El pasado 13 de junio, Ada Colau cumplió dos años como alcaldesa de Barcelona. Pasó de activista social a ser la nueva vecina de la plaza de Sant Jaume, no sin estar exenta de polémica. Ha tenido que lidiar con sus detractores políticos y sociales, además de convivir con un pleno en el que no cuenta con una mayoría necesaria para gobernar de una forma estable.
Colau se presentó a las elecciones con un programa rompedor para llevar Barcelona a un cambio radical, en su sentido más literal: cambiar Barcelona desde la raíz. Desde las instituciones. Entre sus promesas más sonadas, destacan las que hacen referencia al ámbito social: una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones, luchar contra las desigualdades, revertir la subida de precios de la vivienda, parar los desahucios, entre otras muchas medidas que supieron captar a las personas desencantadas con la política tradicional y especialmente afectadas por la crisis económica.
Tras dos años en el cargo, aunque con un parón de por medio por su maternidad, ¿ha conseguido Colau y su equipo "en común" cumplir con todas sus promesas? ¿Qué otros frentes han aparecido en este tiempo? A continuación, ahora que se ha alcanzado el ecuador del mandato, se repasan algunas de las tareas pendientes del ejecutivo barcelonés que, por su trascendencia, deberían encontrar respuesta en lo que queda de legislatura.
1. Turismo desbordado
Un grupo de turistas por la Rambla / Mar Sánchez
El turismo no ha parado de crecer en los últimos años en Barcelona, y además a un ritmo frenético. De hecho, la mayor presencia de turistas extranjeros ya es el principal problema para los barceloneses, incluso por encima del paro y la situación de la economía (según el último barómetro semestral del Ayuntamiento). El crecimiento del turismo molesta a los vecinos, especialmente cuando los visitantes generan ruido por las noches y tienen un comportamiento inadecuado en público. A todo esto, se ha juntado otro fenómeno: el impulso de Airbnb, una plataforma que pone en contacto a propietarios y arrendatarios para el alquiler temporal de viviendas.
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha impuesto dos multas por la actividad de esta empresa, por un valor de 1.200.000 euros. Todo bajo una premisa: la plataforma está publicitando pisos turísticos ilegales. Dichas viviendas no pasan los estándares y el control del gobierno municipal como deberían. El problema de Airbnb tomó una dimensión mayor cuando salió a la luz el caso de una mujer de la Barceloneta que tuvo que ocupar su propio piso para poder recuperarlo.
2. Persecución de las terrazas
Relacionado indirectamente con el turismo, Colau ha regulado las terrazas en zonas estratégicas sin consultar a los propietarios. Precisamente, una de las últimas polémicas del Ayuntamiento, que ha sido sacado a la luz recientemente por El Nacional, tiene relación con este conflicto. El gobierno barcelonés ha decidido por cuenta propia revocar las licencias de las terrazas de los nueve bares en la zona de la Sagrada Família. La decisión ha sido unilateral, en pleno verano y sin dar ningún tipo de opción a los restauradores. Las prisas del gobierno municipal han sido tales que han llegado a enviar guardias urbanos e incluso agentes cívicos para certificar que se había recibido la resolución.
El gobierno de los comuns decidió aplicar una normativa especial para la zona, saltándose la legislación ya establecida en la capital catalana. El ejecutivo de Colau creó una distinción para esta zona que ha afectado a nueve bares de pequeños empresarios y, en cambio, esto no ha implicado el cierre de terrazas de negocios como McDonalds, Costa Coffee o Farggi, pertenecientes a multinacionales. Los propietarios denuncian el contenido y las formas de la decisión tomada por el gobierno local.
3. Tranvía por la Diagonal
El futuro tranvía, conectado por la Diagonal / ATM
El último anuncio de Colau y que trae cola. Se trata de la unión de las dos líneas de tranvía por la Diagonal, con lo que se conectarán directamente poblaciones tan alejadas como Sant Adrià de Besòs y Sant Feliu de Llobregat. La unión de este medio de transporte ha implicado una polémica en tres direcciones: una apunta a la participación ciudadana en el proceso decisorio, otra a los informes técnicos y por último —pero no menos importante— a la gestión del nuevo tranvía.
Por lo que refiere a la participación, hay que tener en cuenta que la conexión ya contó con una consulta vecinal en 2010: entonces, los residentes de la proximidades votaron 'no' a las obras. Posteriormente, el convergente Xavier Trias decidió no abrir la caja de Pandora y metió el proyecto en un cajón. Ahora, el ejecutivo de los comuns ha presentado su proyecto sin la aprobación de los vecinos, que esta vez no han sido consultados. Además de la falta de implicación vecinal, hay que sumar la presentación de informes técnicos contradictorios por parte del gobierno municipal y el Grupo Demócrata (PDeCAT-Unió), que subraya el carácter deficitario de la actuación.
Por último, no hay que olvidar —y este ha sido el foco de la crítica de la CUP— que Tram es una corporación participada principalmente por empresas privadas y, por tanto, la reforma no supondrá un beneficio mayor para el sector público.
4. Glòries
La nueva plaza de las Glòries Catalanes es quizás uno de los peores dolores de cabeza para el ejecutivo de Ada Colau. El proyecto viene del mandato de Xavier Trias, que inició las obras de los túneles apenas un mes antes de las elecciones municipales de 2015. Las obras consisten en dos túneles independientes de tres carriles por sentido, licitados por prácticamente 50 millones de euros.
Los comuns no han escondido nunca su rechazo al proyecto de las nuevas Glòries pero, al estar el proyecto en fase de construcción, nada hacía prever que se podrían llegar a paralizar las obras. No obstante, finalmente así ha sido.
En octubre de 2016, el Ayuntamiento hizo público que las obras del primer túnel se demorarían un año y medio por varias dificultades técnicas, i así pasaban de la primavera de 2017 hasta otoño de 2018. El ejecutivo liderado por Colau detectó el retraso y contabilizó los sobrecostes que supondría, por lo que finalmente decidió revocar unilateralmente en abril el contrato con Bimsa, la empresa encargada de la obra. Desde entonces, Glòries sigue patas arriba, sin una solución prevista a corto plazo.
5. Metro en la Zona Franca
Un grupo de pasajeros en la línea L9 del metro / Sergi Alcàzar
Otra de las grandes reivindicaciones en materia de infraestructuras hace referencia al metro. En 2003, la Generalitat empezó las obras de la línea 9 del metro, que contaba con una variante en la Zona Franca —el tramo sur de la L10. El año pasado, el metro llegó a El Prat y a L'Hospitalet, pero la Zona Franca quedó sin fecha.
Ahora, tras 30 años de reivindicaciones vecinales, un acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento permitirá abrir en 2018 dos estaciones, las que se sitúan en el paseo de la Zona Franca. Hasta aquí, parece que el conflicto está solucionado, pero no es así, ya que el consistorio no consiguió que el Govern se comprometiera a abrir las demás estaciones, situadas en el viaducto en la calle A y prácticamente culminadas. Estas estaciones no han de solucionar un problema vecinal histórico, pero se siguen reivindicando para la entrada y salida de trabajadores a la zona industrial diariamente.
Los problemas con el nuevo metro barcelonés no terminan aquí. En los barrios de la zona norte sigue sin llegar y aún se conservan algunas fracturas visibles en la ciudad.
6. Huelga de metro y bicing
Es uno de conflictos más importantes y probablemente el que más está afectando a los barceloneses. Se trata de la huelga de metro, que ya acarrea nueve semanas consecutivas de parones los lunes en plena hora punta. Hasta el momento, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha perdido 900.000 euros con las huelgas, por la caída de los tiques validados.
Esta semana, el Ayuntamiento anunció que daba un giro de 180 grados en su estrategia para acabar con la huelga: la concejala de Movilidad y presidenta de TMB, Mercedes Vidal, aseguró que dejaba de dialogar con los sindicalistas, que piden incrementos salariales y denuncian externalizaciones.
La huelga en el metro no es un conflicto excepcional: se ha repetido en los últimos años por desgracia para los usuarios del servicio. Un clásico eran los grandes eventos, como el Mobile World Congress. La principal novedad ahora es que nunca se habían producido parones durante tantas semanas seguidas y sin garantías de alcanzar un acuerdo.
Los pasajeros lamentan el conflicto —que sufren en sus propias carnes— y reclaman soluciones, como recogió El Nacional. Ahora tendrán que sumar otra huelga: la de Bicing, a partir del 12 de julio.
7. Precios del alquiler elevados
Una inmobiliaria donde se anuncian viviendas en alquiler en Barcelona / Sergi Alcàzar
El coste de vivir en Barcelona es cada vez más elevado y no termina de corresponderse con el nivel de vida de sus ciudadanos. Por ello, cada vez es más complicado encontrar una vivienda, no solo de compra, sino también de alquiler. Y es que la capital catalana se ha convertido este año en la primera ciudad del Estado en los precios de alquiler, incluso por delante de Madrid y de San Sebastián, que tradicionalmente se habían situado por delante de la Ciudad Condal.
Según los últimos datos de Idealista, Barcelona tuvo que soportar un crecimiento del alquiler del 13,7% entre 2016 y 2017, ni más ni menos que el doble que se experimentó en el conjunto del Estado.
Lejos de poder parar esta crecida, bastante relacionada con el auge de ofertas turísticas, el ejecutivo de Colau no ha encontrado solución a un fenómeno que incluso se está desplazando al conjunto del área metropolitana. Tal como desveló El Nacional, este hecho ha convertido a los inquilinos en los primeros desahuciados de Barcelona.
8. Alta contaminación
Barcelona no consigue hacer bajar los índices de contaminación elevados en el aire. Así lo revela el último estudio de la Agencia de Salud Pública sobre la calidad del aire (2015), que pone en evidencia al Ayuntamiento al detectarse un crecimiento de los contaminantes muy reseñable: en solo unos meses, el NO2 aumentó un 11% y PM10, un 13%. Ambas sustancias son muy nocivas para la salud; de hecho, 3.500 barceloneses murieron de forma prematura en 2016 por esta causa.
La medida más inmediata ha sido una restricción de vehículos en la capital catalana. La medida, anunciada en enero, afectará ya en 2018 a 106.018 turismos, un 7% del total del parque móvil; y 22.049 furgonetas, un 16% de las presentes en Catalunya.
El problema es que esta medida afectará a los vehículos más antiguos, a menudo propiedad de personas con menos recursos, tal como apuntan sus detractores. Además, para solucionar el problema, desde el mismo Ayuntamiento se señala que hace falta aumentar la oferta de transporte público en tres direcciones: terminar la red de bus, conectar los dos servicios de tranvía y culminar la L10 Sud. Ninguna de estas tres acciones estarán terminadas en el 2019, año del final del mandato. Como podría ocurrir con muchas otras cuestiones.