El Pleno del Congreso de los Diputados de principios de noviembre aprobó el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, la popular Ley de Startups, que contempla la simplificación administrativa y múltiples incentivos fiscales para los emprendedores. El Congreso dio luz verde a la ley con 177 votos a favor, 88 votos en contra y 75 abstenciones, gracias a los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. El Partido Popular, pese a anunciar durante la sesión su apoyo al proyecto de ley, finalmente votó en contra. Tras la aprobación de la norma, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró que “se trata de una ley pionera” que va a permitir “poner a España a la vanguardia en el impulso de este ecosistema” y que muestra “para qué sirve el debate real”.
¿Qué dice la ley?
La nueva legislación nace con el objetivo de dar una mayor cobertura legal y respaldo económico a las empresas emergentes de base tecnológica y para ayudar a construir un ecosistema empresarial capaz de convertirse en el motor de la modernización de la economía. ¿Qué se busca? Simplificar los trámites administrativos para favorecer el emprendimiento innovador, incentivar la contratación de personal de alta cualificación, fomentar la inversión nacional y extranjera en las start-ups a través de nuevos beneficios fiscales, adaptar el marco administrativo, fiscal, civil y mercantil aplicable a las especificidades de las empresas emergentes para apoyarlas en sus primeros años de vida y diferenciarlas de las compañías con modelos de negocio convencionales y fijar las condiciones que deberán cumplir las empresas emergentes para ser consideradas start-ups y poder acogerse a los beneficios que recoge la norma. En este sentido, el proyecto, que el Gobierno aprobó en 2021, introduce la simplificación administrativa y una serie de incentivos fiscales para las empresas emergentes, como una rebaja del impuesto de sociedades hasta el 15% durante los cuatro primeros años; la posibilidad de aplazar la deuda tributaria o la eliminación de la obligación de pagos fraccionados. Asimismo, establece deducciones fiscales del 50% para las inversiones anuales de hasta 100.000 euros; una exención fiscal para las opciones de compra de acciones (stock options) de hasta 50.000 euros; y se favorece la creación de sandboxes, entre otras medidas.
A las empresas emergentes se las define como compañías de nueva creación, de no más de cinco años de antigüedad, siete en caso de algunos sectores estratégicos; con sede social en España, que no hayan facturado más de 10 millones de euros y que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable, entre otros requisitos. Además, la norma también incluye una disposición adicional para crear la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y ampliar la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Reacciones en el Congreso
Tras su aprobación a principios de noviembre, la diputada del PSOE Begoña Nasarre destacó el “buen clima de Trabajo” que permitió “incorporar muchas enmiendas conscientes de la importancia de una ley pionera”, mientras que la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz celebro la “participación de la Sociedad civil y los grupos parlamentarios” en su desarrollo. Por parte del PP intervino el diputado Víctor Píriz, quien calificó la ley como "necesaria" para que el sector innovador de España pueda crecer y desplegarse "mucho más rápido". "La ley la hemos mejorado entre todos", destacó Píriz, que no obstante se refirió a algunos puntos en los que, a su juicio, se podría haber sido más ambicioso. En concreto, se refirió a los tokens como sistema de retribución y otros retos a futuro, como la brecha de género en el ecosistema emprendedor español, donde solo una de cada cinco emprendedoras son mujeres. Por parte de Ciudadanos, la diputada María Muñoz defendió la ley como "necesaria", si bien criticó que llega "un poco tarde". Sin embargo, a juicio de Muñoz "nunca es tarde si la dicha es buena". Asimismo, puntualizó que "quedan cosas pendientes" para lograr una ley que contente a los liberales. En concreto, se refirió, entre otros puntos, a la falta de un "esfuerzo adicional" para mejorar la fiscalidad.
Desde el BNG compareció el diputado Néstor Rego, quien consideró que es "una buena ley", pero recordó que el texto, cuyo objetivo es fomentar la creación y la relocalización de empresas emergentes, "no puede ser diseñada de una perspectiva centralista". Del lado del PDeCAT, Ferran Bel defendió que el texto actual "es mejor que el texto que entró" gracias a las diferentes aportaciones de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil. Para el diputado de ERC, Joan Capdevila, la ley es "una buena noticia", aunque recordó que la primera propuesta del Gobierno fue "descafeinada" y olvidaron a las comunidades autónomas para regular algunos aspectos. Por ello, Esquerra se decanta por el "voto en blanco" en espera de que en el Senado se incluyan las enmiendas de su grupo parlamentario.
La posición más alejada la marcó VOX, cuyo diputado Rodrigo Jiménez Revuelta criticó lo que considera "mal llamada brecha de género" recogida en el texto, asegurando que en España "no existe una diferencia salarial por ser mujer", sino que "lo que existe es una discriminación por tener hijos". No obstante, Jiménez reconoció que el sector "está satisfecho" con el texto de la ley, pese al método "guillotinador" del Gobierno en la tramitación parlamentaria. En este sentido, juzgó que el Ejecutivo vetó algunas enmiendas que, en su conjunto, implicaban un impacto positivo de 128 millones de euros para el ecosistema de start-ups.