"Lo seguiremos como si fuera la Superbowl". Anna Rivera, directora comercial de la empresa Youwind, que ayuda a algunos de los seis candidatos a planear el próximo Parque Eólico marino de la Costa Brava, bromea sobre la atención con la que los actores clave en la carrera vivirán el Consejo de Ministros del próximo martes. El coste de las instalaciones puede rondar entre los 1.500 y 2.000 millones de euros y, si finalmente tira adelante, tendría que estar listo para aproximadamente el año 2030. La noticia se dio a conocer de manera inesperada durante una jornada divulgativa con ingenieros e implicados en esta carrera a la que asistió ON ECONOMIA este miércoles. La subdirectora general para la protección del mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Itziar Martín Partida, reconoció en su intervención que los esperados Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) "serán aprobados, si todo va bien, en el próximo Consejo de Ministros." Cuando lo dijo como si nada, los WhatsApp de los implicados empezaron a echar humo. "A mí me sorprendió que lo anunciara", dice otra fuente, que reconoce que "hace dos meses" que siguen todos los Consejos de Ministros para ver si se aprueba.

Ferrovial, Saitec, Iberdrola, Cobra, Capital Energy y una colaboración entre Bluefloat y Sener unidas en el proyecto ParcTramuntana son las empresas candidatas a construir el proyecto, que arrancarán una carrera que todavía tendrá varias fases. Tal como avanzó el martes la ministra de Transición Ecológica a Teresa Ribera, "la aprobación del POEM no quiere decir la autorización automática del Parque Eólico", ya que "todavía queda mucho camino" y se abrirán a recibir las candidaturas para evaluar si cumplen los requisitos. Todavía queda por conocer la normativa y requisitos del concurso público y que finalmente se abra la subasta. Los expertos hablan de 2030 como la fecha en la cual podrían estar construidos. Ahora bien, los implicados lo ven más cerca que nunca ahora que el mapa del tesoro tiene trazado el espacio para construir delante de la Costa Brava.

El POEM es un mapa que establece las bases sobre los lugares donde se podrán y donde no se podrán construir parques eólicos en el mar basándose en criterios ambientales y normativos. El Golf de Roses es la única zona de Catalunya donde el Gobierno autoriza la posible construcción de energía eólica. Lo hará también delante de A Coruña (la extensión mayor donde se puede construir), delante de Vigo, de la costa de Asturias, Málaga, una pequeña región entre Málaga y Almería y un par de regiones de las islas Canarias. Caen del borrador inicial las islas Baleares y otra parte almeriense que inicialmente se preveía como zona explotable. En total, se podrían llegar a construir parques marítimos en hasta 19 puntos diferentes de España (muchos de ellos están muy cerca los unos de los otros), previsión que coincide con las intenciones de las constructoras de empezar en torno a 15 proyectos.

Después de un borrador publicado el mes de junio del año 2021, se esperaba que para finales del año pasado estuviera el plan de evaluación definitiva, pero se ha ido posponiendo. En este tiempo, colectivos ecologistas en defensa de la biodiversidad marina y empresarios de la Costa Brava preocupados por el impacto paisajístico han presionado a fin de que no se permita. Pero, finalmente, el documento permitirá que haya turbinas flotando sobre el mar a 24 kilómetros del Golf de Roses, con las turbinas más próximas a la tierra a 14 kilómetros del Cap de Creus.

Hasta ahora, los candidatos que más han promocionado su propuesta son Parc  Tramuntana, proyecto formado por Bluefloat y Sener. Su propuesta ya está prediseñada de hace tiempo, y prevé soterrar el cable de alta tensión que conecte el parque marítimo con la tierra firme donde se tiene que distribuir la energía. "Eso encarece todavía más el proyecto, porque hemos tenido en cuenta las sensibilidades del territorio y hemos hablado con ellos", aseguran desde el proyecto. Según sus previsiones, podrán generar 500 megavatios con 35 turbinas, una capacidad suficiente para cubrir el 45% de la demanda energética de la demarcación de Girona. "Eso es un paso, pero todavía hace falta que se apruebe la normativa. Falta camino" alerta con cautela Raquel Juan, responsable de negocio del Parque Tramuntana, que defiende la "compatibilidad ambiental" que sus estudios trazan con la biodiversidad y el espacio marino.

El proyecto de Capital Energy, conocido como l'Empordà, prevé 34 molinos con una potencia total de 510 MW, exactamente la misma capacidad y número de turbinas que el de Ferrovial, que se denomina Creus. El de Iberdrola, con el nombre de la filial parc Gavina, también prevé 500 MW de potencia, mientras que la compañía vasca Saitec por ahora solo ha presentado un proyecto piloto con cinco aerogeneradores y 50 MW de potencia, similar a lo que ya está construyendo en Bilbao. El de Cobra es el mayor de los planteados, con una potencia de 1.200 MW bajo el nombre de Catwind.

Los ecologistas no se rinden

Ahora bien, la batalla económica no será la única que se librará en la Costa Brava. El movimiento ecologista no se rinde y seguirá plantando cara a lo que consideran una amenaza para el ecosistema. Lo hace, curiosamente, de la mano de empresarios de los sectores hoteleros y de turismo, así como clubs náuticos y entidades locales que temen por el impacto visual que puede afectar a sus negocios.

Rafael Sardà, investigador del CSIC especializado en ciencias marinas, es la principal voz científica opuesta al proyecto, que cuenta también con ecologistas defensores de los parques. Según explica a ON ECONOMIA, este año la comunidad científica ha conseguido que se aprueben tres proyectos importantes para evaluar el impacto ambiental que tendrían los parques eólicos marinos, que él cree que tendrá resultados negativos por lo que previamente ha estudiado.

"Construir en aquella zona puede ir en contra de todas las normativas europeas sobre preservación de los ecosistemas. Se tiene que ir con cuidado, porque todas las zonas en torno a la prevista son zonas protegidas, y en el momento que la construcción tenga un impacto sobre mamíferos, cetáceos, la gamba de Palamòs u otras especies, puede ser un delito ecológico", asegura. "Hemos enviado una carta a la ministra para pedir una moratoria y que espere a los estudios ambientales. Además, no creo que estos proyectos sean rentables si no es con subsidios, y si eso acaba como otro Castor, esperamos que alguien asuma las consecuencias", añade. "No estoy en contra de la eólica, al contrario. Hace años que la defiendo. Pero si hay unas normativas de protección ambiental y viene una industria y se las salta, no se pueden apropiar del discurso de la sostenibilidad", remata.