Barcelona hace décadas que dejó atrás los barrios de chabolas, pero eso no ha implicado la erradicación total de las infraviviendas. De hecho, el mismo día que el gobierno municipal informaba del inicio de acciones para desalojar un asentamiento en Vallcarca, se ha dado a conocer un informe en el marco de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda según la cual el consistorio tiene identificados un centenar de ocupaciones y asentamientos -es decir, pequeños campamentos irregulares, a menudo con tiendas de campaña o cobertizos precarios- un 35% de los cuales, además, están situados en espacios municipales, y el 70% están localizados en los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y el Eixample; otro 20% en Sants, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, y el 10% restante se encuentra en Nou Barris, Horta-Guinardó y les Corts.

En el marco de la misma comisión, se ha presentado el plan de actuación ante este fenómeno, donde se detalla que hacen falta una primera preocupación y atención sobre las personas que ocupan, pero también una mirada desde la seguridad y desde las estrategias de prevención y convivencia. Según recogen las agencias, el Ayuntamiento remarca que "la primera preocupación y atención" se tiene que centrar en las personas que se encuentran en estos espacios, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y poniendo a su disposición "los servicios y recursos públicos que haga falta". Ahora bien, también añade que hay que tener en cuenta que, en determinados casos, "hay personas con perfiles delincuenciales que encuentran amparo en estos entornos y que los instrumentalizan para actuar con mayor impunidad". Finalmente, el consistorio destaca la necesidad de establecer estrategias de prevención y convivencia, especialmente en las zonas de mayor riesgo y recurrencia de ocupaciones y asentamientos.

Así, los objetivos del plan son tres: velar por la seguridad de las personas que ocupan o terceros y garantizar la atención a las situaciones de vulnerabilidad; minimizar el impacto de las ocupaciones en la convivencia con el resto de vecinos y garantizar la seguridad de estos, y velar por la protección de los bienes ocupados. Como líneas de actuación, el Ayuntamiento se marca la adopción de medidas preventivas y reactivas, como promover usos u obras provisionales en inmuebles, locales o solares vacíos, tanto públicos como privados, para evitar posibles ocupaciones; promover la edición de una información de medidas a tener en cuenta por parte de los propietarios cuando cierran los locales de negocio; la colocación de alarmas en espacios municipales vacíos; llevar a cabo las Investigaciones policiales que correspondan; dotar de presupuesto actuaciones como demoliciones o tapiados; promover las acciones judiciales subsidiarias por el desalojo si altera la convivencia o el orden público o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble, e impulsar el Registro de solares sin edificar.