La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha asegurado este lunes que todos los expedientes abiertos sobre posibles incumplimientos de la normativa del 30% "siguen vivos y con posibilidad de acabar con una sanción". La normativa dice que un 30% de la vivienda de nueva construcción en la capital catalana se tiene que destinar a vivienda social. Bonet lo ha dicho al día siguiente que el diario Ara publicara que en el 2023 el gobierno de Collboni archivó expedientes que ya se habían incoado y preveían multas por incumplimientos de la norma. El Ayuntamiento de Barcelona admite que los expedientes caducaron y se archivaron administrativamente, pero niega que se hayan perdonado multas. Según Bonet, se inició otra vía, la de procedimiento de 'restitución', como paso previo para hacer "aflorar" incumplimientos, incoar un nuevo expediente sancionador a los promotores e imponer la sanción correspondiente.
Según Bonet, hay 9 casos detectados de posibles incumplimientos a la hora de aplicar la reserva del 30% fruto de una inspección hecha en el 2022. Los permisos de obras pedidos por los promotores no se ajustaban a la normativa y el Ayuntamiento inició entonces un procedimiento de restitución a la legalidad urbanística, que obliga al promotor a solicitar el permiso correcto. De acuerdo con el consistorio, se trata de incumplimientos porque eran obras para grandes rehabilitaciones que se habían tramitado con otro tipo de permiso.
De estos 9 casos, en 1 de ellos se constató el incumplimiento y el caso se judicializó hasta que una sentencia reciente ha dado la razón al Ayuntamiento. Eso, ha dicho Bonet, permite coger el procedimiento sancionador e imponer la sanción que corresponde. "Por lo tanto, primero, restitución de la legalidad urbanística y solicitar el permiso que correspondía y, una vez se ha hecho eso, entonces tenemos todas las herramientas con la seguridad jurídica que necesitemos para poder, también, imponer la sanción y que no sea tumbada esta sanción si hay un recurso contencioso-administrativo".
La información se cruza mensualmente
En los 8 casos restantes, se podría seguir el mismo camino. A estas alturas algunos están en sede contenciosa y otros en sede administrativa, pero todos están en fase de restitución. Según Bonet, es la recomendación de los servicios jurídicos a la hora de proceder. Bonet ha explicado que mensualmente se cruza la información sobre todos los permisos de obras que se piden en Barcelona y se verifica que se ajusten a lo que se ha solicitado. "Este gobierno tiene la firme voluntad de hacer cumplir la normativa vigente del 30%", ha concluido a la primera teniente de alcalde.
Los comuns cargan contra Collboni
La portavoz de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha acusado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de "complicidad con el lobby inmobiliario" y le ha exigido que dé explicaciones públicas sobre la "estafa" por la carencia de multas por incumplimientos del 30%. Además, Sanz ha acusado a Bonet de mentir y ha recriminado en el gobierno municipal que si no ha habido sanciones por los incumplimientos es por carencia de voluntad política. Sanz ha defendido que mientras BComú estaba en el gobierno municipal se finalizaron dos de los 17 expedientes incoados y que esto demuestra que la seguridad jurídica existe. "Se trata de un intento desesperado de tapar el escándalo", ha manifestado sobre las explicaciones de Bonet.
Sanz también ha criticado al alcalde por "no haber dado la cara" y ha asegurado que después de las palabras de Bonet se han quedado "más alarmadas y preocupadas". En este sentido, ha acusado a la teniente de alcaldía de "mentir" sobre el procedimiento administrativo que se tiene que seguir ante un incumplimiento de la reserva del 30% para vivienda pública. La líder de BComú en Barcelona ha explicado que ellos dejaron los expedientes abiertos y que el gobierno municipal les informó en septiembre que los había suspendido para obtener un informe jurídico. Sobre esto, ha planteado que "nadie ha visto" este informe. En todo caso, ha considerado que si los expedientes se reactivaron, se tenía que volver a hacer un requerimiento a los incumplidores y "en un plazo de un mes" este tenía que responder. Si no lo hicieron, ha defendido que el Ayuntamiento tiene que imponer la multa. "Lo que tiene que hacer la administración es poner las sanciones, no tiene que hacer otra cosa", ha insistido. La portavoz de los comuns ha exigido a Collboni que no se "esconda más" y ha pedido a ERC ir juntos para conseguir que el alcalde tenga que comparecer a dar explicaciones.