La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se impute a una interventora del Ayuntamiento de Barcelona por haber validado las subvenciones que otorgó el gobierno de Ada Colau. En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el tribunal mantiene abierta la causa contra Colau por el delito de prevaricación, que investiga el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, y acepta parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Además de la imputación, el tribunal ha ordenado que el Ayuntamiento y cuatro entidades -que se asegura que son afines a los comuns- justifiquen en el juzgado las subvenciones que obtuvieron entre los años 2014 al 2022, y sus cuentas. La interventora delegada ahora imputada, Carmen Torres, ya declaró como testigo a la causa y negó cualquier irregularidad en los expedientes.
El magistrado que investiga las subvenciones de Colau, Ignacio Carlos Sánchez, no aprobó esta ampliación de la investigación, posición compartida por el fiscal anticorrupción, Luís García Canton. El fiscal expresó su oposición a investigar más subvenciones, al considerar que se convierte en una causa prospectiva, ni de citar como investigada a la interventora. Las entidades bajo investigación son: el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APe) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF).
Subvenciones directas
En la resolución, la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona -formada por los magistrados José María Assalit, Rosa Fernández e Ignacio de Ramón- sostiene que en una instrucción se tienen que practicar "todas las diligencias necesarias" para averiguar si en este caso hay indicios de prevaricación. Añade que "el criterio jurídico de un juez no se puede basar en el criterio de un testigo", el cual aseguró que la interventora Carmen Torres tuvo "una actuación muy limitada" en la aprobación de los expedientes, ahora cuestionados.
El tribunal expone que la ley General de Subvenciones permite, de forma "muy excepcional", que se pueden dar subvenciones de forma directa y sin concurso público, cuando concurran casos de interés público, social y humanitarios, tal como se concedieron a estas cuatro entidades, y a otras, como Cruz Roja, dijo la defensa. La Audiencia precisa, sin embargo, que esta excepcionalidad se podría dar casi siempre y que hay que vigilarlo, y apuntar los "reparos" de fondo y forma. Además, cuestiona abiertamente la actuación de la interventora, de la cual asegura que "en artículos doctrinales, escritos por ella, no encajan con lo que hizo" en las subvenciones investigadas, tal como indica la acusación popular. Y para garantizarle sus derechos, la Audiencia de Barcelona ordena que se impute a la interventora para que declare con un abogado al lado.
"Ausencia de irregularidad"
En su declaración en el juzgado, Colau indicó que la interventora indicó que había "ausencia de irregularidad" en estas subvenciones, y pedía el archivamiento|archivación de la causa, el 6 de mayo de 2022. Además, los abogados de la exalcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, explicaron que los expedientes e informes aportados a la causa "constatan la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención por convenio que eran la base de la querella. También detallaron que en la adjudicación de las ayudas está "la absoluta falta de intervención directa o indirecta" de la alcaldesa. Colau, al acceder al cargo, "eliminó la facultada ejercida por alcaldes anteriores, de otorgar directamente subvenciones, pidiendo que esta facultad se delegara a las diferentes gerencias" del Ayuntamiento. También se indicó que se ha corregido la adjudicación de subvenciones y ahora las de interés público son nominativas en los presupuestos para evitar ir contra la normativa.
Ahora, sin embargo, el magistrado de Barcelona tendrá que pedir todas las subvenciones concedidas en los últimos ocho años a la búsqueda de supuestas irregularidades. Esta es una de las querellas que recibió Ada Colau y en plena campaña electoral; dos fueron archivadas, a finales del año pasado.