El Ayuntamiento de Barcelona ha querido aclarar cuál era la relación que los servicios sociales municipales habían tenido con la familia que ha muerto este martes por la madrugada en un local ocupado en la plaza de Tetuan, especificando que las cuatro víctimas mortales ―dos adultos, un hombre y una mujer y dos menores, de tres años y cuatro meses― se habían beneficiado de ochenta y ocho intervenciones de los servicios sociales a través del Servicio de intervención social de familias con menores (SISFAM). Con todo, ha admitido que a pesar de conocer la situación de pobreza e infravivienda, no se le ofreció una alternativa de vivienda.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez; acompañada de la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y la jefa de Urgencias y Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Rovira, ha señalado que estas casi noventa intervenciones incluían entrevistas, visitas a domicilio, "mínimo una vez al mes" y coordinaciones con otros servicios de la ciudad. Esta situación habría empezado en septiembre de 2020 y habría perdurado hasta la actualidad.

 

En este sentido, Pérez ha señalado que la familia estaba empadronada "sin domicilio fijo", una fórmula que garantiza que los beneficiarios puedan acceder a tarjeta sanitaria y escolarización, como era el caso de las cuatro víctimas mortales. De hecho, se ha señalado que la DGAIA no tenía informes sobre esta familia porque no se trataba de ninguna situación de "desamparo infantil por parte de los padres", aparte que los menores tenían seguimiento pediátrico y el grande ya estaba escolarizado. "Se trata de una situación de pobreza, pero sin indicios de violencia ni desamparo", que son los supuestos en los que sí que podría haber actuado la DGAIA.

Sin riesgo inminente, según el Ayuntamiento

Asimismo, Pérez ha querido desvincular el incendio con la inspección que tuvo lugar el pasado 18 de octubre, señalando que en aquella ocasión, la Guardia Urbana y los servicios técnicos del Eixample hicieron una inspección conjunta del local, donde se hizo un análisis de la estructura del edificio con la conclusión de que no había riesgo inminente. Entre otros aspectos, "se comprobó el cuadro eléctrico y la ventilación". "Si la inspección hubiera detectado riesgo inminente, se habría actuado", ha señalado Pérez. A modo de ejemplo, recientemente una inspección ordenó el precinto de la llamada Torre del Moro, en Horta, por peligro de hundimiento.

En este sentido, la teniente de alcaldía ha señalado que este 2021 se han realojado 65 familias y ha observado que la alternativa que se podía ofrecer a la familia fallecida era "peor", ya que se trataría de un "realojamiento provisional". Además, ha añadido que la familia se dedicaba a la recogida de chatarra, cosa que hacía difícil "ofrecer opciones que les pudieran encajar".

86 asentamientos y 105 locales habitados

Según la teniente de alcaldía, el caso de la plaza de Tetuan se tiene que circunscribir a la situación de pobreza y a la problemática de la infravivienda, que según ha señalado Fuertes, afecta a más de 800 personas, de las cuales, 200 menores, ya que el ayuntamiento tiene contabilizados 86 asentamientos, donde viven 384 personas, 53 de las cuales menores de edad, y 105 locales con 481 personas, con 156 menores.

 

Imagen principal: Bomberos y policías ante el local incendiado / Efe