El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de lo Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, que está imputado en calidad de presidente de Tersa, empresa que gestiona la incineradora de Sant Adrià de Besòs, por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha defendido este martes que los niveles de calidad del aire en la zona donde se sitúa la incineradora están "dentro de los parámetros de la Unión Europea", y lo ha hecho con el aval de un informe elaborado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, que se basa en un trabajo de medición en los entornos de la incineradora, concretamente en el paseo de Antonio Machado de Sant Adrià de Besòs, durante los meses de noviembre del 2021 a enero del 2022.
Según el concejal, los resultados de este informe, más dos anteriores que van en el mismo sentido, sirven para "detectar cualquier anomalía o, en este caso, cuando detectamos que estamos en unos parámetros normales, poder transmitir esta tranquilidad". De hecho, Badia ha querido transmitir tranquilidad a los vecinos de la zona, en especial los de barrio de la Catalana de Sant Adrià y también a los futuros vecinos de las nuevas viviendas que se están construyendo en torno a la incineradora, pero el mensaje también parece dirigido a él mismo, ante la judicialización del caso, ya que, como ha afirmado el director general de Calidad Ambiental, Marc Sanglas, por su parte ya han puesto a disposición de los juzgados toda la documentación que se les ha pedido.
De hecho, con respecto a la situación judicial, Badia ha insistido en que "a nivel judicial no se pone en duda que haya un daño a la salud pública y en eso tenemos que ser muy pedagógicos, porque es lo que puede generar más angustia a la ciudadanía". Según el concejal, "lo que se está analizando jurídica y judicialmente es un tema de riesgo sobre las fórmulas que utilizamos para medir". En este sentido, ha afirmado que "los informes certifican que no se está dando un peligro para la salud pública". Además, ha asegurado que "la legislación nos obliga a ser expeditivos a la hora de buscar posibles contaminaciones y este estudio es una muestra más que estamos monitorizando, que no nos despreocupamos y que estamos en todo caso actuando para detectar cualquier anomalía".
Janet Sanz podría ser también imputada
A pesar de las buenas perspectivas que ha exhibido este martes Bahía, la investigación judicial continúa su curso. De hecho, a principios de este mes de junio se dio a conocer que la coordinadora vecinal AireNet había sido admitida como acusación particular en el proceso judicial, que ya anunció que no descartaba que la investigación comportara la imputación de la anterior presidenta de Tersa y actual segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, al lado de Eloi Bahía y el jefe de explotación de Tersa.