El sector nuclear catalán, responsable del 57% de la electricidad, se revuelve contra el apagón previsto en España por el Gobierno hasta 2035. “No va a pasar. Es imposible”, sentenció Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. La pérdida de 10.000 empleos, el aumento de emisiones, la mayor dependencia energética de otros territorios y el propio suministro son algunos de los riesgos apuntados por las voces del sector en un foro celebrado este miércoles en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona. 

En una jornada de lobby dedicada a ensalzar las bonanzas del sector, Araluce, recordó que harían falta 17 GW de energía fotovoltaica para sustituir la nuclear y una gran cantidad de baterías de almacenamiento que a día de hoy son una gran carencia, ya que actualmente "la eólica y fotovoltaica se detienen cuando no hay sol o viento". "Como esto no va a suceder, si quitamos ese porcentaje de electricidad que nos da la nuclear, se va a necesitar mucha más electricidad producida fuera de Catalunya", ha sentenciado Araluce. 

Una menor soberanía energética, en la línea de lo que se está viendo con la exportación desde Aragón de la línea de Muy Alta Tensión y teniendo en cuenta la baja presencia de renovables en Catalunya, sería por tanto una de las principales consecuencias del cierre de las nucleares según el sector. Las bajas emisiones de la nuclear fueron otro de los pilares del argumentario de sus defensores. El director general de ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós), Paulo Jorge Domingues Dos Santos, lo resumió así: "La forma más económica para luchar contra el cambio climático a día de hoy es prolongar la vida de los reactores nucleares". +

Extensión de vida a 80 años

De hecho, Dos Santos apuntó a que los 40 años de vida de los reactores en España es "el mínimo para recuperar la inversión realizada", pero que podría extenderse a 80 años como sucede en Estados Unidos o a 60 "como en muchos países del mundo". 

os Santos estimó en unos 10.000 los empleos asociados a Vandellós, entre los 1.900 contratados y los 1.200 adicionales dos veces al año en los momentos de carga y unos 8.000 indirectos empleos indirectos entre hostelería y proveedores. 

El directivo defendió el "relevo generacional" de Vandellós, con una media de 46 años que "si no siguen no será porque no tengan ganas de continuar y ningunas ganas de que nos cierren". La pérdida de inversiones, 100 millones en tres años para este curso, sería otro daño para Catalunya en caso de que se acabe poniendo fin a la nuclear tal y como defiende el actual Ministerio de Transición Energética. 

Entre los riesgos de desmantelar la nuclear, defendió de nuevo Araluz, está "desmantelar industria en zonas en las que se está pidiendo una actividad económica mayor".

Riesgos para la industria

A la salida de esa industria habría que añadir, según afirmó Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de Foment del Treball, que "la industria no se sienta atraída por Catalunya por la falta de generación energética", como de hecho ya está sucediendo en Aragón con los centros de datos. "No todo se puede electrificar", ha subrayado Sedó apuntando a las necesidades energéticas de la industria, si bien Catalunya ni siquiera está cumpliendo sus deberes en la cobertura con renovables de la demanda eléctrica. 

La jornada se abrió con un estudio de PWC presentado por la directora de la división de consultoría energética de la empresa, Esther Martínez Arroyo, quien defendió que "la energía nuclear tiene que tener un papel" en la transición energética, porque es "baja en emisiones de CO2" y porque "puede funcionar cuando las renovables no están funcionando". 

Martínez-Arroyo recordó la subida de la tasa Enresa, precio que fija el estado para el megavatio de energía nuclear, que ha pasado de 7,98 euros en 2019 a 10,36 en la última revisión realizada este año, "un incremento del 30%" que ha tildado de "excesiva". "Asfixiar de impuestos a la nuclear les hace perder competitividad", ha dicho Martínez-Arroyo, argumento al que por supuesto se han apuntado los portavoces del sector.

1.600 millones en impuestos en 2024

Domingues ha recordado que en 2025 Vandellós pagará un total de 271 millones en impuestos. "Desde que se empezó a recaudar, habremos pagado 661 millones en impuestos. De esos, solo un 13% de esa cantidad, 83 millones, irán al fondo de trasición nuclear", ha criticado Domingues. Araluz, por su parte, ha estimado que la nuclear pagará en España 600 millones a Enresa y 1.000 millones de otras cargas fiscales en 2024, con una factura total de 1.600 millones por cargas fiscales. 

Los principales portavoces del sector, con el estudio de PwC como punto de partida, presionan para que España cambie una postura contraria a las nucleares que divide a la Unión Europea. Mientras que el ejecutivo de Pedro Sánchez se alinea con Alemania (ambos potencias en eólica y fotovoltaica), Francia lidera la defensa de las nucleares, incluso su ampliación, como vector energético de la descarbonización. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé los planes energéticos de cara a un 2030 descarbonizado prevé un desmantelamiento de las plantas nucleares de España en 2035, pasando de 2023 a 2030 de los 7,2GW actuales a los 3, para finiquitarla en los 6 años posteriores. 

Para acabar de empaquetar el argumentario a favor de las nucleares, la jornada contó con la visión de Peppi Seppala, del Partido de los Verdes de Finlandia, quien explicó que su partido abandonó el Gobierno en 2014 porque se oponía a la nuclear y que ha cambiado de posicionamiento al considerar que es una de las claves de que Finalndia, con un 40% de energía nuclear, tenga una electricidad en un 94% libre de emisiones y en un 98% producida en Finlandia. 

En Catalunya, que produce solo un 14% de electricidad con renovables, cuatro veces menos que el 57,6% español, el desmantelamiento de la nuclear dejará un agujero mayor que en otras comunidades.