El Ayuntamiento de Barcelona estudiará la posibilidad de prohibir que empresas y personas extranjeras compren vivienda si no es para vivir en ella, una vez en la Comisión de Urbanismo, celebrada este martes por la tarde, ha quedado aprobada una propuesta de Esquerra Republicana en este sentido, que ha contado con los votos favorables de PSC -que ha transaccionado la propuesta de los republicanos- y Barcelona en Comú. Con el acuerdo alcanzado, el consistorio estudiará e impulsará las regulaciones necesarias para prohibir la compra de vivienda por parte de todos los fondos de inversión y de las personas (físicas o jurídicas) no residentes en el país, excepto en los casos que sean para uso residencial propio o de un familiar directo.
En defensa de la propuesta, la concejal de ERC Eva Baró ha afirmado que mientras no se lleve a cabo esta prohibición, "Barcelona seguirá en manos del mejor postor, vendiéndose a trocitos como si fuera el tablero de juego del Monopoly". En su intervención, Baró ha querido diferenciar la propuesta de Esqeurra con la anunciada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un sentido similar: "No vale quedarse a medias, esta iniciativa no afectaría solo a los ciudadanos extracomunitarios no residentes como la anunciada por Sánchez, sino también a fondos de inversión y en definitiva a todo el mundo, también a comunitarios, que no compren una vivienda para vivir en ella".
El ejemplo de Amsterdam y Utrecht
"El pecado original es principalmente uno: haber entendido la vivienda como un bien de mercado, al servicio del capital, en lugar de entender la vivienda como un derecho humano, una necesidad básica, que desde los poderes públicos había que proteger," ha insistido Baró, que también ha recordado que ya existen ciudades europeas como Amsterdam o Utrecht donde se ha implementado medidas que van en esta línea con el fin de limitar la especulación en el ámbito de la vivienda, que según el último barómetro es el primer problema de la ciudad para los barceloneses y barcelonesas. En el caso de Utrecht, según Baró, "el 78% de las viviendas vendidas los últimos dos años fueron adquiridas por residentes, mientras que los inversores solo consiguieron adquirir el 11% de las viviendas", ha explicado.
En nombre del gobierno municipal, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha considerado que en "un contexto de escasez de vivienda, compartimos que los hogares no pueden ser un activo financiero", y ha destacado que esta iniciativa barcelonesa se sumará a las medidas ya presentadas en defensa de la vivienda por Sánchez. Con respecto a los comunes, también han votado a favor, aunque el concejal Guille López ha lamentado que la medida "se queda corta" porque no prohíbe "todas las compras especulativas".