La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha archivado la causa abierta contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la querella presentada por el fondo de inversión Vauras Investments. La jueza descarta coacciones de Colau a la inmobiliaria para obligarla a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas. En el auto, la jueza, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha acordado archivar la investigación abierta contra Colau, los exconcejales de su equipo Marc Serra y Lucía Martín y la responsable del departamento de disciplina de Vivienda e Inspección del consistorio. Después de investigar la querella, concluye que Colau no intervino en ninguna de las reuniones en que el fondo inversor afirmó que había sufrido coacciones, y que, la inmobiliaria nunca fue objeto de amenazas. El auto apunta que después de analizar varios expedientes y unas grabaciones realizadas durante las reuniones, concluye que no se produjeron ni presiones ni resoluciones "dictadas injustamente" a consecuencia de la negativa al alquiler social.
Sobre las grabaciones realizadas por parte de los miembros de Vauras, el escrito apunta que se podría considerar que las grabaciones de las reuniones entre en octubre de 2019 y en febrero de 2020 se hicieron, únicamente para aportarlas al procedimiento, ya que, la denuncia se presentó en junio de 2020, solo 4 meses después.
"Fines ajenos al procedimiento penal"
La magistrada apunta a las intenciones del fondo buitre a querellarse contra Colau por "fines ajenos al del procedimiento penal" con la única intención de conseguir "el efecto mediático de involucrar a un político en un proceso penal". Y vincula las desavenencias entre el Ayuntamiento de Barcelona y lo fundes buitre, y las pérdidas en sus proyectos inmobiliarios en la ciudad, con la intención de asistir a los encuentros con la intención de grabar las conversaciones para aportarlas a la querella. Con todo, después de analizarlas resuelven que no se produjeron ningún tipo de coacciones. Para la jueza, el fondo de inversión emprendió acciones penales contra Colau "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato, corregidas en cierto modo por el Tribunal Constitucional", puesto que le causaban "perjuicios".
En cualquier caso, insiste la magistrada, Ada Colau "no tuvo ninguna participación ni en las reuniones que se llaman coactivas", a las cuales ni siquiera asistió, ni intervino "en la incoación, sustanciación o dictado de ninguna resolución en ninguno de los expedientes" relacionados con el fondo inversor. Además, argumenta que su posición como alcaldesa "no la convertía en garante de todas las actuaciones" llevadas a cabo por el ayuntamiento: "Ninguna interpretación de las normas reguladoras de su funcionamiento puede conducir a esta conclusión".
Vauras se querelló contra Colau por un presunto delito de coacciones por un hecho que se dio en una reunión, en la cual la exalcaldessa no estaba, y en la cual Vauras entendió como una amenaza el recordatorio que se le hizo por parte del consistorio, de la obligación que tiene, como gran propietario, a proporcionar alquiler social a las familias tal como apuntaba la ley catalana de Vivienda. El diciembre de 2020, la jueza ya archivó la querella de Vauras al considerar que las acusaciones carecían de "mantenimiento probatorio y faltas de rigor". Aun así, la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la causa, que llegó abierta a las elecciones municipales del 28-M y llevó Coláis a declarar como investigada.