Cuando, en el año de 2018, la ciudad de Terrassa asumió la gestión municipal del agua a través de Taigua y sustituyendo a la privada Mina, no prometió una bajada de precios, pero sí que el ahorro de los costes operativos por sueldo de directivos podría llegar a ser del 30% y que los beneficios empresariales irían a parar a los ciudadanos. Cinco años después, un informe del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) cuestiona duramente al gran paradigma catalán de la municipalización del agua: los precios han subido un 42% de golpe en 2024, los gastos de personal han crecido un 55,9% desde 2019 y las inversiones han caído, de una media de 4,1 millones con la gestión privada a un promedio de 2,8 con la pública (a precios equiparados con la inflación actual). 

Desde el Ayuntamiento, responden a este análisis cuestionando algunas de las conclusiones. "El aumento de los precios se ha dado porque teníamos las tarifas congeladas desde 2014", explica a ON ECONOMIA la jefa de área de Transición Ecológica, Anna Crispí, que asegura además que las subidas aplicadas "son progresivas" y afectan sobre todo a quienes gastan más agua. Mientras que el estudio de OSUR cuestiona la retirada de la tarifa social por las bonificaciones, Crispí asegura que las familias vulnerables se verán mucho menos afectadas por el incremento de la tarifa. Además, desde OSUR aportan cifras oficiales que muestran un aumento mayor en las cuotas fijas que en las variables. 

Si revisamos el mapa de precios de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en 2023, Terrassa contaba, antes de la subida, con unos precios similares a la vecina Sabadell e inferiores a Matadepera, Castellar del Vallés o Sentmenat, ciudades de menor tamaño y todas ellas con concesión privada. Hay también municipios más baratos como Abrera, Sant Quirze del Vallès o Monistrol de Montserrat. Con la subida de precios, Terrassa podría pasar a la franja de precios más altos y abandonar la intermedia. 

En cuanto a las inversiones, Crispí pone en valor que las de 2024 y 2025 alcanzan los 5,4 millones, superiores a las que Mina realizaba en los últimos años de concesión, pero la media de los últimos años es en efecto inferior a los últimos años de Mina si descontamos la inflación y comparamos euros al mismo valor. Entre las inversiones realizadas, la técnica explica que se ha "implantado un sistema de detección de fugas de agua con un software" y "se ha renovado la red cambiando algunos tramos", en contra de lo que recogen las críticas del observatorio. 

El exministro de Justicia del PSOE Francisco Caamaño, presidente de OSUR, ha asegurado en un encuentro con medios que el cambio de modelo en Terrassa "no repercute en la mejora sustancial del servicio" y que la ciudad "ha incrementado la plantilla y los gastos de personal mientras ha reducido la inversión en mantenimiento de la red, de forma que se deteriora gradualmente". Lorenzo Dávila, doctor en Economía y director general de OSUR, ha apuntado que la subida del agua en Terrassa ha sido del doble que el IPC, del 21% en el mismo periodo, y que corresponde con la subida de la ciudad de Sabadell, ciudad vecina que no ha asumido gestión municipal. "El precio del agua en Terrassa sube el doble que en otras ciudades comparables", ha sentenciado Dávila. 

La comparativa entre la cuenta de resultados de 2019 y la de 2024 muestra que, los ingresos han subido un 25,4% desde entonces y los gastos lo han hecho un 44,7%. Entre los gastos, la subida de precios del 30% de la venta del agua en alta, provista por el ente de Abastecimiento del Ter-Llobregat (ATL) y el hecho de que el consistorio haya dejado de recibir agua de los pozos de Mina, la empresa privada que antes gestionaba el ciclo de agua, han sido responsables de una parte considerable de este gasto. De hecho, Taigua ha gastado un 130% más en la compra de agua que en su primer año de gestión y ha pasado de destinar a ello 1 millón de euros a 2,3 millones. Desde el consistorio recuerdan "el incremento de gastos propiciado por la sequía y el aumento de precios de la energía". 

Más coste de personal

Desde OSUR cuestionan el aumento del 39% en gastos de personal en el mismo periodo, subida que ya descuenta un 26% obligado por la revisión de convenios y motivado por nuevas contrataciones que según los observadores "no han derivado en mejoras del servicio". Crispí argumenta que el aumento de gastos de personal desde 2019 tiene que ver con la absorción de personal que ha ido pasando de la empresa privada a la pública, pero en la comparación con el año 2014 el coste de personal es también mayor según los datos aportados por OSUR

El observatorio también pone en cuestión la coincidencia de cuantías entre una partida que en el presupuesto se aprobó como otros gastos y en el pleno municipal se votó como "reparaciones". "La partida de otros servicios fue de 2,107 millones de euros y cuenta con asesorías, vehículos, etc, y esa cantidad no aparece en la ordenanza aprobada en el consistorio, pero sí una partida de reparación y observación que coincide en la misma cuantía, 2,107 millones", ha explicado Dávila, que lo ha calificado como "muy raro". "La ordenanza está aprobada por la comisión de precios y no hubo ningún recurso a las cuentas", responde Crispí, del consistorio. 

Entre los aspectos que OSUR cuestiona del paso de la gestión privada a la gestión pública del agua está también el hecho de que "el rendimiento hidráulico ha caído del 80 al 78%", o sea, que se pierde más agua en el camino hacia el consumidor. Crispí defiende que el rendimiento hidráulico cae cuando hay "una caída del consumo", como en los últimos años, y que ésta se ha conseguido por una mayor eficiencia. 

La empresa de aguas Mina, participada en un 35% por Aigües de Barcelona, consiguió la concesión del agua de Terrassa en 1941 y a 75 años. Tras el fin de concesión en 2016, el Ayuntamiento de Terrassa elaboró un estudio que concluyó que la gestión pública directa sería más eficiente y sostenible, con lo que consumó la modificación del modelo de gestión en 2018, cuando creó Taigua como empresa municipal. La corriente de municipalizar el agua se extendió por decenas de ciudades catalanas y españolas en los últimos años y ambos modelos coexisten. Terrassa es, junto a Valladolid, la ciudad de mayor tamaño en cambiar de modelo.