Condena pactada. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 personas de la trama de corrupción de Ciutat Vella, a penas de entre 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión, además de inhabilitación, por los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental, según la resolución comunicada por el TJSC este viernes. En esta macrocausa, con 25 acusados iniciales, se acusaba a ocho funcionarios de recibir dinero de titulares de negocios a cambio de agilizar licencias urbanísticas de pisos turísticos en el 2007. La condena es acordada porque en la primera sesión del juicio, los principales acusados, Helidoro Lozano, jefe de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella, y el arquitecto Joaquim Quilez aceptaron los hechos, y la Fiscalía Anticorrupción rebajó de forma sustancial su petición de condena (inicialmente de 20 años de prisión), ahora confirmada: el primero a 2 años y 6 meses de prisión y el segundo a 3 años y 6 meses. La única funcionaria que no pactó con la fiscalía, Elena Ariza, ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión, un castigo superior a su jefe, Lozano, que ya está jubilado. La fiscalía le pedía 11 años y medio de prisión a la era jefa de la asesoría jurídica del distrito. Tres juristas interinas y un propietario tampoco llegaron a un acuerdo con la fiscalía.
En la sentencia, de más de 300 páginas, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona afirma que la sentencia condenatoria no se sustenta solo con la confesión de dos de los tres principales acusados, si no con más pruebas, como exige la jurisprudencia. "Las pruebas practicadas en el plenario son plurales, convincentes y contundentes. Las pruebas documentales, testificales y periciales corroboran los hechos y desmienten la versión de Elena Ariza", sostiene la magistrada Montserrat Comas, presidenta y ponente del tribunal en la resolución.
Los pagos de sobornos
En la sentencia, se expone que el Ayuntamiento de Barcelona acordó un plan y una normativa en el 2006 para frenar la proliferación de pisos turísticos en Ciutat Vella con nuevas licencias, hecho que ocasionó la entrada de 699 solicitudes que colapsaron los servicios, y algunos testimonios indicaron que el trámite no era lo suficiente claro. Los pisos que ya se usaban como turísticos tenían que obtener una nueva calificación de usos. El tribunal sostiene que, aparte de la nueva normativa, hacía falta licencia municipal urbanística de cambio de usos. Quilez propuso a los titulares de pisos unos pagos para agilizar sus expedientes, algunos de los cuales se indicaba que tenían carencias. Quilez le propuso a Lozano, jefe de Ciutat Vella y este al marcharse a Ariza, que era la que dirigía la asesoría jurídica para estos temas. Los expedientes conseguían el visto bueno al pasar por sus manos, indica el tribunal. Quilez y los dos acusados tienen que devolver lo que cobraron a los empresarios, unos 70.500 euros.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han ejercido de acusación particular y compartieron los acuerdos de la fiscalía con quince de los acusados. Las acusaciones sustentan la rebaja sustancial de la petición del castigo al aplicar la atenuante por las dilaciones del procedimiento, que se inició en el 2009 y se ha juzgado 13 años después.
Las amenazas a la concejala Itziar González
En la sentencia también se recoge la condena de 9 meses de prisión a Joaquín Quílez por haber hecho vivir un calvario de presiones a la entonces concejala de Ciutat Vella Itziar González. El arquitecto, ya condenado a 4 años de prisión por otra causa de soborno y confirmado en el 2015, también ha aceptado indemnizar con 22.000 euros a González, además de 50.000 euros y 10.000 euros a otras dos técnicas del distrito. El tribunal, sin embargo, descarta la propuesta de González de reprender el consistorio por no haberla protegido como alertadora. Indica que se podría haber presentado una demanda contra el Ayuntamiento y que además en el Estado español aún no está traspuesta la normativa europea sobre alertadors de corrupción.
Una macrocausa denunciada en el 2009
La causa de la trama de corrupción de Ciutat Vella se denunció y recayó su investigación el juzgado de instrucción 33 de Barcelona el año 2009 y llegó a la Audiencia de Barcelona el año 2019, correspondiendo el enjuiciamiento, por reparto, en la sección 10. El juicio se celebró en 14 sesiones, celebradas en la Ciutat de la Justícia y en la Audiencia de Barcelona, desde el 3 de marzo hasta los 20 de mayo. La causa, que está toda digitalizada, consta de 35.368 folios repartidos en 27 volúmenes de la causa principal (9.102 folios) y más de 46 cajas de prueba documental, informa al gabinete de prensa del TSJC.