Los antiguos pajareros de la Rambla han entregado este martes más de 60.000 firmas, en concreto 66.116, en el Parlament de Catalunya, un paso necesario para el desarrollo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsa que las antiguas paradas sean declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de Catalunya ante la intención del Ayuntamiento de desahuciarlos al considerar que las licencias que les permitían abrir los negocios están caducadas. Las firmas se empezaron a recoger el año pasado y una vez entregadas, el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) ha avalado la iniciativa de ley ciudadana, de manera que ahora queda abierto su trámite parlamentario.

Por medio de un comunicado, los impulsores de la ILP han asegurado que su propuesta introduce "todos los elementos normativos necesarios para encontrar una solución definitiva y consensuada que beneficie la ciudadanía" en el conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Barcelona por su continuidad en la Rambla. Hay que recordar que el consistorio mantiene la intención de desalojarlos del espacio que ocupan, y de hecho, al principio del 2022 ya les dio un ultimátum para marcharse o ser desahuciados, aunque la expulsión todavía no ha tenido lugar, aunque tampoco entran en los planes de reurbanización de la Rambla que ya han empezado en la parte más próxima al mar.

Por eso mismo, ahora hace un año se impulsó la ILP con la intención de proteger las antiguas paradas de los pajareros, para conseguir que "sean declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Catalunya", según declaró en su momento el portavoz del colectivo y paradista mayoritario de las antiguas pajarerías, Xavier Cuenca. Una vez validada la propuesta, los paradistas han tenido que hacer la recogida de firmas, que fundamenta la petición popular y que ahora ya se han entregado en el Parlament.

"La fuerza de 60.000 personas"

Según recoge 'Betevé', Cuenca ha asegurado esta martes que la entrega de las firmas demuestra que "no somos solo los pajareros" los que defienden el mantenimiento de los puestos, sino que cuentan con "la fuerza de 60.000 personas", y por eso ha insistido en la necesidad en encontrar una solución dialogada con el Ayuntamiento de Barcelona, aunque el gobierno municipal siempre ha defendido que los actuales paradistas tienen las licencias caducadas, un aspecto que cuenta con la oposición frontal de los paradistas, que quieren mantener el funcionamiento de las paradas, a pesar de que desde hace décadas que no venden pájaros ni ningún otro tipo de animal. La cuestión de las licencias, de hecho, está en manos de la justicia.