El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha archivado el caso contra Ada Colau y la interventora del Ayuntamiento de Barcelona por las subvenciones a entidades sociales afines que se otorgaron cuando Colau era alcaldesa entre las cuales el Observatori DESC y la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca. Según adelanta la ACN, la causa queda definitivamente cerrada, ya que la Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, que era acusación en este caso, no ha presentado recurso. Además, la fiscalía estaba de acuerdo con el archivo de la causa. Según la resolución del juez, no se ve ningún indicio de delito en la actuación de Colau.
El juzgado tuvo que reabrir el caso porque la Audiencia de Barcelona se lo ordenó, pero ahora lo vuelve a archivar y argumenta que las diligencias que pide la acusación "inciden de nuevo en cuestiones ya valoradas y relativas a documentos que han sido aportados con anterioridad y que pueden encuadrarse en realidad en el intento de la acusación de convertir el procedimiento en una investigación prospectiva". Colau estaba investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, pero el juzgado constata que de las actuaciones de la entonces alcaldesa "no resulta ni un solo indicio de participación de la querellada en los delitos mencionados" y argumenta que cuando asumió el cargo delegó funciones en otras personas, entre ellas la concesión de subvenciones.
Además, la resolución apunta que las entidades en cuestión ya habían recibido subvenciones públicas del Ayuntamiento en el pasado, y el procedimiento de concesión era el utilizado también desde antes de que Colau llegara a la alcaldía: "Que se aplicara este procedimiento administrativo de concesión y no otro, que las beneficiarias fueran entidades con las cuales la querellada tuvo algún tipo de vinculación y que la alcaldesa se abstuviera para existir estos vínculos son cuestiones que como mucho tienen que ver con el orden jurisdiccional contencioso-administrativo", continúa el juzgado, que también desvincula a la interventora de cualquier delito, porque en cada uno de los convenios investigados "existía una memoria del gerente o director de área justificando que concurrían las causas que justificaban la imposibilidad de aprobar una convocatoria pública".
Las entidades afectadas sacan pecho
Las entidades afectadas son el Observatori DESC, Enginyeria sense Fronteres, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca de Barcelona y la Aliança contra la Pobresa Energètica, que han aprovechado para reivindicar su tarea después de un proceso judicial "que se ha alargado durante años y que ha comportado un desgaste y un descrédito injusto hacia las personas y organizaciones que han sufrido esta guerra política encubierta" y han denunciado la "instrumentalización de la justicia que algunos agentes de poder están ejerciendo al ver sus intereses económicos amenazados".