El Ayuntamiento de Barcelona ha condenado el CatalanGate, el espionaje contra más de sesenta independentistas efectuado con el software Pegasus y atribuido a los servicios secretos españoles por el 'New Yorker'. En un pleno municipal extraordinario convocado por el acuerdo entre Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya, el plenario ha aprobado este viernes una declaración institucional por la cual el consistorio "condena el espionaje político que supone una flagrante vulneración de los derechos humanos fundamentales reconocidos" y manifiesta el "apoyo y toda su solidaridad en las al menos 65 personas que hasta día de hoy se sabe que han sufrido este espionaje político a través del CatalanGate".
La propuesta ha contado con el apoyo de los dos partidos convocantes, BComú y ERC y de Junts per Catalunya, y el voto contrario del resto de partidos, incluido el Partit dels Socialistes de Catalunya, a pesar de haber mostrado apoyo a la necesidad de investigar el caso, eso sí, en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. También han votado en contra el resto de grupos: Ciudadanos, Partido Popular, Valents y la concejala no adscrita, los cuales, o bien han echado pelotas fuera como ha sido el caso de Cs o bien han dado por bueno el espionaje, como el PP y Valents.
El 'watergate' multiplicado por sesenta
Ha defendido el posicionamiento a favor Ernest Maragall, uno de los espiados por Pegasus, que ha asegurado que el CatalanGate es "como el Watergate de Nixon multiplicado por sesenta" y ha planteado el pleno como un "debate de fondo entre democracia y autoritarismo". Por eso ha señalado que los teléfonos ya estaban intervenidos el año 2019 y por eso ha planteado "quien y como utilizó la información obtenida sobre dos candidatos a la alcaldía en plena campaña electoral"?. A su vez, el concejal de los comunes Jordi Martí se ha sumado a la propuesta pidiendo "transparencia absoluta y asunción de responsabilidades ante unos hechos tan graves".
A su vez, la presidenta del grupo municipal de Junts, Elsa Artadi, que también sale a la lista de espiados, ha empezado así su intervención: "Soy independentista, no soy una terrorista, y por eso soy víctima de espionaje del Pegasus como Ernest Maragall y otras 60 personas", y por eso ha mostrado su apoyo a la declaración final. Con todo, ha apuntado contra el Gobierno, del cual forman parte socialistas y comunes, recordando que con el llamado "gobierno más progresista de la historia, los independentistas no tenemos derecho a la intimidad ni al secreto profesional" y ha reprochado que Pedro Sánchez no haya actuado.
Controvertido voto negativo del PSC
Laia Bonet ha defendido la posición del PSC, pero a pesar de dar apoyo a la necesidad de investigar y pedir responsabilidades por el caso y "condenar toda forma de espionaje política y todo lo que suponga una flagrante vulneración de derechos" ha considerado que el lugar para hacerlo es a la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Por eso ha rechazado que el PSC se encuentre en una confrontación con el gobierno de España y ha anunciado su voto contrario, al mismo tiempo que ha renunciado a presentar su intervención sobre el CatalanGate prevista en el pleno ordinario para evitar volver a debatir lo mismo otra vez.
Con respecto al resto de partidos, la líder de Ciutadans, Luz Guilarte, ha evitado entrar en el debate apuntando que Barcelona necesita llenos extraordinarios "para hablar de temas de ciudad" y ha puesto como ejemplos "la guerra contra el coche, el desurbanismo táctico y las imputaciones de la alcaldesa". Josep Bou, del PP, ha recordado que el CNI tiene como misión "facilitar al presidente del gobierno" todas aquellas informaciones que "permitan prevenir cualquier peligro contra la independencia o la integridad descerraja", y en este sentido ha recordado que el independentismo hizo "un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia". Eva Parera, de Valientes, ha hecho la intervención más dura, dirigiéndose al Tribunal Supremo y al CNI ha afirmado que "por descontado que tienen que controlar y vigilar los que amenazan con dar un nuevo golpe de estado", Finalmente, a la concejala no adscrita, Marilen Barceló ha recordado que "si el CNI hace algún servicio de vigilancia lo hace con autorización judicial".