Nuevo capítulo del toma y daca entre el Ayuntamiento de Barcelona y el sector de los apartamentos turísticos con el telón de fondo de la eliminación de 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) el año 2029 prometida por parte del alcalde, Jaume Collboni. Si la semana pasada la plataforma de alquiler vacacional Airbnb reprochó a Collboni que las políticas restrictivas contra las VUTs no han servido para resolver la crisis de vivienda y el mismo alcalde se mostró firme en su intención de extinguir las licencias, este martes ha sido la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), la que ha reclamado al alcalde que "deje de demonizar nuestro sector".

En una carta firmada por Enrique Alcántara, presidente de Apartur, esta entidad reclama del alcalde "transparencia, rigor y honestidad hacia la ciudadanía y que deje de demonizar nuestro sector, el de los apartamentos turísticos legales", que apenas representa el 1% del parque de viviendas de Barcelona, ya que, sostienen, "los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda", además de aducir que la eliminación de las licencias no garantiza su conversión en viviendas residenciales, primera razón defendida por el gobierno municipal, que considera que estas viviendas retornarían al mercado de alquiler residencial porque no podrían continuar con el uso como VUT.

 

Asimismo, desde de Apartur recuerdan que en Barcelona hay identificadas "9.000 viviendas vacías y 27.000 viviendas dedicadas a otras actividades económicas, a la vez que el resto de alojamientos turísticos de la ciudad también ocupan espacio residencial, y no se plantea su prohibición." Además, apuntan que "no hay ningún estudio ni análisis que afirme que el problema de la vivienda es a causa de la existencia de 10.000 pisos turísticos", y consideran que la eliminación de licencias de VUTs "llevaría a la ciudad a dar un paso atrás, destruyendo un sector normalizado, contributivo y legal que es hoy un ejemplo internacional de ordenación de los alojamientos turísticos, y cuya desaparición retornaría a una economía sumergida". Por todo ello, Apartur reclama a Collboni "reconsiderar esta medida y abrir un espacio de diálogo que permita explorar soluciones consensuadas"

El decreto de la Generalitat, denunciado

En paralelo en esta misiva, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), que engloba las asociaciones Apartur de Barcelona, ATA de Girona y AAT de Tarragona, junto con la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA), ha presentado una denuncia delante de la Comisión Europea contra el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, que regula el uso turístico de las viviendas en territorio catalán y contempla la extinción de licencias, aduciendo la vulneración de al menos seis apartados de la normativa comunitaria, incluidos tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).