Interrogatorio relámpago. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado como investigada de los delitos de prevaricación administrativa y coacciones a responsables del fondo inmobiliario Vauras ante la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, este lunes, en la Ciudad de la Justicia. El interrogatorio ha durado un cuarto de hora y Colau ha negado haber dado instrucciones a funcionarios o a cargos de su gobierno para sancionar Vauras por haberse negado a dar vivienda de alquiler social a seis familias del Bloc Llavors, que fue desalojado por los Mossos d'Esquadra, en el 2019. En esta segunda visita a los juzgados, la alcaldesa Colau no se ha escondido y ha entrado y salido por la puerta principal, acompañada por sus abogados Olga Tubau y Àlex Solà, y del concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, que también es investigado en esta causa, como la concejala de Habitarge, Lucia Martín, y una funcionaria, defendida por Debora Quintero.

La magistrada Carmen Garcia ha realizado la mayoría de preguntas a la alcaldesa Colau, a la cual ha preguntado si dio instrucciones para sancionar o paralizar obras de Vauras, ya que en los seis expedientes de licencias de obras, bajo sospecha, ya ha comprobado -según ha precisado- que ninguno es firmado por ella. Colau ha explicado que al asumir el cargo de alcaldesa delegó sus responsabilidades a los Servicios Jurídicos y a cada área, además ha manifestado que nunca se entrevistó con responsables de Vauras, como sí lo hicieron los dos concejales investigados. Sí que ha admitido que se interesó en el caso del Bloc Llavers, al enterarse por la prensa del desahucio, pero que no dio ninguna indicación, según han informado fuentes judiciales. La alcaldesa barcelonesa ha contestado a todas las partes, menos a Vauras, y ha asegurado que su gobierno tiene "especial sensibilización" por los temas de la vivienda de familias vulnerables.

Las multas retiradas

La concejala de Vivienda, Lucia Martín, el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y una funcionaria ya declararon el viernes pasado ante la magistrada y negaron haber hecho cualquier tipo de coacciones a los abogados de esta sociedad, a quien el consistorio multó con unos 417.000 euros por no haber ofrecido vivienda social a seis familias del Bloc Llavors, de la calle Lleida, que la inmobiliaria compró, en el 2019. En este caso, las multas fueron interpuestas por el Instituto Municipal de la Vivienda, que depende de Martín, y se tuvieron que retirar porque el Tribunal Constitucional (TC) anuló una parte del decreto de la ley catalana de la vivienda, que obligaba a los grandes tenedores a dar pisos sociales. Cuando uno de los seis jueces del contencioso ordenó el retorno del dinero a Vauras, el consistorio no esperó y ordenó el retorno del resto de dinero. 

Más pruebas

Inicialmente, la magistrada a Carmen García, con el visto bueno de la Fiscalía, no admitió a trámite la querella de Vauras por la falta de concreción en las irregularidades denunciadas, a finales del 2020, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir esta investigación por dos de los cinco delitos denunciados, y ahora se ha realizado los interrogatorios.

Los abogados de Vauras han anunciado que pedirán más diligencias, y por eso las defensas no pedirán todavía el archivo del procedimiento. Así, Ada Colau tendrá dos procedimientos penales abiertos, con su candidatura a las elecciones municipales 2023.