La Comisión Europea (CE) ha celebrado este viernes las nuevas orientaciones de Estados Unidos para que los fabricantes europeos de vehículos limpios puedan beneficiarse de los créditos que ofrecerá la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas en inglés), que desde la Unión Europea (UE) había sido tachada de proteccionista. Tanto Alemania como Francia, las dos grandes economías de la Unión Europea, advirtieron hace a penas unas semanas a la Administración de Joe Biden de las medidas que incluye la Ley para la Reducción de la Inflación.
Las potencias europeas consideraban entonces que estas medidas podían provocar que inversiones que estaban inicialmente programadas en la UE se desplazaran a Estados Unidos para beneficiarse de esas ayudas y supusiera un problema para la libre competencia. Es por ello que pedían exenciones, pero también poder examinar caso por caso cada una de las subvenciones.
Ahora, la Comisión Europea ha celebrado las nuevas orientaciones del país norteamericano respecto a la Ley de Reducción de la Inflación. “La UE acoge con satisfacción estas orientaciones”, indicó la CE en un comunicado, donde valoró positivamente al grupo de trabajo puesto en marcha con funcionarios estadounidenses para abordar las preocupaciones europeas sobre dicha ley. Se trata de una ley por la que se prevé ayudas de unos 400.000 millones de dólares para inversiones en tecnologías verdes americanas.
En este sentido, la Comisión destacó que, según las nuevas orientaciones de EE.UU., las empresas de la UE podrán acceder a los créditos comerciales para vehículos limpios bajo esa ley sin necesidad de modificar los modelos empresariales establecidos o previstos de los productores de la UE. “Se trata de una iniciativa beneficiosa para ambas partes, ya que refuerza la cooperación UE-EE.UU. en nuestro objetivo común de lucha contra el cambio climático, y fortalece las cadenas de suministro transatlánticas”, dijo la Comisión.
La UE sigue viendo "disposiciones discriminatorias"
Consideró además que, de esa manera, los contribuyentes estadounidenses podrán beneficiarse de los vehículos eléctricos y componentes de alta eficiencia fabricados en la UE, mientras que las empresas de la UE que suministran a sus clientes vehículos limpios de última generación a través de alquiler con opción a compra podrán beneficiarse de los incentivos de esta ley.
No obstante, la Comisión ha señalado que sigue buscando un “trato similar y no discriminatorio” para los productores de vehículos limpios de la UE en el marco de los créditos de la Ley de Reducción de la Inflación. Asimismo, el organismo europeo reconoció que este régimen sigue preocupando a la UE, ya que a su juicio contiene “disposiciones discriminatorias que excluyen de facto” que las empresas de la UE puedan beneficiarse del mismo.
“Discriminar a los vehículos limpios y los insumos producidos en la UE viola la legislación comercial internacional y perjudica injustamente a las empresas de la UE en el mercado estadounidense, reduce las opciones disponibles para los consumidores estadounidenses y, en última instancia, reduce la eficacia climática de esta subvención verde”, ha explicado la institución. La UE quiere que EE.UU. le dé el mismo trato que a sus socios con los que tiene acuerdos de libre comercio.
Riesgo de debilitar la competencia y subir precios
Con todo ello, la Comisión destaca de manera positiva las novedades en el acuerdo alcanzadas con Estados Unidos por la predisposición a colaborar con sus peticiones. “Acogemos con satisfacción el anuncio hecho por EE.UU. de que se tomará más tiempo para trabajar en las directrices pendientes, lo que le permitirá abordar estas cuestiones de manera satisfactoria”, aseguró la CE.
La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., promulgada el pasado 16 de agosto y que entrará en vigor en enero, ofrece generosos incentivos financieros para apoyar la transición ecológica. En el caso de los vehículos limpios, los dos incentivos principales son programas de crédito fiscal: uno para operadores comerciales y otro para consumidores particulares, ha explicado la Comisión.
El crédito fiscal a los consumidores contiene varias disposiciones, entre ellas requisitos de contenido local, producción o montaje, que “discriminan” a los fabricantes de automóviles de la UE, “con lo que se corre el riesgo de debilitar la competencia y subir los precios”, ha apuntado. Para tratar esas preocupaciones europeas, las dos partes pusieron en marcha el pasado 25 de octubre un grupo de trabajo especial.