El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el reglamento de uso de pistolas Taser en el marco de la Comisión de Seguridad, celebrada este miércoles por la mañana, con la vista puesta a la aprobación definitiva en el plenario del mes de junio y el objetivo final de que las 22 pistolas eléctricas con que se prevé dotar a los agentes de la policía local barcelonesa estén plenamente operativas a principios del año 2026. En paralelo, entidades sociales han reclamado, por la vía de una carta abierta al teniente de alcaldía, Albert Batlle, la paralización de este reglamento que, en todo caso, ha sido aprobado con los votos de PSC, JuntXBCN, PP y Vox y los votos en contra de BComú y ERC.
El reglamento es una versión "mejorada" del reglamento general que ampara el uso de pistolas eléctricas que ya utilizan los Mossos d'Esquadra y más de treinta policías locales de Catalunya, ya que, según ha explicado Batlle, incluye una Comisión Técnico-jurídica para atender los principios de garantía, trazabilidad y formación de los profesionales que podrán hacer uso, además de instrucciones para su utilización como no poder disparar en determinadas partes del cuerpo, así como en menores de 14 años. Además, el uso de la Taser incorpora un dispositivo de grabación automática. Una vez aprobado inicialmente el reglamento, se abre un periodo de exposición pública abierto a alegaciones.
Carta abierta a Batlle
Pocas horas antes de debatir el reglamento de las Taser en Comisión, entidades sociales como Salut Mental Catalunya y la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, entre otros, han dado a conocer una carta abierta a Batlle en la cual se reclamaba la "suspensión de la aprobación del reglamento, o al menos de la dotación, del uso de las pistolas eléctricas hasta que no se lleve a cabo un estudio técnico independiente sobre las afectaciones para el derecho a la vida y el respeto a los derechos fundamentales, en particular en personas en estados de agitación o crisis de salud mental", así como "la apertura de un proceso participativo real que dé voz a las entidades sociales y resto de actores implicados con el objetivo de incorporar más garantías de protección de derechos humanos y seguridad jurídica para los agentes policiales".
Con respecto a los grupos municipales, Jordi Martí Galbis, en nombre de Junts per Barcelona ha apuntado que este tipo de armamento será una herramienta necesaria para mejorar la ciudad, que podrá incrementar la seguridad del agente y de terceras personas, mientras que Marc Serra, de Barcelona en Comú, se ha opuesto a que la Guàrdia Urbana incorpore estas armas, ya que las ha considerado potencialmente letales porque permiten causar dolor agudo y "se pueden utilizar de forma indebida y abusiva".