La Unión Europea (UE) planea contrarrestar las medidas impulsadas por Estados Unidos para atraer inversión verde gracias a su plan de ayudas estatales. El objetivo es flexibilizar más las normas existentes para apoyar la inversión en nuevas instalaciones de producción en sectores ecológicos, creando para ello beneficios fiscales.

Desde Bruselas ya se manifestaron en diciembre contra las medidas "proteccionistas" del país norteamericano, con Francia y Alemania alertando de que su implementación podría desplazar inversiones inicialmente programadas en la UE hacia Estados Unidos. Aunque también se pronunciaron favorablemente sobre las nuevas orientaciones que desde el país norteamericano habían acordado para sus vehículos limpios, la Comisión Europea seguía viendo un trato discriminatorio para los productores de coches limpios e insumos producidos en la UE. 

Es por ello que ahora la UE está trabajando en un plan de relajación fiscal para acceder a las subvenciones verdes como respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del Gobierno de Joe Biden que contempla inversiones por valor de 369.000 millones de dólares (340.000 millones de euros). Así se explica en un borrador al que ha tenido acceso Financial Times, en el que la Comisión Europea pretende ampliar los beneficios fiscales para las empresas. De este modo, según el borrador, una parte de los 800.000 millones de euros del fondo de recuperación del Covid-19 NextGenerationEU también podría reorientarse hacia créditos fiscales.

Simplificar el acceso a los créditos

Con este nuevo movimiento, la Comisión trata de seguir el modelo estratégico que da ventaja a la IRA para atraer inversión. Esto es, simplificar el acceso de las empresas a los créditos fiscales federales. En este sentido, las industrias de tecnologías limpias han criticado el régimen de financiación de la UE por su dificultad para acceder a la financiación.

"Las disposiciones sobre los beneficios fiscales permitirían a los Estados miembros alinear sus incentivos fiscales nacionales en un régimen común y ofrecer así mayor transparencia y previsibilidad a las empresas de toda la UE", destaca el borrador. Asimismo, desde Bruselas también pretenden simplificar y agilizar la aprobación de proyectos de interés común europeo en los que participen varios países, y fijará objetivos globales de capacidad industrial verde para 2030. 

Otra de las medidas contempla aumentar el umbral a partir del cual la Comisión examina los acuerdos respecto a su régimen de "exención por categorías" para las ayudas estatales. Así, los gobiernos de la UE podrán subvencionar con más facilidad el hidrógeno, la captura de carbono, los vehículos de emisiones cero y las medidas de eficiencia energética. En total, Bruselas calcula que la industria necesita invertir 170.000 millones de euros de aquí a 2030. Una inversión que irá destinada principalmente a plantas de producción de energía solar y eólica, baterías, bombas de calor e hidrógeno verde.

División en los Estados miembros

El documento también contiene diferentes reformas legislativas importantes que ya estaban previstas, como la revisión del mercado eléctrico y una ley para impulsar la producción nacional de materias primas como el cobalto y el litio, elementos fundamentales para el desarrollo de tecnologías de energía limpia. El borrador también establece que Bruselas intentará crear un Fondo Soberano Europeo a mediados de este año para permitir a los 27 gobiernos financiar las ayudas estatales.

Junto al borrador, hay una carta de Margrethe Vestager, la vicepresidenta ejecutiva de la UE encargada de supervisar el debate. En esta carta, Vestager señala que no todos los países tienen la misma capacidad para conceder ayudas estatales. Así, por ejemplo, Alemania y Francia acapararon el 77% de las ayudas concedidas en virtud de las normas de competencia más laxas introducidas durante la pandemia.

"Para evitar la fragmentación del mercado único debido a los distintos niveles de ayuda nacional y a las distintas capacidades para conceder dicha ayuda, también es necesario que haya una financiación adecuada a nivel de la UE que facilite la transición ecológica en el conjunto de la Unión", asegura.

Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el consenso sobre estas medidas. Los Estados miembros cuentan con visiones diferentes sobre la aplicación de estas bonificaciones fiscales y la duración que deberían mantener. De este modo, los países que cuentan con abundantes fondos como Alemania tendrán más facilidad para conceder incentivos fiscales para la transición ecológica que otros países del sur de Europa. 

En este sentido, desde los países del sur advierten que se corre el riesgo de alterar la igualdad de condiciones al ayudar desproporcionadamente a los países ricos a dar dinero en sus empresas. En cualquier caso, está previsto que la propuesta se publique este miércoles tras debatirse en la Comisión.