La cima del Turó de la Rovira, donde las instalaciones de la antigua batería antiaérea de la Guerra Civil se han convertido en un entorno —conocido erróneamente como búnkeres del Carmel— donde disfrutar de las mejores vistas de Barcelona, se han convertido en un problema grave para el Ayuntamiento, que se está viendo incapaz de contener la hipermasificación de la zona, que genera incontables problemas a los vecinos de los barrios del Carmel y Can Baró, que ya se han movilizado en varias ocasiones y han conseguido, al menos, forzar actuaciones policiales como la que tuvo lugar el domingo pasado, cuando la Guàrdia Urbana desalojó a un millar de personas de la zona de las baterías.
A punto de empezar el ciclo festivo de la Semana Santa, la afluencia de visitantes no se detiene, en especial de turistas que suben por la noche con la intención de ver la puesta de sol y, a menudo, organizar o tomar parte de fiestas ilegales hasta altas horas de la madrugada. Aunque están en marcha las obras de una valla perimetral que estará terminada en mayo, esta no será necesariamente la solución al problema, tal como se vio el domingo pasado, cuando los turistas desalojados de la cima de la colina optaron por colocarse en otros espacios del parque del Guinardó, que recibió una presión turística inesperada.
Ya hace dos semanas que los vecinos protestan por la situación, denunciando que "cada fin de semana y los veranos, cada día" hay centenares de turistas por el barrio, creando problemas con los vecinos y "amenazas a los conductores de los autobuses", como comentaba uno de los vecinos, David Mar, hace unos días a elNacional.cat, además de empezar a sufrir los efectos del "mobbing inmobiliario creado por los pisos turísticos". Ante esta situación, de momento el Ayuntamiento de Barcelona se ha limitado a levantar la valla, todavía inacabada, y ejercer una cierta presión policial, que se ha sustanciado sobre todo en la requisa de material por fiestas ilegales.
Rosa Alarcón, concejala del distrito de Horta-Guinardó, no ha descartado que se incremente esta presión policial, y en declaraciones este miércoles a 'Els Matins' de TV3 ha anunciado que el gobierno municipal no descarta "sancionar" por el empleo del espacio, en concreto a los organizadores de fiestas, pero ha admitido que hasta ahora no se ha sancionado, sino que se ha optado por "requisar aparatos de música, luces, altavoces y otros aparatos de gente que viene a montar fiestas ilegales". De hecho, las medidas anunciadas van en la línea de ejercer presión contra los organizadores de fiestas, pero no directamente contra los visitantes, aunque ha apuntado que incluso cuando la valla esté finalizada, se mantendrá "la presión policial".
Modelo turístico fracasado
Con todo, Alarcón ha aceptado que el problema de la batería del Turó de la Rovira es una muestra del fracaso de una política dirigida desde el mismo ayuntamiento que buscaba descentralizar el turismo, para evitar la masificación en el centro y llevar el turismo a los barrios. "Doce años después se ve que no ha funcionado muy bien, con alguna externalidad negativa donde no se tenía que haber llevado", ha dicho Alarcón en TV3, que ha añadido que "no se enfocó lo suficiente bien este tipo de turismo, no es lo mismo el turismo cultural que lo que viene a hacer fiestas ilegales" y por eso ha admitido que lo que hace falta es "cambiar la cultura del visitante".