El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado un expediente sancionador en una red de pisos turísticos ilegales, según ha asegurado este miércoles la teniente de alcaldía de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet, que ha anunciado que se trataba de una "red extensa" sobre la cual "hay claras evidencias" del hecho de que pueda haber un delito de acoso inmobiliario en 70 apartamentos creados a partir de la partición de 37 pisos, y por eso ha detallado que la sanción puede llegar a los 600.000 euros, ya que "el impacto es enorme" y que ya se ha trasladado el caso a la unidad de investigación de la Guàrdia Urbana, a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia Estatal Tributaria.
"Tenemos que ser absolutamente inflexibles y contundentes con las sanciones que correspondan", ha afirmado Bonet, que ha asegurado que por primera vez se buscará la imposición de la sanción más alta prevista en la normativa, que según la Ley Catalana de Turismo puede llegar a un máximo de 600.000 euros. En el expediente queda demostrado que el Ayuntamiento ha detectado "una red de empresas y sociedades que confluyen en una misma persona" y se ha podido averiguar que esta única persona gestionaba hasta 70 apartamentos, y que a partir de los comentarios publicados en varias redes sociales se concluye que ha habido mucho uso de estos apartamentos, generando un importante beneficio de una actividad ilegal.
Asimismo, Bonet ha recordado que en Barcelona hay unos 10.000 pisos turísticos y ha defendido que es tarea del gobierno municipal utilizar plenamente todas las herramientas legales que permitan controlarles, en alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que permite a las comunidades de propietarios vetar apartamentos de uso turístico. La investigación de esta red se remonta a 2016, momento en que los servicios de inspección municipales detectaron que la red de alquiler de pisos turísticos sin licencia empezaba a operar en la ciudad. El entramado que se dedicaba a comprar pisos, e incluso fincas enteras, mediante una organización de sociedades -con once empresas detectadas- y personas vinculadas entre sí, que dividían "haciendo obras sin permiso o sin el permiso adecuado" para después alquilarlos a turistas por menos de 31 días sin tener la licencia de vivienda de uso turístico.
Según el consistorio, el multiinfractor tenía un papel "destacado" dentro de la red y se encargaba de la gestión de los alojamientos y de los turistas. Para evitar las sanciones, la organización se dedicaba a hacer cambios de titularidad de las viviendas entre las personas físicas y las empresas de la trama y presentaban contratos de alquiler de larga duración legales. Sin embargo, en inspecciones presenciales, el consistorio nunca encontró a ningún inquilino viviendo en el piso, sino siempre turistas. De hecho, según ha explicado el Ayuntamiento, la investigación detectó que una misma persona constaba como inquilina al mismo tiempo de hasta 6 pisos y otra de tres pisos.