por orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto". O sea, que ya van casi dos meses tarde, puesto que los seis meses se cumplieron el pasado 27 de junio. Pero no solo eso, "una vez publicada la lista anterior, los comercios dispondrán de un plazo de seis meses para su adaptación en el caso de las frutas y hortalizas no exceptuadas". O sea, que aunque el ministerio y la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición publicasen hoy la lista, aún faltarían seis meses para que se empiecen a aplicar las sanciones, que correrán a cargo de las comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, autor de la ley, aunque no elabora la lista, reconocen que "se están cerrando algunos detalles" y están "esperando una nueva propuesta más ambiciosa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", mientras que desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) explican el embrollo burocrático por el que aún no tienen la lista a punto. "Hemos solicitado un informe al Comité Científico", explican, que sirve de base para revisar una propuesta que se aprobó en mayo. "El informe está pendiente de publicación en la página web del AESAN y está previsto que se produzca en el mes de septiembre", explican las mismas fuentes, sin precisar demasiado ni las frutas que incluirán ni los motivos de la demora.
Desde Greenpeace, su portavoz Julio Barea lamenta que "el retraso perjudica al medio ambiente" en medio de lo que denomina como "una pandemia silenciosa de contaminación por plástico". Barea se muestra también decepcionado con los ministerios, a los que también han escrito pidiendo respuesta. Barea asegura que "esto era una patada hacia adelante, un tema que se podría haber resuelto en una semana". "Seguimos sin saber qué frutas y verduras están excluidas y seguimos teniendo las frutas y verduras envasadas", explica Barea, también pendiente de la aprobación de esta lista para fiscalizar el cumplimiento del decreto. "Con las dificultades para tener gobierno, el tema se complica, y no creo que esté la lista antes de finales de año", lamenta Barea.
Teniendo en cuenta que el decreto fija que las comunidades autónomas tienen las competencias sancionadoras a pesar de que las competencias sobre residuos están transferidas a los municipios, "ahí hay otro vacío de la ley", según Barea, de Greenpeace. Desde Facua, y según ha podido saber ON ECONOMIA, presentarán un escrito al Gobierno apremiando a la aprobación de esta lista que permita avanzar en el cumplimiento del decreto, "porque mientras tanto sigue sin hacerse efectiva una norma de protección medioambiental". "La lentitud en el proceso hace un flaco favor a los objetivos de la agenda 2030", completa Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
En España, según cifras del Ministerio de Transición Ecológica, se recicla menos de la mitad de residuos plásticos, un 45,6% del 1,7 millones de toneladas que se generan. Hay un 60,31% de plásticos que se valoriza, es decir a los que se les alarga la vida útil, pero en ellos entran también los reciclados, con lo cual un 40% de los plásticos se desperdicia. Los plásticos no solo contaminan los mares, sino que también se fragmentan dañanado todo tipo de ecosistemas y llegando también a ser perjudiciales para la salud humana, pues ya han sido hallados dentro del cuerpo humano en distintas partes. El plástico, como todos los residuos, no es 100% reciclable, por lo cual la reducción de su uso es una prioridad mayor a aumentar su reciclaje.
Aparte de la regulación recogida en el decreto sobre las frutas y verduras a granel, desde 2023 el Gobierno español también intenta reducir los residuos plásticos mediante un impuesto a los envases no reutilizables, que afecta a toda la industria con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico no reutilizable fabricado o adquirido a terceros y que ha servido ya para que la Agencia Tributaria recaude 166,6 millones de euros en lo que va de año, según informó la agencia EFE.