La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona será contestada no sólo por el mismo consistorio barcelonés, sino también por la Generalitat de Catalunya y, cuando reciban sus correspondientes sentencias, los otros cuatro municipios afectados por la ZBE Rondes BCN, es decir, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià del Besòs. Tal como ha anunciado este miércoles la segunda teniente de alcaldía y concejala de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, las administraciones preparan una "cadena de recursos" contra la sentencia.
Después de una primera reunión el martes, más técnica, y otra este miércoles, más política, con representantes del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona, las tres administraciones han visibilizado un posicionamiento conjunto en esta cuestión, que empezará con actuaciones inmediatas como la presentación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo tanto por parte del consistorio como del Govern a las cuales se añadirán las de los otros municipios una vez reciban sus respectivas sentencias sobre las ordenanzas municipales que regulan la ZBE, hecho que todavía no se ha producido pero que se espera que pase pronto. Por su parte, el AMB como entidad no puede presentar recurso pero le da apoyo.
Según ha explicado Sanz en declaraciones a los medios de comunicación, la ZBE de Barcelona continúa "vigente". "Ni Barcelona ni los ayuntamientos metropolitanos dejaremos de tener Zona de Bajas Emisiones", ha añadido. De hecho, la teniente de alcaldía ha considerado que la sentencia "pone la zancadilla" a una política que busca "garantizar y defender el derecho a la salud", razón por la cual ha insistido en que "las administraciones vamos unidas y juntas en esto". La misma argumentación ha sido defendida por parte de los socios de gobierno en el ayuntamiento, cuando la tercera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha señalado que la ZBE no es sólo una política del ayuntamiento, sino que "está avalada por todas las administraciones", incluidas las instancias estatales y europeas.
El Gobierno recuerda que la sentencia va en contra de Europa
Por parte del Govern, el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marc Sanglas, ha apuntado que la Generalitat también presentará recurso de casación contra la sentencia en línea con el pacto por la calidad del aire que hizo extensiva la ZBE a los municipios de más de 20.000 habitantes y también porque es un objetivo de la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural "estimular e incentivar las ZBE en la red de ciudades de Catalunya". "No habrá ninguna sentencia que pare esta voluntad expresada también por los ayuntamientos", ha añadido, para apuntar que la sentencia del TSJC "va en contra de todo lo que indican las autoridades europeas".
Las administraciones concernidas tienen un plazo de treinta días para presentar el recurso de casación y entienden que mientras no se resuelva la ZBE continúa vigente, ya que la sentencia que lo anula no es firme. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ya advirtió, poco después de conocerse la decisión del TSJC, que el régimen sancionador de la ZBE Rondes BCN continúa activo. De hecho, según ha expresado el concejal Eloi Badia, de momento no hay intención de preparar ninguna alternativa a la ZBE -un punto que pide la sentencia-, ya que la actuación prevista se basa de momento en la presentación de los recursos. A los cuales prevén que se añadan en las próximas semanas los de los otros cuatro municipios mencionados.